César Santoyo Santos
Una decena de organizaciones sociales, comunitarias, defensoras de los derechos humanos, la pastoral social de la iglesia y otras comunidades de fe, preocupadas ante los graves hechos de violencia y exclusión que se han registrado en los Llanos Orientales han convocado la realización de una Misión Humanitaria de observación y acompañamiento en la entraña de las comunidades afectadas por la histórica ausencia del Estado, la prevalencia de la represión de la fuerza pública, el incumplimiento a la implementación de los acuerdos de paz y a la falta de garantías constitucionales para su protección, el ecosistema y la vida en general.
El llamado de urgencia es producto de las denuncias, las penurias y gritos de auxilio de las comunidades que han acompañado la firma de la paz, su implementación en los territorios que una vez más, ven incumplidas las promesas de un mejor vivir, de alternativas productivas y una integración regional acorde con las necesidades que tienen para hacer frente a su situación y superar la estela de desplazamiento, persecución y muerte que las aflige.
Son conocidos los hechos y reiterados los incumplimientos a la población, a la implementación de los acuerdos de paz, así como las constantes acciones violentas en contra de líderes, lideresas, comunidades campesinas e indígenas en la región y cometidas con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz. Exigir el cumplimiento cabal de las acciones de garantías, seguridad, protección y, ante todo, de no repetición por parte del Estado colombiano es imperativo.
La dificultad de lo pactado en materia de sustitución de cultivos denominados de uso ilícito y la sangrienta política de la erradicación forzada, lo cual ha derivado en un conflicto que se pretende resolver mediante la acción armada, violando los derechos de las comunidades colonas, campesinas e indígenas que han sido históricamente victimizadas, perseguidas y conminadas a la pobreza, la incertidumbre y el desplazamiento.
Proponer desde las comunidades y recomendar cambios en la política y en la criminalización de la protesta social forma parte de las aciones a desarrollar como propuesta para el país y la comunidad internacional en el contexto regional de los Llanos Orientales.
La misión humanitaria se llevará a cabo entre el 18 y el 28 de julio, analizará la situación que ha producido la pandemia en el territorio y que se ha convertido en otro incumplimiento para las comunidades más apartadas y excluidas. Recorrerá una región golpeada por la violencia y la guerra y se espera un informe público basado en las denuncias de los graves hechos de violencia contra las comunidades, especialmente, aquellos que presuntamente se han cometido por parte de las entidades del Estado, en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
Denunciar la falta de garantías económicas, de productividad y sostenimiento material, así como las carencias de sanidad de que adolecen para enfrentar el Covid-19 y la falta de asistencia humanitaria para este momento de emergencia económica.
Es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional, de sus organismos multilaterales dadas las graves denuncias de la aparición de grupos armados en toda la región, la presión que se ha conocido de peajes ilegales y otras formas de “disuasión” de la comunidad y la ausencia de garantías que las comunidades enfrentan en el marco de la pandemia.
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