La lucha marica colombiana conmemora sus 44 años

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Manuel Antonio Velandia Mora

El 9 de abril conmemoramos dos fechas importantes para el cambio de las relaciones sociales, políticas y sexuales en Colombia; por una parte, es la fecha elegida para la conmemoración del ‘Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado’; por otra parte, se conmemoran 44 años de la primera reunión del GELG Grupo de Encuentro por la Liberación de los Güeis, germen de la organización que crearíamos el 28 de junio de 1977, a la que denominamos MLGH Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, creada por León Zuleta, filosofo lingüista; Manuel Antonio Velandia Mora, estudiante de sociología y de Filosofía y el abogado y psicólogo Guillermo Cortés.

Las historias de las víctimas es una historia de dolor que no acaba de contarse. Somos víctimas, somos sobrevivientes, pero las personas de los sectores LGTBI y de las diversidades de géneros y cuerpos estamos siendo vulnerados desde finales de la década de los 70´s del siglo pasado.

Primero fuimos consideradoæs enfermoæs, gracias a la Constitución de 1886 que derogó la de Rionegro (art.  210)  y estableció el regreso del modelo centralista (art. 1), con lo que perdieron vigencia tanto los Códigos estatales, como el Código Federal de 1873. Es por ello que, mediante la Ley 57 del 15 de abril de 1887 (art. 1) se dispuso que regiría en Colombia el Código Penal del Estado de Cundinamarca sancionado mediante la Ley del 16 de octubre de 1858, que se convertiría en el tercer Código Penal vigente en Colombia.

Luego nos consideraron “delincuentes”, en virtud del Código Penal de 1936 que representó el primer viraje teórico en la legislación colombiana, a manera de un cambio de paradigma, dado que los Códigos Penales de 1837, 1873 y 1890 seguían los postulados de la Escuela Clásica italiana.

Logramos dejar de ser considerados delincuentes cuando logramos tener acceso a algunos de los juristas que conformaban la Comisión Redactora del Nuevo Código Penal, que a su vez elaboró el proyecto de ley el 5 de diciembre de 1979, mediante el cual se expidió el Código Penal a través del Decreto Ley 100 de 1980.

Al entrar en vigencia el Código penal de 1980 se crearon las condiciones para que solicitáramos el permiso para realizar en Bogotá, la Primera Marcha del Orgullo homosexual, solicitud que fue aceptada, llevándola a cabo el 30 de junio de 1982, 39 años atrás en nuestra historia. Participamos 32 personas, entre ellas dos lesbianas y una chica trans. Invitamos a León Benhur Zuleta Ruiz para hacer el discurso de apertura y yo, Manuel Antonio Velandia Mora, hice el discurso de cierre. La alianza con el Sindicato de trabajadores de la ETB Empresa de Teléfonos de Bogotá creo las condiciones para tener tarima y sonido, ubicados al final de la marcha en la Plazuela de las Nieves, luego de un recorrido iniciado en la Plaza de Toros Santa María.

En la Historia de los códigos penales, de procedimiento penal y penal militar en Colombia, articulo de los abogados Francisco Bernate Ochoa y Francisco José Sintura Varela, se recalca que, prácticamente, desde que fue expedido, comenzaron las reformas estructurales, como ocurrió en 1982 con la introducción, mediante el Decreto 2920, de los delitos contra el sistema financiero. De allí en adelante, varias normas crearon nuevos delitos, aumentaron las penas, y con ellas se intentó hacer frente a esos años tan complejos de la realidad nacional, como sucedió a mediados de la década de los ochenta con el auge del terrorismo, con hechos como la toma del Palacio de Justicia (1985), o las sucesivas explosiones en centros urbanos e incluso en una aeronave comercial en aire en el fatídico año 1989, en el que fueron asesinados 4 candidatos a la presidencia. Durante su vigencia, se expidió la Constitución Política de 1991, que planteó la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1), mantuvo la prohibición de la pena de muerte (art. 11) y estableció la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, los tratos o penas crueles (art. 12), la esclavitud, servidumbre y la trata de personas (art. 17). Además, sostuvo que los derechos de los menores (art. 44) priman sobre los de los demás y estableció categorías especialmente protegidas al interior del núcleo familiar, como lo son la mujer y el adulto mayor (art. 44).

Antes que comenzaran las amenazas, el boleteo, el desplazamiento forzado, los atentados, los asesinatos… pasaron cantidad de hechos de victimización que muchos/as/es no conocen. En 1984 se hizo el análisis de las publicaciones de la prensa amarillista sobre los asesinatos de homosexuales y mujeres trans trabajadoras sexuales, se pudieron comprobar más de 420 víctimas, que se incrementaron dos años después a más de 640. Este estudio realizado junto con el periodista Jairo Alberto Marín, fue reconocido por Amnistía Internacional y fue motivo de las primeras amenazas de muerte a Velandia, que se incrementaron ese mismo año, luego de emitir el primer programa de televisión, Enviado especial, con dirección de Germán castro Caicedo y la presencia de Fico, primera persona en hacerse visible como persona viviendo con sida en nuestro país, Gabriel Martínez, médico infectólogo,  y Manuel Velandia quien propuso a RTI Televisión la realización del programa.

