Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
En entrevista para VOZ, el abogado Reynaldo Villalba del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, analiza el fenómeno del asesinato de lideresas y líderes sociales, y el papel de la movilización social para detener este nuevo capítulo de violencia contra las comunidades más vulnerables de Colombia.
Las lideresas y los líderes
–La gente en las ciudades parece no comprender el rol social de las personas víctimas de amenazas, atentados y asesinatos ¿Qué significa ser una lideresa o líder social en los territorios olvidados del país?
–Los líderes y las lideresas sociales en sus territorios, se convierten en el motor para conservar sus derechos y para reclamar aquellos que no se les han otorgado. Son el alma de un pueblo, de una comunidad, de una vereda; por eso los cegadores de la vida les están matando, porque saben que están atacando el corazón de una comunidad, pretendiendo acabar con la organización social, ya sea campesina, de un pueblo afro colombiano, de una comunidad indígena, pretenden casi siempre desplazarlos para que queden los territorios en manos de las trasnacionales y de los megaproyectos.
Es decir, detrás de los asesinatos hay unos intereses que fundamentalmente son de orden económico. Recientemente la Fiscalía ha tenido que reconocer que detrás de los crímenes, existen intereses del empresariado que son quienes en realidad se benefician con este fenómeno.
–Paradójicamente, después de firmado el acuerdo de paz con las FARC, se viene agudizando este capítulo de guerra sucia y violencia contra la gente ¿Cómo analizar esta situación compleja?
–La mayor parte de este escenario de asesinatos está ocurriendo en zonas rurales donde tenían presencia las FARC. Sin las FARC, crecen los intereses de empresarios y terratenientes sobre determinados territorios; también crece la oposición de las comunidades ante la posibilidad de ver destruidos sus recursos vitales, que finalmente son los recursos de todo el pueblo colombiano.
Las comunidades no ceden fácilmente ante el carácter destructivo de los megaproyectos, lo cual establece una compleja relación con los asesinatos de lideresas o líderes de una comunidad que defiende el territorio. Eso de decir que el fenómeno de los asesinatos se da exclusivamente a raíz del narcotráfico, es ignorar otras realidades. Hay que tener muy claro que aun en Colombia el paramilitarismo existe, ocupa territorios, tiene intereses, goza de auspiciadores y que precisamente gracias al narcotráfico, sobrevive.
Es muy importante que el Estado colombiano reconozca que el paramilitarismo jamás fue desmantelado, que sigue vigente en los territorios, y que si se quiere construir una paz estable y duradera, se necesita un compromiso serio por desmontarlo definitivamente.
Las respuestas del Estado
–¿Por qué ha sido tan ineficiente el Estado ante estos crímenes?
–No es tanto la ineficiencia del Estado para proteger los liderazgos, sino una ausencia de voluntad política para la protección lo cual es un asunto mucho más grave. Y decimos ausencia de voluntad política, porque el Estado es promotor de la violencia contra las organizaciones sociales, políticas y populares. Porque el Estado ha sido el creador y promotor del paramilitarismo. Es decir el Estado es el máximo responsable, acá no hay un problema de errores, ingenuidades, ni de ineficiencias.
Aquí se trata de una responsabilidad, no hay desmonte del paramilitarismo y, al contrario, agentes del Estado lo apoyan; aquí se trata de que el Estado abandone las doctrinas que consideran como enemigo a quienes se oponen y son críticos a las políticas del establecimiento. Si el Estado no hace profundas reformas en ese sentido, sencillamente no vamos a tener esperanza de cambio y seguiremos con este fenómeno de asesinatos que enlutan al movimiento social en Colombia.
–¿Qué implicaciones tiene que el Estado no asuma responsabilidades?
–El establecimiento históricamente ha tenido una política de negacionismo alrededor de las causas estructurales de la violencia. Dentro de eso, existe un empeño en negar, evadir y ocultar su propia responsabilidad con la protección de líderes y lideresas sociales. Recordemos las declaraciones que en su momento dieron el expresidente Santos o el fiscal Néstor Humberto Martínez, que asociaban los crímenes con asuntos personales o “líos de faldas”. No solo transfieren responsabilidades a terceros y trivializan el fenómeno, sino que en el fondo se lavan las manos con la sistematicidad que hoy nos dan el vergonzoso dato de 158 asesinatos en lo corrido del año.
Movilización social
–¿Cuál es el papel de la movilización social, que en la primera semana de julio y ahora con la iniciativa “Yo te cuido”, se manifiesta en contra de estos crímenes?
–La movilización es la garantía. El reclamo vacío de protección y garantía para líderes y lideresas sociales como defensores de derechos humanos, no es suficiente. Quien puede parar estos ataques hacia el movimiento social y sus liderazgos, es la propia movilización social.
Creo que toca estar llenando las plazas, calles y veredas exigiendo que se detenga este nuevo capítulo de violencia en nuestra historia. Hay que construir todos los esfuerzos de unidad entre las fuerzas democráticas del país, para proteger a nuestros líderes y lideresas que cumplen un papel determinante en los territorios. Enrumbarnos hacia una verdadera democracia, implica mirar las potencialidades que nos genera el acuerdo de paz alcanzado con las FARC, pero desafortunadamente este fenómeno de asesinatos minan la confianza en el futuro de una paz estable y duradera.
Tengamos la certeza que sin la protesta de la gente, sin salir a las calles, sin reclamar masivamente desde todos los sectores de la sociedad, muy difícilmente se tomarán medidas y políticas para derrotar a los criminales y proteger a quienes hoy son vulnerables. Repito, el Estado no tiene voluntad para proteger a la gente y hay que obligarlo.
El Colectivo de Abogados
–El Cajar cumple cuarenta años de existencia ¿Cuál es el balance de estos años de lucha?
–El Cajar ha hecho aportes importantes a la paz, la democracia y los derechos humanos en Colombia. Hemos sacado de las cárceles a líderes y lideresas sociales, hemos defendido comunidades evitando que sean despojadas, favorecido el retorno de comunidades a sus territorios, hemos protegido vidas evitando asesinatos; por nuestro impulso hemos conseguido que muchas de las normas internacionales sobre Derechos Humanos estén hoy vigentes en Colombia.
En perspectiva, ojalá el Colectivo no tuviera que existir en la medida que no existieran violaciones a los derechos humanos. Pero la realidad es esta y son 40 años de un trabajo duro por las comunidades, por la gente, por los derechos humanos.
