Continúan las investigaciones sobre el bombardeo del Ejército Nacional donde murieron varios menores de edad. Organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de Duque de infanticida. Por su parte, el senador Antonio Sanguino afirma que no se descarta una moción de censura contra el ministro de Defensa
Carolina Tejada
@carolltejada
El bombardeo del Ejército Nacional sobre la zona rural del municipio de Calamar en el departamento de Guaviare el pasado 2 de marzo, en el que, según el Ministro de Defensa, se pretendía acabar con alias ‘Gentil Duarte’, y la estructura armada, disidencias de las antiguas Farc, que dirige en esta parte del territorio, y en el que se confirmó la existencia de niñas y niños muertos y heridos, ha generado indignación en el país, no solo ser una actuación claramente violatoria de los derechos de una población considerada como víctimas con protección especial reforzada en el Derecho Internacional Humanitario, DIH, y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, sino por las declaraciones del Ejército y del Ministro, que desconocen las convenciones internacionales para la protección de menores en el marco del conflicto y que, contrario a ello, se han revictimizado.
Luego de conocerse un primer reporte de los hechos publicado, por el periodista Hollman Morris, en una serie de entrevistas, el ministro de Defensa Diego Molano, contrario a reconocer la existencia de menores de edad, víctimas del bombardeo y que habrían sido reclutados a la fuerza, este calificó a los y las menores como «máquinas de guerra» e incluso afirmó, en diálogos con un medio radial, que los y las menores reclutadas «dejan de ser víctimas cuando cometen delitos» e insistió en calificar a las víctimas de criminales.
Olvido y violencia
El departamento del Guaviare, según cifras del DANE de 2016, cuenta con 112.621 habitantes, se encuentra en la parte norte de la Amazonía colombiana y está bordeado por los departamentos de Vichada, Caquetá, Guainía, Vaupés y Meta. Una región que históricamente ha sido objeto de la violencia y el abandono estatal. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno nacional incumplió lo pactado, no llegó la inversión social y la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito para el territorio.
Contrario a ello, se impuso la erradicación violenta que ha dejado a más de 20 campesinos heridos a bala a manos del Ejército, situación que conllevó a la movilización social exigiendo el reconocimiento de los derechos de la población en el marco de una mesa de concertación en la cual se exigía parar la violencia y cumplir con la paz integral.
Estos nuevos acontecimientos que se suman a los ya denunciados en el 2019, en donde nueve menores perdieron la vida en un bombardeo de las mismas magnitudes a manos del Ejército Nacional, y que le costó la salida al entonces Ministro Defensa, son el resultado de la incapacidad del Estado por atender las Alertas Tempranas que la misma Defensoría del Pueblo ha hecho públicas en razón del reclutamiento forzado de menores en la región.
En las 105 alertas que entre el 2018 y mayo del 2019, emitió esta institución, en 63 casos se visualizaron escenarios de riesgo de reclutamiento forzado para los niños, niñas y adolescentes en el marco de la agudización del conflicto. De todos los casos de reclutamiento forzado en el país, un 80 % han ocurrido en las zonas rurales.
Y, para el año 2020, emitieron un total de 45 Alertas Tempranas que advierten sobre esta problemática en 238 municipios y, para el mes de febrero de este año, una nueva Estrategia Defensorial: 2021, “Año Contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes”, fue lanzada desde la misma Defensoría del Pueblo, con la pretensión de impulsar acciones de prevención, atención, promoción y divulgación para la adopción de acciones para la garantía y restitución de derechos.
Esta información institucional es un claro ejemplo del conocimiento que tenía el Ministerio de Defensa sobre el actual estado de las niñas, niños y adolescentes en las poblaciones rurales víctimas del conflicto y en particular, en Guaviare, Meta y Caquetá.
La opción del gobierno nacional, pudo ser, acoger las recomendaciones internacionales y nacionales que ya existían y avanzar en la protección de los derechos de una población de especial protección. Pero no fue así.
Relatos de una tragedia nacional
Cuando las familias del grupo de menores reportados como víctimas en el bombardeo se enteraron de la existencia de unas bajas en ese hecho militar en Calamar, nunca pensaron que las victimas iban a ser sus hijos y e hijas. Estas personas, menores de edad, y otras que no alcanzan a superar los 25 años, hasta ahora identificados, habrían salido de sus casas con el ánimo de estudiar o trabajar, de buscar oportunidades para el bienestar de sus familias.
