A pesar de los intentos de manipulación, una enorme y diversa masa ciudadana se manifestó por la vida y la dignidad en más de 140 ciudades en todo el mundo. Frenar el genocidio contra líderes sociales y exguerrilleros es el primer paso para construir un país justo y democrático
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
El pasado viernes 26 de julio, en casi 60 ciudades del país y en más de 80 alrededor del mundo, la ciudadanía de Colombia salió a las calles a exigir el respeto por la vida y el fin del genocidio contra líderes sociales y exguerrilleros. La jornada fue convocada por numerosas organizaciones sociales y por la plataforma “Defendamos la Paz”, que reúne a diversas iniciativas políticas que coinciden en la defensa de los Acuerdos de Paz y en la exigencia de su implementación inmediata.
En Bogotá tuvo lugar la convocatoria más nutrida. A pesar de los intentos de los medios de comunicación por menospreciar las marchas –Caracol y RCN estimaron la asistencia en Bogotá en unos 2.000 manifestantes–, la verdad es que al menos veinte mil personas se dieron cita para exigir al gobierno nacional que cesen las agresiones contra los líderes sociales.
Fue notable la presencia de la Unión Patriótica en la manifestación. Una gran bandera de 100 metros verde y amarilla, portada por miembros de la UP y familiares de víctimas del genocidio, abría el paso a otra bandera con la lista de más de 700 nombres de líderes y exguerrilleros asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Fue un imponente y sobrecogedor homenaje póstumo a quienes han sacrificado su vida por un país mejor. Sus nombres allí escritos no solo eran un llamado a la memoria, eran sobre todo un llamado a poner fin a la masacre.
Ciudadanía movilizada
Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, lugar del encuentro, fue evidente que la composición de la manifestación era sumamente diversa. Estaban –por supuesto– los movimientos sociales y políticos que suelen acompañar estas iniciativas, encabezando la marcha y poniendo el ritmo iban las personalidades que representan “Defendamos la Paz” como Humberto de la Calle, Iván Cepeda y Aída Avella, entre otras. Se hallaban algunos miembros de la “farándula criolla” como actores y cantantes, quienes con su presencia contribuían a engrosar las filas de la ciudadanía movilizada.
Y además se encontraba mucha gente del común. Padres y madres de familia, personas que asistían a una manifestación por primera vez, jóvenes entusiastas cantando consignas que recién acababan de aprender. Todos ellos sentían que hacían algo por cambiar el país. “Es que uno siente que no tiene cómo expresarse; al menos aquí podemos gritar y llamar la atención sobre lo que está pasando”, dice una joven madre a sus amigas. “Me parece fundamental que vengan ciudadanos del común. Qué bueno que la gente se sensibilice más allá de su filiación política”, dice Jorge Virviescas, candidato por la Colombia Humana-UP a la JAL de Teusaquillo. Cada vez es más evidente que hay una creciente preocupación entre las nuevas generaciones frente al país que están viviendo. El terreno parece fértil.
El trayecto de la manifestación hasta la Plaza de Bolívar fue el mejor escenario para que la juventud elevara su voz de protesta a través de ingeniosas apuestas estéticas. Imágenes de los rostros de las personas asesinadas impresas en múltiples formatos: Hojas de papel, pancartas, camisetas o banderas. Una atrevida performance en la que jóvenes semidesnudos denunciaban los atropellos contra la gente en las regiones. Jóvenes disfrazados de víctimas de la violencia. Música, consignas, danza, teatro experimental, por momentos la manifestación parecía más un carnaval que una protesta, lo cual es muy bueno, porque el llamado por la vida debe ser alegre, optimista y de reivindicación de un futuro mejor.
Oportunismo político
El otro relato de las manifestaciones fue la presencia del presidente Iván Duque en la marcha en Cartagena. No se sabe si a causa de una mala asesoría o de un peor cálculo político, el presidente y algunos de sus funcionarios como el Alto Comisionado para la Paz –reconocido enemigo de los Acuerdos, quien marchó en Popayán–, decidieron aprovechar la convocatoria para sumarse a las manifestaciones e intentar subir algunos puntos de favorabilidad en las encuestas.
Por supuesto, toda una jugada de oportunismo político pues es un contrasentido asistir a una manifestación que se convoca contra uno. Algunos opinadores suspicaces, como el periodista Jorge Gómez Pinilla, advirtieron que la intención de la jugada era provocar una reacción de rechazo entre los asistentes –como de hecho ocurrió– y así desviar la atención sobre las movilizaciones, victimizando al presidente.
Tal vez sí hubo algún estratega que propusiese semejante plan, pero lo más probable es que los asesores del presidente improvisaran una ingeniosa jugada de efecto en la que Duque se mostraría empático con el público y les salió mal. De hecho, ese fue el relato prefabricado que se vendió en RCN y en el canal oficial de Presidencia: “Duque acompañó las marchas y compartió la indignación con la ciudadanía cartagenera”.
Pero nada más alejado de la realidad. Lo que ocurrió en Cartagena fue casi una asonada. La ira de la gente con el presidente hizo que su escolta tuviera que sacarlo de emergencia. Casi se puede decir que la gente correteó al presidente, como lo hicieran los estudiantes de la Universidad Nacional con Carlos Lleras por allá en 1968. En aquella época el gobierno militarizó la Universidad, hoy tratan de tapar la noticia con un infantil intento de manipulación. Lo complicado para ellos es que por más que los grandes medios se empeñen en ocultarlo, cada vez es más evidente la descomposición de la imagen de este gobierno y el poco respeto que inspira.
La agenda de la vida
La jornada de movilizaciones del 26 de julio fue un llamado más al gobierno nacional y al partido del presidente para que cese la persecución contra líderes y exguerrilleros. Este fenómeno no es algo que se resuelva poniendo más escoltas o asignando celulares y chalecos antibalas a cada persona amenazada. No es un fenómeno de simple criminalidad o, en palabras del locuaz ministro de Defensa, “gente mala matando gente buena”. No. La matanza contra líderes sociales y exguerrilleros es el resultado de un problema estructural en la política, el Estado y la fuerza pública en Colombia.
Aquí hay una ‘cultura política del enemigo’ que justifica el exterminio de quien se considera diferente. “Guerra es lo que hay, bala es o que hay”, gritaba un energúmeno en la marcha para protestar contra el atentado en la Escuela de Policía. Estamos hablando de la legitimación de la violencia como herramienta política.
Por ello es fundamental que la ciudadanía siga manifestándose en favor de la vida y la dignidad. Que en Colombia sea posible pensar diferente. Que los conflictos se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación. Que la fuerza pública trate a las personas como ciudadanos y no como enemigos. Que se escuche a las comunidades sobre los proyectos que afectan su territorio. Que se castigue a los funcionarios públicos con vínculos criminales. Que se respeten los Acuerdos de Paz y se deje trabajar a la JEP para que pueda ofrecer verdad y reparación a las víctimas.
Esta es la agenda de la vida. Es la agenda que debe convocarnos una y otra vez no solo para exigir que se detenga la masacre contra líderes sociales y exguerrilleros. También debe servir para que reclamemos más democracia, más equidad y un buen vivir para todos y todas.
