El modus operandi de los grupos paramilitares continúa activo en regiones sumidas en conflicto y la justica no logra su desmantelamiento, pues los cabecillas detenidos son juzgados como autores de crímenes ordinarios
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Mapiripán es un municipio del departamento del Meta. Entre el 14 y el 20 de julio de 1997, un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con el apoyo del Ejército Nacional entró a su caserío cometiendo vejámenes contra la población civil. En estos hechos, asesinaron 49 personas en lo que sería la masacre que marcó la historia e instaló el terror en el municipio. La población que sobrevivió fue desplazada a la fuerza, perdiendo sus tierras y sus bienes.
En el 1999, las victimas denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH. El 15 de septiembre de 2005, esta organización internacional condenó al Estado colombiano por la colaboración de miembros del Ejército con los paramilitares, “porque se violó el derecho a la vida, la integridad personal, la libre circulación y la justicia”.
Un prontuario criminal y paramilitar
El pasado 30 de agosto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a Edilson Cifuentes Hernández, alias Richard, en el centro de Bogotá. Según esta entidad, en su prontuario criminal figura “15 sentencias condenatorias por múltiples delitos y 35 procesos investigativos por desaparición forzada, concierto para delinquir y homicidio”. Alias “Richard” estaría hoy convertido en el máximo líder de ‘Los Puntilleros’.
Este mismo cabecilla de los paramilitares había estado vinculado a las autodefensas en los Llanos Orientales y es señalado de ser uno de los principales promotores del exterminio parcial de la Unión Patriótica, UP, en los años 80 y 90 en esta zona del país. La Fiscalía ha expresado que contra él, “dentro del proceso de la Ley de Justicia y Paz le reposan 15 sentencias condenatorias por homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, porte ilegal de armas y secuestro, y 35 procesos investigativos por desaparición forzada, concierto para delinquir y homicidio”
Fue capturado en el 2006 y condenado, luego salió en libertad y nuevamente investigado y detenido por múltiples delitos. Igualmente, alias “Richard’ sería el responsable del atentado contra una caravana oficial del Inpec en el año 2016, en la cual trasladaba a un interno en la vía Guamal-Granada en el Meta. A causa del ataque murieron dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Por este proceso también fue detenido y el pasado 5 de mayo del año en curso, fue puesto en libertad.
Se niega la existencia de la agrupación paramilitar
Con la nueva detención, este criminal fue llevado ante un juez de control de garantías de Bogotá, en donde un fiscal de la Dirección Especializada lleva el caso como Crimen Organizado, bajo los delitos de: concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Pese al prontuario criminal y de las relaciones evidentes con los supuestos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia o llamados también paramilitares, las victimas expresan que es un procedimiento que niega la verdad sobre los crímenes cometidos dicha organización, y que niega la continuidad de las mismas estructuras criminales que hoy siguen atentando contra la población civil por cuestiones políticas.
Así mismo, se puede notar en la misma versión de la Fiscalía, en tanto afirman que “también se logró establecer que habría sostenido reuniones y alianzas directas con ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, para ejercer control criminal en municipios de Meta, Guaviare y Vichada, a través del narcotráfico y cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes, transportadores, agricultores y propietario de fincas, entre otras víctimas”.
Entre el prontuario que se abre y que nada tienen que ver con un crimen cualquiera, están las masacres de los Llanos Orientales en Caño Sibao 1992, en El Castillo y la de Puerto Alvira 1998, en Mapiripán, Meta.
El reclamo de las victimas
VOZ dialogo con César Santoyo, quien hace parte de una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que acompaña a las víctimas de este tipo de crímenes en los Llanos Orientales. Ante la pregunta sobre si esta recaptura y prontuario criminal es prueba fehaciente de que aún existen los grupos paramilitares, el defensor expresa: “Efectivamente se mantuvieron y mantienen como poder local en favor de altísimos intereses políticos y económicos asociados no sólo al narcotráfico, sino también a la minería ilegal, al latifundio y el encubrimiento de la matriz de horror de las élites políticas y económicas que dominan a su antojo el país”.
Señalan las victimas la necesidad de que este cabecilla paramilitar debe acudir a la justicia, pero dando cuenta de la verdad sobre los crímenes, tales como la desaparición forzada: “No hay coherencia entre el ejercicio de condena impuesto por la justicia a ciertos personajes promotores del paramilitarismo y la oferta de información con fines de búsqueda, el esclarecimiento de hechos y vulneraciones cometidos no sólo en el marco del conflicto, sino en paralelo a él y contra la humanidad, como es el caso de la desaparición forzada de personas y, por supuesto, la reincidencia, como estrategia de amparo criminal que se asocia con el mantenimiento de estructuras paramilitares “vivas” aún y con fuerte influencia y presencia en el país”, comenta Santoyo.
Igualmente, reitera la necesidad de la verdad y mayor indagación por parte de las autoridades competentes. “También es la prueba fehaciente de la necesidad de tener, como política pública del Estado colombiano, una confrontación y desmantelamiento de estructuras paramilitares. Hay que recordar que el Consejo de Estado ha dictado pronunciamiento en favor de esta política y la captura de esta persona es su prueba irrefutable: el paramilitarismo en Colombia sigue rampante”.
Caso Unión Patriótica
En el caso de las masacres en las que fueron asesinados dirigentes de la Unión Patriótica, el defensor comenta que el prontuario evidencia la continuidad de un ejercicio delictivo, pero además, que estos capos criminales siguen delinquiendo abiertamente con las mismas dinámicas de “vendetta” y guerras internas por el control de obscuros negocios.
Por otro lado, expresa, “para la UP implica enlistar las documentaciones realizadas en la época del genocidio y recuperar la información posible sobre el actuar del individuo y también de los grupos con los que actuaba, mostrando que existen patrones de actuación y controles similares en regiones y territorios. Puede ser una ventana de oportunidad para esclarecer hechos y vulneraciones que sin duda devolverán la tranquilidad a víctimas y familiares que perdieron personas que fueron asesinadas por su militancia y activismo”.
