jueves, marzo 28, 2024
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Los votos no mitigan la crisis en Guatemala

En toda la historia reciente del país centroamericano, no se había dado un fenómeno de corrupción tan grande que provocara la renuncia de su presidente, que de inmediato fue a la cárcel, junto a su vicepresidenta y varios de sus inmediatos colaboradores

Otto Pérez Molina es conducido a prisión.
Otto Pérez Molina es conducido a prisión.

Alberto Acevedo

Las elecciones generales del pasado domingo 6 de septiembre en Guatemala, a pesar de contar con una nutrida participación de votantes, que sin embargo no dio para elegir gobernante en primera vuelta, no apunta tampoco, por la calidad de los principales competidores, a la solución de una crisis estructural que se refleja en uno de los mayores escándalos de corrupción en el país centroamericano, y que a la postre provocó la renuncia del poder ejecutivo.

Desde las épocas de la dictadura militar, las calles de ese país no eran escenario de las formidables movilizaciones ciudadanas que se dieron, e involucraron a estudiantes, trabajadores, habitantes de los barrios, sectores de la cultura, juveniles, de empresarios y más tarde de organizaciones campesinas e indígenas, que al unísono exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

El gobernante fue acusado formalmente por prácticamente todas las instituciones de veeduría y justicia del país, por su participación en un entramado de corrupción, conocido como ‘La Línea’, mediante el cual a muchos empresarios se les cobró una coima para que no pagaran impuestos de aduana. El Ministerio Público guatemalteco, en desarrollo de la investigación, dijo que se había hecho seguimiento al ingreso de al menos 1.561 contenedores de carga que ingresaron sin pago ni controles aduaneros, con lo que se defraudó al país en unos 3.74 millones de dólares.

Lo que se pagó en sobornos, es también una cifra astronómica, la mayor parte de la cual fue a parar a los bolsillos del presidente Pérez Molina, de su vicepresidenta Roxana Baldeti y de otros colaboradores cercanos al mandatario, ahora todos en la cárcel.

El informe oficial, de la magnitud del negociado, fue revelado por un organismo accidental, especialmente designado para el caso, a instancias de las Naciones Unidas, denominado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de la cual hizo parte el ex magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, Iván Velásquez.

Casi de inmediato, organismos como la Corte Constitucional guatemalteca, la Fiscalía, la Procuraduría y los gremios económicos respaldaron las investigaciones y reclamaron la salida del poder del presidente Molina.

El costo de la dictadura

Ahora el gobernante se encuentra en la cárcel y espera un juicio, que al parecer va a ser demorado, no solo por la lentitud con que avanzan los organismos de justicia sino por las estratagemas de la defensa. Lo irónico es que Pérez Molina, un general en retiro, fue uno de los artífices de las dictaduras militares que azotaron Centroamérica unas décadas atrás, y va a la cárcel por robar el erario y no por los genocidios que cometió en desarrollo de una ‘guerra sucia’ contra poblaciones enteras de indígenas y contra los grupos insurgentes que se opusieron a la tiranía.

Durante los años de la dictadura militar en Guatemala, según reporte de las organizaciones de derechos humanos de ese país, se registraron más de 200 mil muertos y desaparecidos, siendo la población indígena maya uno de los principales objetivos de los escuadrones de la muerte. Con la ayuda de Estados Unidos, el ejército guatemalteco montó además una operación de exterminio contra los grupos guerrilleros que resistían a la dictadura. Tras unas negociaciones de paz, el genocidio terminó, pero la impunidad continúa. Los criminales, entre ellos Pérez Molina, no han sido llamados a responder por esos crímenes.

A pesar de que el país ha sido testigo de un escándalo sin precedentes, ni la renuncia del mandatario, ni el juicio político que se anuncia por corrupción, parecen conducir a una solución a los problemas que vive Guatemala y menos a una salida democrática. Las raíces del problema son más hondas.

Una constituyente

La clase política de ese país está transversalizada por el fenómeno de la corrupción. La organización criminal ‘La Línea’, por la que acusan a Pérez Molina, no es la única. Existen otras estructuras corruptas como ‘La Cofradía’ y ‘El Sindicato’, en las que aparecen círculos empresariales y de las fuerzas militares, que actúan con la connivencia de la embajada de los Estados Unidos y del poder ejecutivo, y manejan jugosos negocios vinculados al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de influencias.

Todo ese entramado criminal desciende del modelo de desarrollo neoliberal impuesto por las grandes agencias norteamericanas y la banca internacional a partir de los años 80, con las consecuencias sociales descritas.

Las elecciones del pasado 6 de septiembre, llevaron a los dos primeros lugares en la disputa, sin que se hubiera definido un ganador en primera vuelta, a personajes que no representan un cambio sustancial en la forma de hacer política en Guatemala. En general son figuras de la vieja guardia política, que tienen las manos untadas de la misma corruptela que sacó del poder al presidente.

Por eso hay sectores que, al tiempo que reclaman un juicio criminal contra Pérez Molina, aseguran que este debe estar insertado en un proceso de verdaderos cambios democráticos, que aíslen a los sectores corruptos, inicien un juico de responsabilidades sobre la presencia norteamericana en el país y garanticen la participación de los sectores populares. Y esa participación, indican, debe expresarse en una Asamblea Nacional Constituyente.

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