Fabricio Muñoz
Desde el pasado 10 de marzo se vienen desarrollando acciones de movilización, protesta y pedagogía en varios puntos de la carretera panamericana, que conecta la ciudad de Popayán con el resto del país. El objetivo central de estas protestas es el de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los más de mil acuerdos que han sido firmados por el Estado con diferentes sectores y comunidades y que hasta el momento han sido incumplidos por los gobiernos de turno.
La imagen del presidente Iván Duque, construida sobre el discurso bélico de la guerra, ha desconocido e ignorado las problemáticas sociales del campesinado, así como de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales son invisibilizados y criminalizados por una lógica de regulación neoliberal, caracterizada por el uso de la violencia, la que ante la opinión pública le da la denominación de “sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas”.
Objetivos y puntos de la Minga
Por esta razón, las organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente han convocado a la Gran Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz que desde el pasado 10 de marzo dio inicio con diferentes acciones en el departamento del Cauca.
Algunos de los puntos del pliego que las comunidades han llamado al gobierno a negociar, es lo que la Minga llama “Tejiendo la palabra por la vida” que significa defender y proteger la vida, los derechos de los pueblos y comunidades y parar la guerra; para ello exigen el desmonte del paramilitarismo, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y las FARC-EP, el restablecimiento de la mesa de diálogo con el ELN, el desmonte del Esmad y del Servicio Militar Obligatorio, menos presupuesto para la guerra y más inversión en cultura y espacios juveniles.
Otro de los elementos sustanciales del pliego, tiene que ver con la defensa y cuidado del territorio. Allí se consigna el fortalecimiento de las autonomías y gobiernos de indígenas, campesinos y afrodescendientes; exigir el carácter vinculante de las consultas populares como herramienta para proteger los territorios de los proyectos extractivos; la consulta previa como derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado; el derecho a la ciudad como punto de encuentro económico, social, cultural y en armonía con el medio ambiente.
Al respecto, uno de los documentos políticos de la Minga manifiesta: “De tiempo atrás venimos luchando por la protección del territorio, la tenencia, titulación, usos y costumbres de la tierra. Promovemos los Planes de Vida para organizarnos en los territorios, asumiendo estos como espacios de vida y para la vida, promoviendo el cuidado y protección de la naturaleza. Construimos ordenamiento territorial alrededor del agua, los alimentos y la convivencia comunitaria, partiendo de reconocer el territorio como espacio de vida y sustento de las comunidades y pueblos”.
La respuesta del Gobierno
Hasta el momento la única respuesta recibida de parte del Gobierno ha sido la represión y la violencia.
La negativa por parte del presidente Duque de buscar una solución dialogada de las exigencias de las comunidades deja como saldo más de 20 personas heridas y una constante violación a los derechos humanos. Así como se hace mención en la declaración política del 15 de marzo: “Desde el Cauca, Huila, Valle y Caldas proponemos al país creer y construir el proyecto de vida colectivo para el buen vivir de los pueblos, pues el actual nos impone muerte, desolación, destrucción y afectaciones a los planes de vida de todas y todos”.
Uno de los hechos de represión y violación a los derechos humanos a que vienen siendo sometidas las comunidades en la minga, fue el protagonizado por el Esmad el pasado sábado 16 de marzo en la vereda el Cairo en zona rural de Cajibío, donde este escuadrón arremetió contra las comunidades que se encontraban acampando, en asamblea a unos dos kilómetros de la vía panamericana y sin que se estuviese realizando ningún tipo de bloqueo o acción por parte de los manifestantes, fueron brutalmente agredidos con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y otro tipo de armas no convencionales que no han sido identificadas.
Pero las acciones de la fuerza pública no cesaron ahí; procedieron a ingresar al campamento, quemar los alimentos y víveres con los que contaban los mingueros y golpearon a hombres y mujeres sin mediar palabra. Un verdadero acto de brutalidad que recuerda los hechos similares en el marco del paro agrario en Boyacá en el año 2013, lo que demuestra el modus operandi y tratamiento de guerra con que el Esmad actúa.
Lo que viene
Este proceso se suscribe a un momento de auge de la movilización social y la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que profundiza un modelo que se encuentra en un proceso de profunda regulación, que debe encontrar los mecanismos y formas que le permitan incrustar con mayor fuerza toda la agenda neoliberal en los diferentes sectores del país, al tiempo que profundiza una lógica extractiva de recursos naturales que, como lo señala Giovanni Yala, vocero indígena del CRIC “el Gobierno no está respetando nuestros derechos. Está entregando nuestras tierras a las multinacionales para que exploten el oro, el oxígeno, los bosques, la biodiversidad y la madre tierra. Para ellos es una mercancía que intercambian por dinero que luego malgastan”.
Por lo pronto se mantendrá la movilización y las acciones de protesta sobre la panamericana, bajo la idea de que haya una respuesta a los acuerdos incumplidos y a los puntos del pliego de la Minga, como lo señala Jonathan Centeno, vocero de la Marcha Patriótica “el único medio que hemos tenido los pueblos y las comunidades ha sido la movilización social y hemos entablado acuerdos en términos de tierras, la constitución de las zonas de reserva campesina, de la ampliación de resguardos, del fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección por parte de las comunidades, mejoramiento de vivienda, sobre la política minero energética”.
Lo que se busca es el cumplimiento de los acuerdos presentes y pasados, los cuales hacen parte de todo un entramado de reivindicación social y política que le permita a las comunidades vivir en paz y con dignidad.
