Soldados de la Brigada Móvil Nº 16, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, en cabeza del coronel Roger Calderón Garzón agreden y atemorizan a campesinos en el corregimiento de Juan José, infringiendo el derecho internacional humanitario.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), integrante de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio, y de Marcha Patriótica, denunció el martes 17 de febrero que soldados de la Brigada Móvil Nº 16, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, consecuentes con la estrategia militar Espada de Honor que desde la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo se ejecuta en el sur de Córdoba, en cabeza del coronel Roger Calderón Garzón (comandante de la Brim 16) agreden y atemorizan a campesinos en el corregimiento de Juan José (Puerto Libertador, Córdoba), infringiendo el derecho internacional humanitario y vulnerando los derechos fundamentales de los colombianos residentes en Juan José.
Antecedentes:
La Ascsucor viene adelantando hace varios años serias y comprobadas denuncias de las infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos que los grupos armados (legales e ilegales) cometen en contra del pueblo campesino que sobrevive en el corregimiento de Juan José, en general en todo el sur del departamento cordobés.
La Fuerza Pública, representada mediante la Brigada Móvil Nº 16, en conjunto con integrantes de un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), ha hecho presencia cotidiana para, según ellos, “mantener la sensación de seguridad en el sector” con patrullajes y visitas a la población y centros comerciales, requisas y reuniones discontinuas con campesinos. Sin embargo, varios de estos sucesos han sometido a los habitantes de este corregimiento, quienes están revestidos por el principio de distinción, a graves atentados en contra de la dignidad humana, paz y libertades constitucionales.
Hechos:
Uniformados de la Brigada Móvil Nº 16:
1. Desde hace varios días vienen entrando con concurrencia a los sitios de diversión y recreación nocturna del corregimiento a imponer una supuesta “ley seca”, es decir: le dicen a los comerciantes que solo pueden tener sus negocios abiertos al público hasta las doce de la madrugada y el que no cumpla la orden debe pagarles una multa económica. Suceso que es plenamente abuso de poder y está en contravención con la función del Ejército Nacional, designada en la Carta Magna.
2. Al dirigirse al campesinado usan un lenguaje intimidante, estigmatizante y vulgar. Además, “llegan con sus fusiles a apuntar a los civiles”, situación que causa terror, pues la gente teme cuando el infrarrojo los señala, como es natural y plenamente lógico, ya que esta zona viene siendo golpeada por actos de terror y falsos positivos desde hace muchos años. Por otro lado nunca se presentan: no revelan su identidad y ello es violatorio y sancionable ante la legislación nacional.
3. En la madrugada del 15 de febrero de 2015, aproximadamente a la 1:30 am ,uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 16 incursionaron a la discoteca “Disco Show” y arremetieron con los civiles que departían en ese lugar. Los sacaron a la calle, recostaron sobre una pared y requisaron de manera arbitraria y abusiva, violando flagrantemente el derecho a la privacidad y trato digno. No satisfechos con eso, gritaban a la gente que “eran terroristas” y “que ellos (los soldados) eran los que mandaban en Juan José”.
4. En el mismo acto de terror de la madrugada del 15 de febrero agredieron física y psicológicamente a la joven Mary Luz Urango Marzola, quien es discapacitada física, empujándola y haciéndole señas de proceder a golpearla. Cabe resaltar que la joven es sordomuda.
5. A César Quiñónez (quien departía con sus amigos en la noche del 15 de febrero) lo golpearon salvajemente entre varios soldados. Patadas e insultos fue el resultado de la estrategia de seguridad ciudadana que recibió César en su propia humanidad. Los campesinos aluden que los actos de maldad se vienen autorizando y cometiendo por un mayor de apellido Meza, quien dice públicamente que “no le importa que lo denuncien porque seguirá implantando sus acciones”; estas acciones que se pueden denominar terrorismo de estado.
Ante estos graves hechos
Exigimos:
1. Al ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en el corregimiento de Juan José y sus veredas aledañas, contextualizadas en la narración de los hechos y cometidas por las FFMM.
2. Al ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y del municipio de Puerto Libertador a fin de asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, honra, paz, seguridad, integridad física y respeto integral de los derechos de los niños.
Solicitamos:
—Al defensor del pueblo nacional, Jorge Armando Otálora Gómez.
—A coordinador residente y humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild.
—Al consejero presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Florez:
Instar de manera urgente a quienes competa implementarlas medidas necesarias a fin de preservar las libertades y el orden, la justicia y soberanía colombiana que se han desvirtuado en el corregimiento de Juan José, de Puerto Libertador (Córdoba), en el marco de las declaraciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, afianzados en la Constitución Política colombiana.
—Al procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla.
—Al fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre Lynett.
Requerir y adelantar las investigaciones judiciales necesarias para individualizar los actores de estos atentados a la paz y generar las sanciones a que haya lugar.
