Existen razones de peso para que los cacaos agrarios se opongan a que exista mayor transparencia en la información sobre la concentración de la tierra. En su gran mayoría, los grandes latifundistas y terratenientes tienen rabo de paja por la ilegalidad de los predios que ostentan
Jaime Osorno
@CocoOsorno
El Archivo Nacional ha documentado en 78 tomos las cartas de solicitudes de baldíos que hicieron los campesinos colonos durante mas de 100 años de fundada la República. Catherine LeGrand (2016) es quizás la que mas ha estudiado y desempolvado este valioso material histórico que se convierte en las pruebas del sistemático desfalco agrario en la historia del país.
La frontera agraria del país es extensa, diversa, cambiante, inexacta, confusa y en permanente expansión. Se ha posicionado en la narrativa oficial, incluso académica, que dicho comportamiento se debe a la actividad de los colonos y campesinos sin tierras, y en los últimos años, se ha dicho con insistencia que el “motor” de dicha expansión está en los cultivos de uso ilícito de hoja de coca.
Lo cierto es que la Republica nació con la necesidad de desarrollar el campo y de impulsar el crecimiento de la economía con la adecuada explotación de las tierras agropecuarias, dicho propósito de modernización liberal lleva dos siglos postrado a los intereses de acumulación de la tenencia de la tierra, si se tiene en cuenta que en 1821 se ordenó registrar las tierras y levantar la identificación de los predios.
En defensa de la colonización
Dos siglos y contando de historia republicana no han sido suficientes para tener certeza sobre las relaciones de tenencia de la tierra, no obstante, los estudios que se han permitido demuestran que la tierra la tienen pocos y que quienes producen la tierra tienen muy poca.
La correspondencia de campesinos reclamantes de baldíos de la nación, y las innumerables historias de vida que estos narran en los mas recónditos parajes de nuestra geografía nacional, ponen de presente en este debate sobre la concentración de las tierras algunos elementos.
El primero es que los campesinos colonos, “civilizadores” de tierras incultas, agricultores de las tierras mas inhóspitas de la Nación, han tenido claridad sobre los derechos que han adquirido sobre las tierras que han labrado y de la cual derivan su sustento.
A pesar de su histórico desconocimiento [del campesinado], de su marginalización y su inexistente representatividad, los campesinos han abierto la frontera agrícola con una expectativa cierta y fundamentada en derechos formales sobre la eventual adjudicación de la tierra, sobre la legítima expectativa de que el Estado les reconozca la propiedad de la tierra que trabajan conforme las leyes que desde 1874 instituyó en Colombia el reconocimiento de la propiedad rural sobre la base de su adecuada explotación, premisa que fundó el régimen de tierras hasta el decreto ley 902 de 2017.
Expropiación forzosa y despojo
En segunda medida, amparados por la ley, el campesinado que ha explotado la tierra ha sido sometido a lo largo de la historia a procesos de expropiación forzosa, bien por medio de la violencia, o bien por métodos apretantemente regulares, en los que se les impusieron “dueños” a sus parcelas, bienes que les debían ser adjudicados por la nación e incluso aquellos que debían ser reservados para la explotación de cultivos de pancoger, como los playones y sabanas comunales.
Para los estudiosos del tema esto es una verdad de Perogrullo y está tan “naturalizada” dicha práctica de apropiación indebida de los predios de la nación, del acaparamiento e incluso de la acumulación indebida de los baldíos, que se ha perdido de vista que gran parte de los predios y territorios enteros están en manos de particulares de forma irregular sustrayéndose grandes extensiones del régimen de explotación que ampara la ley agraria.
Y finalmente, de quién es la tierra y como se “consolidaron” las grandes propiedades es información que los dueños de este gobierno, y algunos gremios, no están dispuestos a divulgar. Allí yacen los verdaderos temores y miedos, se niegan a que se devele la compleja red que de manera permanente han desarrollado para evadir, eludir y saltarse la ley, no solo en los aspectos formales y en los manteles de las oficinas de notarías, y registros territoriales de la Autoridad Nacional de Tierras, sino también acompañada con una basta ofensiva violenta de muerte, desplazamiento y despojo.
Les conviene la falta de información
Los despojadores de ayer se esconden en los de hoy en un matrimonio entre castas locales y capital transnacional, esos mismos que están representados en grandes gremios. Son los encorbatados y perfumados ejecutivos del agro, organizados en la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, Fedegan, Fedepalma, o empresas como CarGill, La Fazenda, el Grupo Argos, Oleoflores S.A., Mac Pollo, Frontera Energy Colombia Corp., Asturias Holding Sar, solo por mencionar algunas.
Son ellos los que tiemblan y reaccionan iracundos cuando se plantea la necesidad de construir como política de Estado un sistema de información sobre la distribución de la tenencia de la tierra rural: cuántos predios, de qué tamaño y de cuántos dueños. No solo se oponen a que el país conozca la información que dejaría en evidencia macabras lógicas irregulares de acaparamiento, sino que también se oponen a tener la información general sobre la situación de la propiedad, por lo tanto, se oponen a tener información para que el Estado tome decisiones.
La disputa presente y a futuro es por la propiedad privada de hoy, la que ha sido construida sobre cimientos ilegales, irregulares y violentos; la misma propiedad pública que le han robado permanente y sistemáticamente al Estado, desconociendo abiertamente las leyes agrarias.
Justicia agraria
Por ello, la ya limitada reforma agraria, y la menoscabada reforma rural integral, en lo que respecta al Fondo de Tierras, no debe centrar su búsqueda por fuera de la frontera agrícola, sino dentro de ésta; en la recuperación de los bienes públicos de la nación y en la reversión de los títulos mal habidos.
Los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras contemplados en el acuerdo de paz (tres de 55 que hoy están dentro de la frontera agrícola), han de ser la cuota inicial para reformar la estructura social agraria dando paso a la modernización del campo, una reforma que tumbe el portón de la hacienda ganadera improductiva y de paso a la justicia agraria.
Por ello urge que las organizaciones campesinas masifiquen y especialicen el conocimiento del derecho agrario. Recuperar el vasto conocimiento que históricamente han tenido sobre el régimen agrario es necesario para detener la actitud pusilánime de los altos funcionarios que desconocen e ignoran el régimen agrario y a quienes de forma improvisada les entregaron la administración de las tierras de la nación.
