Con los pobres de la tierra

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Movilización de trabajadores militantes de la UP y el PCC, por las calles de Bogotá, el Primero de Mayo de 2017. Foto archivo.

El Partido Comunista Colombiano presentará informes ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad CEV, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Ubpdp, en coherencia con su respaldo al Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC-EP, incorporado a la institucionalidad de transición que representa el más trascendental paso hacia una “reforma de las costumbres políticas” y la vía de una apertura democrática.

Ante las pretensiones de oficializar el negacionismo de la guerra y ocultar la responsabilidad de las oligarquías gobernantes, el Partido Comunista Colombiano señala que la verdad histórica es un elemento central en la construcción de una paz justa y democrática. Una paz que rompa el silenciamiento y la invisibilización y despeje horizontes a un momento de esperanza para el cambio político, la reforma agraria y las reivindicaciones sociales. Todo esto es esencial en la perspectiva de la no repetición, en un sistema que se niega a superar la anti democracia, y aún pugna por retornar al pasado.

Como señaló el senador Iván Cepeda ante la tumba de su padre, el entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, con motivo del 25 aniversario de su asesinato: “Esa verdad debe quedar indeleblemente escrita en nuestra historia. Se trata del genocidio perpetrado por décadas contra el Partido Comunista Colombiano –que comprende una etapa intensiva, la del genocidio contra la Unión Patriótica– que ha consistido en el proceso criminal más prolongado, más destructivo y más atroz, que haya soportado formación política o social alguna en Colombia; un país de genocidios”.

Tras el viraje hemisférico representado por el TIAR (1947) y, especialmente, la creación de la OEA (1948), el Estado policíaco, la violencia oficial y el pretexto anticomunista, desde el poder, se dio carta blanca a un proyecto genocida continuado, destinado a destruir la organización comunista, impedir su funcionamiento, promover su ilegalización, silenciar sus medios de expresión y eliminar a sus dirigentes y/o condenarlos al gheto de la estigmatización, al extrañamiento físico o simbólico y al destierro.

Desde el punto de arranque de esa profunda crisis histórica y política, que amarró el sistema al carro del imperialismo, el anticomunismo se instaló en la orientación del Estado para la contención antisubversiva y prefiguró el “enemigo interno” con las sucesivas directrices en materia de seguridad, manuales del Ejército Nacional, normas “legales” de excepción y discursos oficiales.

Miles de comunistas destacados(as), reconocidos(as) y honestos(as) fueron victimizados en razón de sus convicciones y su práctica consecuente, como integrantes de la Unión Nacional de Oposición (1972 – 1980), del Frente Democrático (1980 – 1984), de la Unión Patriótica (desde 1985), del Frente Social y Político (2001 – 2005), del Polo Democrático Alternativo (2005 – 2012) y de la Marcha Patriótica (desde 2010). Militantes que contribuían a la educación política, la organización y la divulgación de plataformas en estructuras del tejido social y actuaban con una línea política de lucha democrática en los campos electoral, sindical, agrario, magisterial, de los derechos humanos, juvenil o en la solidaridad internacionalista latinoamericana.

Los servicios secretos del Estado y su conexión con estructuras paramilitares arroyaron en su avalancha a conciudadanos(as) de otras corrientes de la izquierda, de la inconformidad social y del pensamiento crítico. Como enemigos, han sido señalados quienes han denunciado la legalidad clasista, desde el quehacer legítimo por la justicia social, la igualdad y la reivindicación de los bienes comunes.

El Partido Comunista Colombiano puso en marcha, como su línea de acción, desde 1980 (13 Congreso), la necesidad de una solución política, cuyo primer Acuerdo de Paz, ya alcanzado, debe implementarse, sin subterfugios. La solución política ampliada, como fenómeno de transición, implica un período de tiempo, cuyo término depende del crecimiento del campo de fuerzas favorable a la paz y su conversión en factor de poder.

El restablecimiento del diálogo con el ELN, la disposición de hablar con antiguos y nuevos rebeldes. El sometimiento de los paramilitares aceptando la judicialización. Ponerle punto final al discurso guerreristacon pretexto de contrainsurgencia la hora reclama actuar sin pausas uniendo fuerzas para la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición.