César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
Hace apenas unos días el país se estremeció ante el anuncio de la postulación de Néstor Humberto Martínez Neira a la embajada de Colombia en España que sella la noción clientelista y el actuar que caracteriza el lamentable gobierno de Iván Duque. Desdén, autoritarismo y negacionismo como eje de orientación y gobernanza.
Mientras tanto, se presume que Martínez participó y/o urdió actos contra la paz, el acuerdo final y su implementación. Se ha conocido que usó el poder que le confiere la ley al Fiscal General para interceptar ilegalmente a negociadores de paz, manipuló pruebas y generó una corriente de opinión para facilitar montajes judiciales y minar el proceso de La Habana.
Pese a su papel como súper ministro en la administración Santos, como facilitador entre agentes y grupos de interés en el contexto de propiciar un ambiente favorable al acuerdo de paz, sus planes fueron, balanceando estos años de visibilidad, acechar, negar y bloquear la paz, sirvió como peón de brega a los intereses de poderosos clanes y grupúsculos de vieja procedencia gamonal y terrateniente contra la implementación del Acuerdo Final.
Martínez encarna el proceder rancio y opaco del uso del poder para beneficio de élites que se arrogan el derecho de decidir sobre toda la sociedad colombiana, usan el Estado y sus entidades a su acomodo, colocan, constriñen, amenazan, persiguen y aplastan toda alternativa, sumiendo al país en la incertidumbre, la violencia, la persecución y la guerra.
Estos crímenes contra la paz son premiados con la postulación de su nombre para ejercer como embajador ante España, lo cual es prueba del unanimismo y las “migas” con las que Uribe y sus séquitos, incluido Duque, pagan el favor de minar la paz, atentar contra la oposición, condenando al país a la etiqueta de “República banana” al capturar los poderes públicos, los órganos de control y actuar con arreglo a la reducción de la democracia. Martínez no puede ser embajador, debe ser investigado por instigar a la guerra, por perseguir a la oposición política, por atentar contra la paz, por vulnerar la independencia judicial.
El “estado de opinión” que instauró AUV para legitimar su antidemocracia y autoritarismo se expresa hoy en esta nefasta maniobra, en la arrogancia de las decisiones del gobierno de Duque, en la manipulación y la presión a la justicia, ya de por sí, en alto riesgo de impunidad, en su negación y colérica persecución al sistema de justicia transicional, especialmente a la JEP, dejando la sensación que la jurisdicción no ha cumplido su papel, al señalar, cual inquisidor medieval, una supuesta ideologización del tribunal de paz.
Martínez no puede representar a Colombia porque ataca la implementación del acuerdo, hará una diplomacia contra la paz, porque tratará de limitar valiosos compromisos de la comunidad internacional con la superación del conflicto social, político y armado; su nombramiento es una afrenta a la convivencia y la reconciliación entre los colombianos y es una muestra de la revancha con la que el uribismo quiere negar la construcción de otra Colombia posible.
Se está impulsando una exigencia a Iván Duque Márquez para que no presente a Martínez como embajador en España. Esta columna se une a ello; no se pueden premiar las acciones, ni consolidar semejante atentado contra la democracia, la carrera diplomática y la independencia de la justicia. Debemos romper el cerco en 2022 con un cambio de rumbo.
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