El Plan de Ordenamiento Territorial presentado al Concejo es en realidad un mecanismo de liberación de tierras para propiciar la especulación inmobiliaria
*UAN Heidy Sánchez
En ediciones pasadas, ya hemos hecho una crítica a la falta de participación ciudadana en la construcción de la revisión general del POT de Bogotá que actualmente se tramita en el concejo de la ciudad, en esta entrega aportaremos algunas de nuestras críticas sobre el fondo del articulado.
Comencemos por una de las principales diferencias ideológicas con la concepción de esta administración sobre el “derecho a la ciudad”.
El derecho a la ciudad
En el artículo 4° del proyecto de plan entregado al concejo se hace mención de este derecho como uno de los principios rectores del plan, entendido este como “derecho individual y colectivo para el disfrute de una vida urbana y rural en la cual exista el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos”.
La anterior no solo es una definición lo suficientemente vaga como para no decir nada, sino que además deja escapar un elemento crucial de la discusión: para nuestro partido, el derecho a la ciudad tiene una conexión sustancialmente directa con la democracia.
Entendemos este derecho, siguiendo la construcción teórica de Lefebvre y Harvey al respecto, como la posibilidad de que todas las personas -la ciudadanía en su conjunto- tengan un poder configurador decisorio en el proceso de urbanización, es decir, que sea el pueblo quien decida cómo, dónde, en qué lugar, de qué manera y en función de qué intereses se construye la ciudad, posibilidad que, como explicamos en la entrega anterior, está negada a la decisión popular, tanto por la configuración legal como por la decisión política de esta administración de no ir más allá.
En otras palabras, actualmente el derecho a la ciudad está reservado para una pequeña camarilla tecnocrática y dueña de los más importantes negocios de la ciudad, que gravitan alrededor de la especulación inmobiliaria y, por lo tanto, se le niega al pueblo este derecho.
Doble contradicción del proceso urbanizador
Así, a pesar de que es la ciudadanía de a pie, la abrumadora mayoría de trabajadoras y trabajadores quienes crean, viven y moldean la ciudad, construyen sus edificios y vías, configuran su economía, esquivan los obstáculos del mercado para intentar procurarse una vida urbana digna y en ese camino la van configurando, no son ellos y ellas quienes deciden cómo se construye Bogotá.
Eso lo decide una ínfima minoría poseedora de los medios de producción de la ciudad: constructores, bancos, firmas inmobiliarias y poderosos contratistas del Estado; esa es la primera contradicción del proceso de urbanización, que hasta el momento no se resuelve como derecho democrático, sino como decisión privada.
La segunda contradicción consiste en que esa ínfima minoría no sólo es la que decide cómo se construye la ciudad, sino también la que se beneficia en mayor medida de este proceso. Veámoslo más en detalle.
Este proyecto de POT, comparte con el presentado por Gustavo Petro la pretensión de densificación del entonces denominado ‘Centro Ampliado’ en vez de un crecimiento horizontal de la ciudad como lo proponía Enrique Peñalosa, sin embargo, la diferencia radica en que, en vez de un criterio geográfico en función del reconocimiento de la segregación socioespacial que ha signado la historia de la ciudad, la renovación urbana y los mayores índices de edificabilidad se permiten en este proyecto alrededor de los proyectados sistemas de transporte masivo; en pocas palabras, la ciudad va a crecer en vertical no en el centro, sino alrededor de las líneas de Metro y Transmilenio.
Lo anterior se corrobora si se revisa la proyección geográfica (en los mapas) del tratamiento urbanístico de renovación urbana, esencialmente ubicada alrededor de donde se proyectan las líneas de metro o las vías férreas de salida (Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá, Regiotram).
Asimismo, si se cruza el trazado de estas líneas con las actuaciones estratégicas hallaremos una coincidencia absoluta y, si buscamos en las actuaciones estratégicas donde se ubican las “manzanas del cuidado”, encontraremos que el criterio es que esté cerca de un sistema de transporte masivo, sobre todo si se proyecta en esa cercanía un área de integración modal, es decir, un lugar en el que la ciudadanía pueda alternar entre distintas modalidades de transporte (metro, Transmilenio, SITP, micromovilidad, etc.).
Esto último es bastante diciente, en vez de estudiar cómo se distribuye la economía del cuidado en la ciudad, de ubicar cuáles de esas tareas se desarrollan y dónde se ejecutan con más intensidad con la intención de liberar el tiempo de las mujeres, el criterio de ubicación de las “manzanas del cuidado” es que puedan llegar fácilmente en transporte público. Semejante política no sólo está destinada al fracaso por la falta de planificación, sino que evidencia que es el negocio privado del transporte el principal móvil del diseño futuro de Bogotá.
La ciudad en disputa
Así, se reproduce una vieja táctica de las clases dominantes del país a la hora de construir ciudades: los recursos públicos -sacados en su mayoría de los bolsillos de la clase trabajadora por vía de los impuestos indirectos- se canalizan hacia inversiones cuyos principales beneficiarios son los agentes privados que ejecutan estos proyectos.
El caso paradigmático es Transmilenio. Esta inversión en infraestructura (mayoritariamente dirigida a la infraestructura de transporte) a su vez dispara los precios del suelo alrededor, de lo cual se aprovecharán los actores privados de la construcción -impulsados por el capital financiero- para elevar construcciones a alturas que hoy en día sólo se ven en el centro de la ciudad con un mínimo aporte de espacio público, pues esta es la contraprestación por el hecho de construir vivienda de interés social y prioritario en estas zonas.
Más aún, esas benévolas normas de renovación urbana, pueden ser aplicadas a las zonas de consolidación (una buena parte de la ciudad) a condición de que el constructor logre adquirir toda una manzana. De todo este ejercicio, además de los especuladores y constructores inmobiliarios, los beneficiarios finalmente son los bancos, que no sólo ganan al prestarle a los constructores, sino que fundamentalmente encuentran su ganancia en el endeudamiento de la clase trabajadora para poder acceder a estos altísimos edificios y llenarlos de cosas.
Es evidente entonces que es el lucro privado y no el bienestar general de la población lo que impulsa el diseño urbano contenido en el POT que, seguramente, aprobará el Concejo de Bogotá. El POT es un mecanismo de liberación de tierras para el capital inmobiliario y financiero.
Solo la movilización ciudadana organizada y la propuesta alternativa que se haga con el poder de la ciudad tendrá la capacidad de revertir los regalos que el capital se hace a sí mismo desde el aparato estatal y resolver las contradicciones de la urbanización en favor del pueblo. Esa será la materialización del derecho a la ciudad.
