Masivo desplazamiento forzado en el Pacífico nariñense

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Organizaciones defensoras de los derechos humanos llaman a garantizar derechos a la población que masivamente fue desplazada por los violentos en Roberto Payán (Nariño)

Más de 7.853 personas han sido desplazadas en el Pacífico nariñense, se encuentran a la espera de una atención inmediata por parte del Estado

Redacción Derechos Humanos 

Nuevamente la violencia agobia a las comunidades del Pacífico nariñense, en el departamento de Nariño. En esta ocasión en el municipio de Roberto Payán, durante las últimas semanas del mes de junio, se han presentado múltiples hechos de agresión contra la población civil causando el desplazamiento forzado de más de 2.200 familias, unas 7.853 personas, entre esas 5.685 entre hombres, mujeres y adultos, de las cuales se estima cerca de 46 mujeres gestantes, 31 lactantes, 2.050 niñas y niños, dos adultos mayores y 39 personas con alguna discapacidad.

El desplazamiento masivo ha provocado la reubicación improvisada de esta población víctima. Unas 426 familias están confinadas en el Consejo Comunitario Integración del Telembí, 179 en Consejo Agricultores del Patía, 250 en el Consejo el Catanguero, 375 en el Consejo El Progreso. Según informó la organización Red de DDHH del Pacífico Nariñense, Redhana, y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda-Colectivo OFB: “No hay albergue para el resto de las 1.230 familias. La situación es de extrema gravedad y la capacidad del municipio no da abasto para responder a la crisis”.

Además de recopilar la información y llamar la atención sobre estos hechos, las organizaciones expresan: “Damos a conocer esta crisis humanitaria para que en el marco jurídico vigente se tomen medidas de atención inmediatas y urgentes. En este momento, las personas están sufriendo por el hambre, la falta de agua potable, un techo para pasar la noche, no hay atención médica ni posibilidades de salvaguardar a los más vulnerables”.

Esta no es la primera ocasión en la que, la violencia de los grupos armados, la disputa territorial y el narcotráfico, permean la tranquilidad de la población, mayoritariamente afro en esta zona del país. Múltiples han sido las exigencias de garantías y del cumplimento de los Acuerdos de Paz desde el establecimiento, en términos de garantías de derechos y de combatir los grupos armados, paramilitares y narcoparamilitares que actúan el en país, y que por el contrario vienen tomando fuerza en territorios como el del Pacífico nariñense.

Exigencias de las comunidades

Según el llamado de las organizaciones Redhpana y el Colectivo OFB, quienes vienen acompañando a las familias en el territorio, el llamado es a que el Gobierno nacional “se articule con las instituciones del orden local para responder a las necesidades de las más de 2.200 familias que se encuentran desplazadas y sin garantía de ningún orden en Roberto
Payán y se establezca una ruta de atención regional para responder de manera oportuna e integral frente a los múltiples desplazamientos forzados masivos que a diario están sucediendo en el Pacífico nariñense”.

Así mismo, exigen que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y a las personerías municipales, garanticen “un seguimiento a las diferentes acciones de protección y defensa para estas personas, así como insistir en la necesidad de establecer un plan de atención integral en la región en el que se priorice mecanismos de atención y prevención inmediata frente al desplazamiento forzado” y particularmente, a la Defensoría del Pueblo regional de Tumaco para que convoque inmediatamente, la Mesa Territorial de Garantías por petición de la Redhpana.

Aseguran las organizaciones de DDHH, que “es urgente que en este espacio las instituciones coordinen sus actuaciones para dar respuesta a las condiciones de desplazamiento masivo en el territorio y a las agresiones que contra la vida de los líderes y lideresas sociales han venido sucediendo de forma masiva durante las últimas semanas”. Adicionalmente, hacen un llamamiento a la comunidad nacional e internacional y organizaciones solidarias, para que se conozcan estos hechos y se respalden las acciones urgentes para que los mecanismos de atención a estas familias lleguen de forma inmediata y oportuna.