VOZ, logró comunicarse con Edilberto Daza, integrante de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia y quien ha venido acompañando a las víctimas en este proceso de denuncia y exigencia de información sobre lo sucedido. Él cuenta que, desde el 2 de marzo, cuando informaron del bombardeo, no dieron detalles, “se bombardeó, se recuperaron tantas armas y un parte de guerra positivo. Y, bueno, no le pusimos mucha atención, como defensores de derechos humanos, pero yo me trasladé aquí, a Nueva Colombia en el Guayabero a dictar un taller de derechos humanos y el día viernes, cuando ya estaba terminando el taller, pues comenzaron a acercárseme los padres a preguntarme, que qué hacían porque había salido un listado de sus hijos muertos”.
Cuenta el señor Edilberto que las familias, aseguraban que “sus hijos se habían ido a trabajar y que ahora aparecían en un listado, que estaban muertos en un bombardeo en Calamar, Guaviare. Yo lo que hago es decirles, bueno aquí no hay otro camino que trasladarse a Villavicencio, ir a Medicina Legal y preguntar si aparecen realmente los cuerpos de sus hijos. Yo viajé con ellos y el día lunes, 8 de marzo en la mañana, nos acercamos a Medicina Legal, fuimos con los tres padres de familia, y encontraron a sus hijos, entre ellos a una niña de 16 años, Danna”.
Jhon Albert Montilla, quién viajó con el defensor de derechos humanos a Villavicencio, fue atendido, cuenta Edilberto, por “la señora de Medicina Legal, que le fue diciendo al padre, bueno sí, aquí está su hija, lo único es que está mutilada, no tiene una pierna, le falta una parte de un brazo, pero su niña si está acá”. Tan pronto le entregaron el cuerpo de su hija de 16 años asesinada, Jhon Albert Montilla, padre de Dana Lizet Montilla, no dudó en afirmarle a la prensa nacional que “somos víctimas”, el Gobierno “está camuflando los asesinatos que cometen” en contra de la población en estas zonas del país. Y, aseguró que, como habitantes de la región, han sido constantemente señalados y estigmatizados, y “ahora nos acusan de colaboradores de todo”. Enfáticamente rechazo los señalamientos del ministro de Defensa, quien calificó a los y las menores de “máquinas de guerra”.
Víctimas del bombardeo
Afirma Edilberto que el día martes ya aparecen otras madres buscando sus hijos e hijas. “Hay una abuela que buscaba a su niña y en Medicina Legal le dicen no, acá no aparece, acá no hay nadie, y así a otros familiares que llegaron el martes. Sin embargo, les hicieron tomar la prueba de ADN, porque están identificando cuerpos” El día miércoles llamaron a una de esas madres para informarle que su hijo de 19 años estaba allá, igualmente pasó el día jueves con la abuela que buscaba a su nieta. “Era una niña de 15 años que fue enterrada el día de antier en Cachicamo, Guaviare”.
Edilberto expresa su indignación por el debate donde “dicen que en ese bombardeo no había menores de edad, pero claramente yo como defensor de derechos humanos sé que se han entregado dos menores de edad que los enterraron en Cachicamo, Guaviare y tenemos conocimiento de los niños que estaban heridos en San José del Guaviare, eran menores de edad”.
En las instalaciones de Medicina Legal de Villavicencio, se encuentran varios padres y madres de menores de edad, cuatro en total, que al cierre de esta nota estaban esperando la información que le entregaran desde esta institución. “Padres de niñas de 15, de 13 y dos de 16. Entonces uno dice, bueno qué está pasando, por qué les toman la prueba de ADN, o sea que sí hay una situación, entonces no podemos decir que no hay menores de edad, cuando realmente sí había menores de edad en este bombardeo”, comenta el acompañante de las víctimas en medio de la incertidumbre y la nula información por parte de las instituciones del Estado que aún no entregan una información detallada de los hechos.
