Las modalidades de fraude electoral para las elecciones a Congreso fueron reveladas por la Fiscalía General de la Nación. Esos mismos votos ayudaron a elegir Presidente
Redacción política
Tres modalidades de delitos electorales dio a conocer el pasado 21 de junio el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Compra de votos, constreñimiento al elector, fraude electoral, son el resultado de acciones ilegales orquestadas en favor de candidatos al Senado y la Cámara de Representantes elegidos por los partidos Conservador y Centro Democrático en las pasadas elecciones a Congreso.
Todo un concierto para delinquir resultaron las campañas de las electas congresistas Aída Merlano, conservadora de origen caribeño y Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia y elegida por el Centro Democrático. El ente investigador le compulsó oficios a la Corte Suprema de Justicia para que investigue su actuación por los delitos electorales que describe como operaciones complejas.
Investigación
En el caso de la representante uribista, la operación criminal estaría condicionada por la actuación de su equipo de trabajo que de manera engañosa ofrecía a sus electores todo tipo de prebendas a cambio del voto. Llama la atención que los ofrecimientos eran novedosos a la hora de comprar los votos, pues prometían tablets, viajes a San Andrés y televisores. Incluso la Fiscalía está por determinar la participación del exjefe del cartel de Medellín, alias Popeye, como patrocinador de la campaña de la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo.
“Un Fiscal investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés por un valor de ciento veinte mil pesos ($120.000), tabletas a treinta mil pesos ($30.000) y televisores de 49 pulgadas a trescientos cincuenta mil pesos ($350.000), siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia. Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes ciento treinta y seis millones de pesos ($136´000.000) en una cuenta particular. Asimismo la campaña les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista”, indica la Fiscalía.
Y en el caso de la senadora conservadora Aída Merlando, la Fiscalía determinó: “Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta. Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse a esos sitios con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores. Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaban adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado”.
Presidenciales
Dichas prácticas electorales dejan efectos colaterales. Con los votos obtenidos con las operaciones criminales no solo fueron electos las congresistas, también contribuyeron con la consulta de la derecha el pasado mes de mayo, la posterior elección de Iván Duque como ganador en primera y segunda vuelta presidencial. Los votos obtenidos de manera fraudulenta por las congresistas cuestionadas dejaron a sus respectivos partidos políticos como mayoritarios en la coalición de gobierno de derecha que inicia el próximo 7 de agosto.
Aún que las fuerzas políticas que respaldan a las congresistas señalan que dichas acusaciones hacen parte de una persecución política, ya se encuentran tras las rejas y con sendas confesiones uno de los impulsores de la operación criminal, Alejandro Cuartas, quien para la Fiscalía era el motor de la operación de compra y venta de votos. Cuartas aparece al lado de Margarita Restrepo como promotor de su campaña en los barrios de la capital de Medellín y sus alrededores, y está listo para entrar en un proceso de negociación con el ente investigativo para declarar los pormenores de la operación criminal.
“A lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a “electores” reclutados indignamente entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta. Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI”, señaló Martínez.
La opinión pública le reclama al Fiscal su pasiva acción para evitar que la misma operación criminal se efectuara para las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial, pues para ese momento no se habían desarticulado la organización criminal pues no se habían capturado a los involucrados.
