En manos de la política criminal (II)

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La recomposición de este modus operandi de la ultraderecha tiene que ver, entre otras cosas, con las próximas elecciones que están ad portas de darse en el mes de octubre, y que significaría volver a tener, desde la misma institucionalidad regional, el poder político y económico, así como el control sobre el orden público

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada

Con la parapolítica vuelve la imposición de las familias regionales más prestantes e influenciadoras, salpicadas y hasta condenadas por crímenes relacionados con este mismo ejercicio, a fortalecer un orden social en lo local. Llegan los favores políticos, el trasteo y la compra de votos al mejor estilo de la Edad Media, durante la cual el señor feudal se encargaba de la protección de la tierra y, a cambio, sus vasallos le garantizan prebendas por la protección. Para eso es el control de la justicia regional, el control de lo que pasa en el orden público y para eso se preparan a capa y espada las mal llamadas “bandas criminales”, que no son más que el reencauche paramilitar en función de la protección de dicha política nefasta para la democracia del país.

¿Para qué se quieren controlar las instituciones relacionadas con el orden público y la justicia? Para seguir delinquiendo con garantías. Es preciso que quienes adoptaron dicho ejercicio criminal, y que hoy están empantanados en “alguna milagrosa investigación” con la justicia, por parapolítica, optaran por eliminar en su carrera política, alguna figura que pudiera vincularse la una con la otra, los políticos y el paramilitarismo. Así que, lo más fácil y sencillo, fue sacar del paso a los llamados grupos paramilitares como figura criminal y dejar libre el camino, para que los políticos siguieran operando sin abandonar sus métodos.

Hay que decir que, en los hechos en los que los grupos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, incurrieron, no solo están involucrados con políticos, sino también con miembros de la fuerza pública. Estos crímenes, como masacres, desaparición forzada de líderes sociales, entre otros, son crímenes de lesa humanidad.

Pero, a estos políticos de las regiones más violentas y abandonadas del país, ¿con quién se les iba a vincular, si ya los paramilitares “no existen”? Con nadie, bajo el supuesto de que, acabados los grupos paramilitares, la parapolítica también. Y, ¿por qué “no existen”? Sencillo, no existen, no porque la justicia divina los haya desmantelado, sino porque el señor feudal se encargó de que ya no volvieran a escucharse, de que los crímenes que se cometieron y se están cometiendo, en lo local, no tengan ningún vínculo con los denominados paramilitares, por eso se inventaron las llamadas Bacrim.

Una estrategia para negar un vínculo criminal

Este término lo sacó a la luz pública Álvaro Uribe, y así lo define muy bien la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, en un estudio sobre Las Organizaciones Sucesoras del Paramilitarismo, publicado en el 2018. Bacrim, una expresión para referirse solo a las bandas criminales “al servicio del narcotráfico, a las que negó cualquier inclinación política al ligar su accionar al narcotráfico y a las diferentes modalidades de extorsión, de modo que suprimió cualquier posible vínculo con los grupos narcoparamilitares; así, al catalogarlos como “delincuencia común”, quedaron ocultos los crímenes de lesa humanidad que cometían, lo cual creó a su vez todo un manto de duda frente a la manera como la Fuerza Pública debía perseguirlos y neutralizarlos”.

En otro análisis que hace la organización Ideas para la Paz, aseguran que el crecimiento de estas organizaciones criminales se ha fortalecido en todo el país y que su modus operandi se ha extendido, incluso en regiones en donde antes no estaban. Esta organización asegura que, “desde la posesión presidencial de Iván Duque Márquez, en 25 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, lo que significa que en el 78.12 % de los departamentos ocurren casos de este tipo”.

Un caso particular es el de Montes de María, en el departamento de Sucre, en donde las amenazas a líderes sociales y el asesinato de otros han alterado la tranquilidad de la población. Sin embargo, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, ha venido negando la existencia de los mismos. “Informo a la ciudadanía que no hay personas fallecidas en Montes de María ni tenemos indicios de que haya grupos paramilitares en sus territorios. En la región montemariana los bandidos no tienen espacio”. Esta comunicación se dio en el mes de julio.

Ideas Para la Paz asegura que el aumento de las amenazas a líderes sociales corresponde al auge de estos grupos. En un estudio que hacen junto a las organizaciones Marcha Patriótica y Cumbre Agraria aseguran que en 29 de los 32 departamentos del país se presentaron homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, “lo que significa que en el 90.62 % de los departamentos ocurren casos de este tipo”. Las cifras de atentados y amenazas también involucran a excombatientes de las FARC. “En 19 de los 32 departamentos del país se presentaron homicidios contra   excombatientes de FARC en proceso de reincorporación y familiares, lo que significa que en el 59.37 % de los departamentos ocurren casos de este tipo”.

Igualmente, analizan que, de los 468 casos de homicidios a líderes presentados hasta el mes de julio del presente año, correspondían a “organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70.27 % de los homicidios”.

La puesta en marcha de iniciativas que pretendían disponer de esquemas o planes para salvaguardar a las comunidades más amenazadas, como el Plan Horus, Victoria Plus y Comunidades Seguras y en Paz, etc., no han sido efectivos, y en “la clasificación de las regiones por niveles de complejidad alto, medio y bajo, el cuerpo élite especializado de la Policía Nacional y las Unidades Básicas de Carabineros –Ubicar, en la mayoría de los casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos la presunción de responsabilidad recae en grupos paramilitares o permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual”, aseguran.

Campaña electoral versus parapolítica

Desde que se inició la campaña para las próximas elecciones del 27 de octubre, las amenazas a líderes sociales, quienes venían denunciando los vínculos entre paramilitares con políticos regionales y exigiendo el derecho a la tierra entre otros, no han cesado, pero estas amenazas se han ido trasladando a candidatos y partidos de diversa índole que se muestran como piedra en el zapato para intereses políticos regionales. Otros, han sido víctimas de otro tipo de organizaciones armadas, que igualmente conviven en las regiones. Seis personas fueron asesinadas en menos de un mes. Los más amenazados siguen siendo los alcaldes y concejales.

Las regiones más cuestionadas por el orden público, incluso por el tipo de familias y políticos regionales que hoy pretenden poner sus camarillas en la política local, son las mismas en donde la parapolítica ha hecho mella y en donde la violencia por la disputa del poder local, sigue generando terror. Por ejemplo, los Char, una familia que mantiene un monopolio económico y político en la costa caribe es la que hoy pretende nombrar gobernadores en diferentes departamentos de esta zona del país, incluyendo Córdoba y Atlántico. Las alianzas con candidatos de la parapolítica y el apoyo de Cambio Radical no los deja por fuera de la mermelada de escándalos, incluyendo el de Odebrecht.

En el departamento de Sucre, Yahir Acuña, quien aún tiene investigaciones abiertas por parapolítica, se muestra como el más seguro para la gobernación. Siguen en la lista personajes como los Gnecco en el departamento del Cesar y las relaciones de esta familia con la parapolítica no ha generado suspicacias, como tampoco el hecho de que el mismo Kiko Gómez, hoy detenido, quiera imponer gobernador en el departamento de La Guajira. La lista puede seguir hasta el sur, Antioquia o nororiente del país, sin embargo, no existe freno a la creciente ola de violencia y el auge de los políticos regionales que quieren llegar al poder local, pese a investigaciones por parapolítica o narcotráfico. Este es el mapa de un país cuya debilidad institucional ha entregado su poder a la suerte de la mafia, los paramilitares y las multinacionales.