La supuesta desmovilización de los grupos paramilitares en 2006, resultado de acuerdos logrados con el gobierno de Álvaro Uribe, lejos de ser un paso decisivo hacia la paz, fue un atentado contra la verdad, la justicia y la reparación. El marco legal diseñado por la administración de Uribe para facilitar la desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, no tenía como objetivo principal la reparación de las víctimas, sino que se diseñó como una herramienta para garantizar la impunidad, blindando a los responsables del accionar criminal de estos grupos armados.
Además, las autoridades no solo demostraron poca voluntad para que fueran juzgados y sancionados, incluso pretendieron enterrar la verdad extraditando a los Estados Unidos a los principales líderes paramilitares desmovilizados. En ese país serían juzgados por actos relacionados con narcotráfico, pero no responderían por los crímenes cometidos en Colombia. De esta manera, so pretexto del comercio de cocaína, el uribismo esperaba que la verdad sobre el entramado empresarial, latifundista y estatal en el que se urdió el paramilitarismo, se ocultara en las cárceles estadounidenses.
Pero la verdad entre más profundo trate de ocultarse surge con más fuerza, como dijo Emilio Zolá, y más aún cuando es tan evidente y feral. Recientemente se ha dado a conocer que el 27 de septiembre el comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” fue declarado responsable del asesinato del líder campesino Eduardo Estrada por el juez de la Corte del Distrito Sur de La Florida. El fallo es la respuesta a una demanda impuesta en 2010 por la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Justicia y Responsabilidad, justo dos años después de que el gobierno de Uribe extraditara al jefe paramilitar.
Pero información aún más reveladora surgió de este proceso. Para argumentar su fallo, el juez Edwin Torres citó información desclasificada de la inteligencia estadounidense que señala una estrecha relación de “larga data” -en palabras de los agentes norteamericanos- entre las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y los paramilitares.
Documentos producidos por la CIA, la embajada norteamericana en Colombia y el Departamento de Estado entre 1998 y 2001, describen actos de colaboración entre el Ejército y el Bloque Central Bolívar, así como el apoyo del general Rito Alejo del Río a los paramilitares en el Magdalena Medio. También documentan el crecimiento de estos grupos armados durante el gobierno de Pastrana y la complicidad de las Fuerzas Armadas con las masacres y demás crímenes cometidos por los paramilitares.
Tal cosa se explica, según la documentación norteamericana, porque los altos mandos del Ejército no consideraban a los paramilitares enemigos a combatir, pues los clasificaron como grupos “apolíticos” que no amenazaban la estabilidad del Estado.
Claro está que la información que revela la inteligencia norteamericana no es nueva para la sociedad colombiana. Las fuerzas democráticas vienen denunciando desde hace 40 años el accionar conjunto del Estado y los paramilitares en la persecución y exterminio de las organizaciones populares. Solamente basta recordar el caso del grupo Muerte a Secuestradores, MAS.
A principios de la década de 1980 el gobierno negaba la existencia del MAS, y gracias a la presión de los comunistas y otras organizaciones populares, la Procuraduría y la Fiscalía terminaron no solamente por reconocer la responsabilidad de este grupo en el asesinato de líderes sociales y políticos, sino también que el MAS operaba con la aquiescencia de la policía y el ejército.
Lo importante del caso de “Macaco” es que son las autoridades de los Estados Unidos las que confirman la existencia de un vínculo estrecho entre el criminal accionar paramilitar y la fuerza pública nacional. Y en este caso no estamos hablando de un observador ajeno a nuestra realidad.
Por el contrario, la injerencia estadounidense ha sido el máximo acicate del conflicto armado colombiano, tanto por su apoyo militar y económico al Estado en la guerra contrainsurgente, como por la imposición de la doctrina de seguridad nacional y el concepto de enemigo interno, que han servido para justificar la persecución y represión de los actores populares por parte de las fuerzas estatales y paraestatales.
Cuando se intenta explicar el fenómeno paramilitar en Colombia, no son pocos los analistas que consideran a estos grupos armados como una expresión de debilidad de un Estado incapaz de mantener el monopolio de las armas para garantizar la estabilidad y la convivencia social. Lo cierto es que los hechos cada vez más apuntan a que el paramilitarismo ha sido antes que nada una política de Estado.
Por eso la posibilidad de acceder a la verdad es el proceso y compromiso que los enemigos de la paz más odian, temen y rechazan de los acuerdos de La Habana. La burguesía colombiana solo puede mantenerse en el poder con el terror y la mentira. En cambio, la verdad, la justicia, la dignidad y la equidad son el estandarte de las huestes revolucionarias. Por esa razón el futuro es nuestro y pronto lo conquistaremos.