Los primeros victimarios hacían parte de los denominados “grupos de limpieza social”. Grupos que se denominaron “Amor a Manizales”, “Amor a Medellín”, Grupo Amable de Medellín, Robocop, Grupo de Limpieza Revolucionario (GLR), Organización de Limpieza Social (OLS), Dignidad Cartagena, Grupo Armado de Limpieza y Muerte al Antisocial, Expendedores y Consumidores de Droga (GADELSO), Grupo de Ciudadanos, la “Mano negra” que aún persiste, e inclusive existió uno llamado “muerte a homosexuales”.

Para el año 2000 el exterminio social entró en una nueva dinámica, pasó a ser un instrumento de búsqueda de legitimidad del paramilitarismo en el proceso de su implantación en las diferentes ciudades, localidades y comunas. Entre 1988 y la mitad de 2013, el exterminio social se presentó en la tercera parte de los municipios del país. Cali es la ciudad que va por delante, tanto en casos como en homicidios. Le sigue después Cúcuta, la ciudad de la frontera donde las operaciones han tenido un gran despliegue. Luego vienen Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Durante el gobierno de Iván Duque son 451 personas asesinadas pertenecientes a los Sectores LGBTI y de las diversidades de géneros y cuerpos. La cifra va creciendo, nos enfrentamos a uno de los periodos más violentos de los últimos años contra las personas de nuestros sectores. El desborde del exterminio social en nuestro país nos muestra que somos un sector absolutamente vulnerable.

La enorme cantidad de casos de víctimas que no pasan por ningún registro de medios de comunicación masiva testimonian la muerte que viene sembrando la práctica desde la fundación del paramilitarismo. Los homicidios, son la acción que suma el 84% de los casos. La operación seudo política de la práctica del asesinato tiene como su finalidad el aniquilamiento de los/as/es diferentes. Quien “no da frutos” —hay que leer quien ya no tiene arreglo— ha de ser arrasada/o/e.

Luego de un atentado con granada y amenazas de muerte que se extendieron a mi familia, viajé a España el 17 de enero de 2007, en la búsqueda de ser reconocido como refugiado político. El 22 de febrero de ese mismo año presenté mi solicitud de asilo, España me lo concedió el 8 de abril de 2010, con base en la nueva legislación, la Ley 12/2009 Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria en España por razón de mi orientación sexual, siendo la primera persona a la que le fue aplicada la norma.

Al entrar en vigencia en Colombia la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, conocida como Ley de víctimas, presenté mi caso ante el consulado de Colombia en Valencia, España, y por Resolución No. 2013-239938 del 15 de agosto de 2013 fui incluido en el registro único de víctimas por los hechos victimizantes de Atentado, Amenaza y Desplazamiento Forzado. Velandia sentó un precedente al ser la primera persona perteneciente a las minorías sexuales en ser registrada en cumplimiento de la citada ley, creando así las condiciones para que otras personas pertenecientes a nuestros sectores presentaran y presenten sus casos.

Vivir en un cuerpo prohibido o una cuerpa prohibida pone/ nos pone a las personas de los sectores LGBTI y de las diversidades de géneros y cuerpos en un lugar sin límites; la sociedad está construida a punta de límites, las fronteras son un “deber ser” que nos dice lo que “no debemos ser”; por eso, quienes están/ estamos siendo en un espacio corporal diferente y en una corporalidad distinta quedan/quedamos signados/as/es para siempre en el territorio de la exclusión. Esta es la causa por la que, al día de hoy, 3720 sea la cantidad de personas, quienes según el Registro Único de Víctimas pasaron por hechos victimizantes durante el conflicto armado en Colombia.

Evidentemente el conflicto no termina y las victimas se siguen incrementando; además, el presidente colombiano, Iván Duque, sancionó la Ley 2078 el 08 de enero de 2021 una prórroga por 10 años de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, vigente desde 2011 y que permite indemnizar a los civiles afectados por la confrontación militar y devolver terrenos usurpados a los campesinos, pero la norma no posibilita la presentación de nuevos casos para su reconocimiento.

Nuestra lucha como organizaciones LGBT continúa. La historia nos demuestra que hemos avanzado en la construcción de normas y reconocimiento, aun cuando es evidente que mucho hemos ganado, también es verdad que la violencia de la que somos víctimas, especialmente las personas que transitan en el género y el cuerpo, nos convoca a celebrar y conmemorar como también a no frenar nuestra denuncia y lucha.