Ignorancia e incompetencia
“No se podía saber que había niños” dijo el ministro de Defensa, Diego Molano frente al bombardeo. En diálogo con el senador de la República, Antonio Sanguino, expresó a VOZ que, son inaceptables las declaraciones del ministro; “Esas declaraciones revelan una incompetencia y una ignorancia de parte del señor ministro de la Defensa, porque él debe saber, además como exdirector del ICBF, que existen reportes, tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como de la Defensoría del Pueblo y de las personerías municipales, de los hechos de reclutamiento forzado en las zonas donde hay presencia de organizaciones armadas ilegales como es el caso de estas disidencias del Acuerdo de Paz”.
doctrina militar
Haciendo hincapié en que el ministro debe tener conocimiento de esta realidad, aseguró que “si es ignorancia sería muchísimo más grave, porque entonces significa que tenemos al frente del Ministerio de Defensa a una persona que no conoce la dinámica de violencia en el país y el fenómeno del reclutamiento forzado, que es histórico en el conflicto, pero además porque hay un antecedente y es el del bombardeo al campamento en el Caquetá en el año 2019, que produjo incluso la salida del entonces ministro de Defensa, hoy premiado con una embajada en Chile”.
El senador, quién hace parte de la Comisión Segunda del Senado, igualmente comentó que ya se conocían los informes de las organizaciones que se ocupan del derecho de los niños y niñas en Colombia y del fenómeno del reclutamiento forzado, y que las declaraciones del ministro, “o son cinismo y pretende ocultar el sol con las manos o es un incompetente y una persona desinformada de lo que significa el conflicto colombiano y las dinámicas de la violencia en los territorios”.
En cualquier operación del Ejército, sobre todo este tipo de operaciones que incluyen bombardeos, afirma el senador, se debe tener en cuenta que en zonas de reclutamiento forzado “puede estar poniéndose en peligro la vida de esos niños y niñas, y por supuesto implicaría una revisión de la operatividad del Ejército y de la zona, sobre todo con la utilización de este tipo de métodos, que ponen en riesgo a los niños y a la población civil o a los retenidos y secuestrados que puedan tener estos grupos”.
Reforma a la doctrina militar
Sandino, le contó a VOZ, que el día martes 16 de marzo, radicarían una proposición de control político para citar al ministro de la Defensa y al alto mando militar. “No se pueden seguir cometiendo actos que pongan en riesgo la vida de los y las menores que quedan doblemente victimizados, por un lado, reclutados forzosamente por parte de los grupos armados, sin que opere una estrategia eficaz de protección de sus vidas y sus derechos, y luego bombardeados de esa manera por decisión del Estado, del mando militar y del ministro de defensa, en este caso”.
No descartan la posibilidad de una moción de censura contra el ministro, y resaltó que, primero hay que hacer el debate de control político para que el señor ministro “le diga a la plenaria del Senado y al país, si se sostiene en las afirmaciones victimizantes de las que ha hecho gala en los últimos días”.
Varios sectores sociales han llamado al congreso a que se promuevan reformas de fondo a la doctrina militar, dados los constantes hechos en los que, el Ejército Nacional, se ve involucrado en crímenes de lesa humanidad. “Sabemos que hay que promover reformas en la doctrina militar” aseguró el senador, resaltando que, con el actual gobierno, “volvieron las viejas y anacrónicas tesis de la guerra fría y del enemigo interno en la doctrina de nuestras fuerzas militares, cuando ya veníamos avanzando en una revisión de la misma a propósito del Acuerdo de Paz”.
Además, planteó, que es necesario abrir una discusión sobre la estrategia militar. “La estrategia de seguridad de este gobierno, ha resultado absolutamente un fracaso, porque es una política de seguridad pensada tras la guerra contra insurgentes, cuando estamos en presencia, no solo con las características del fenómeno de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, sino también por los nuevos fenómenos de violencia tipo Clan del Golfo o la manera como se estructuran y operan organizaciones guerrilleras como el ELN, que corresponden más bien a lo que Mary Calvert, llamaba las nuevas guerras” según el senador, se está recetando una medicina que no es para la enfermedad.
Desde las organizaciones de DDHH, expresa Edilberto Daza, que “se está pidiendo una comisión de verificación con organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, que haga una verificación donde ocurrieron los hechos, para que se esclarezca la situación”.
Igualmente, el senador Sanguino, habló de la necesidad de “la implementación integral del Acuerdo de Paz, que significa una estrategia y un componente de seguridad derivado de la paz y no derivado de la guerra en los territorios, en donde ha habido conflicto y donde ha habido expresiones de violencia en los últimos años, en las últimas décadas. Pero, además, un control para que el Estado no incurra en una violación de derechos de los niños y de las niñas y en una afectación de su derecho a la vida, como ha ocurrido en este caso, como ocurrió en el caso del Caquetá y como ocurre con mucha frecuencia en la dinámica de la actuación de las Fuerzas Militares en zonas de violencia”.
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