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Los gigantes de la corrupción

Unidad investigativa

A comienzos del año 2012, la Contraloría Distrital de Bogotá denunció un presunto detrimento patrimonial por el pago de cuatro millones de pesos a un brujo para que espantara las lluvias durante la clausura del Mundial sub 20 de fútbol que se realizó en la capital, en agosto de 2011.

Ilustracion corrupcion Informe especial

De otro lado, el Contralor Distrital, Diego Ardila Medina, denunció un presunto detrimento patrimonial de 5.500 millones de pesos en Maloka, lo cual fue desmentido por la presidente ejecutiva de ese centro interactivo, Nohora Elizabeth Hoyos.

En la primera semana del mes de julio del presente año, el mismo contralor anunció la indagación preliminar para determinar si la Empresa de Acueducto de Bogotá cometió un detrimento patrimonial por la falta de planeación en la compra de 268 vehículos nuevos para la operación del nuevo modelo de recolección de basuras y aseo.

Los negociados de Codensa

Sin embargo, el ente fiscal a nivel del Distrito Capital nada dice de las grandes empresas como Codensa, que en el año 2000 le cedió el negocio de los grandes clientes a su hermana Enersys (las dos pertenecen al grupo Endesa), lo cual significó un incremento considerable en la variable de comercialización de la fórmula tarifaria que se cobra a los usuarios bogotanos. Para esta operación, se contó con el aval de la Empresa de Energía de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital.

Siguiendo con Codensa, la Contraloría Distrital ha guardado silencio ante las denuncias que se han hecho del convenio 766 de 1997 con el Distrito Capital, mediante el cual el Distrito le traspasa parte del patrimonio de la ciudad, un bien de uso público, como es la infraestructura del alumbrado público, a Codensa, perjudicando los intereses colectivos al tener que asumir el costo de arrendamiento de una infraestructura que antes le pertenecía.

Hay que recordar que este convenio no tiene fecha límite y que tampoco salió a licitación como obligan la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, las cuales exigen las garantías correspondientes, que no se dieron. Este convenio no previó la cláusula de reversión de la infraestructura modernizada ni su correspondiente modernización.

Desde 1997 hasta 2003, la empresa Codensa le cobró al Distrito por el arriendo de la infraestructura de alumbrado público aproximadamente un 23% sobre el inventario que realmente tenía Codensa. Silencio por parte de las entidades de control del Distrito.

Ecopetrol no se queda atrás

Caso similar ocurre con Ecopetrol, que pretende ser una empresa de clase mundial a costa de la tercerización de todas sus operaciones, descargando la responsabilidad de HSE (salud ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental) y de gestión social en las empresas contratistas.

Hasta el momento, no se conoce una sola investigación sobre el manejo de los recursos que le han entregado a empresas como Cepcolsa, en Puerto Gaitán, a Mansarovar, en Puerto Boyacá, que, indirectamente y a través de empresas contratistas, financian empresas de grupos paramilitares, según denuncias conocidas en la región.

Y nada se ha dicho del aliado extranjero en Campo Colorado, ficha del uribismo. En este campo, el aliado extranjero se lleva el 90% de lo producido y a Ecopetrol y a la UIS les corresponde el miserable 10%.

Ecopetrol y los menores precios

El sábado 16 de febrero de 2013, en la página de Economía y Negocios, El Tiempo publicó una nota donde se reporta que Ecopetrol ganó 3.1% menos en el 2012, comparado con el año 2011. Esta disminución la justifica Ecopetrol con los menores precios de exportación del crudo del 2,4% y menores volúmenes en ventas en Colombia, del 1,4%.

Ésta es, apenas, una parte de la realidad. En efecto, el presidente de Ecopetrol S.A. convocó para el 21 de marzo de 2013 la asamblea general de accionistas de la empresa, la cual se realizó en el centro internacional de negocios y exposiciones Corferias. A ella llegaron los accionistas y delegados sin conocer la otra parte de la realidad que ha podido afectar la baja en las ganancias de Ecopetrol.

Ecopetrol ha suscrito unos contratos de alianza con empresas extranjeras; una de ellas es la multinacional Schlumberger, con la cual se tiene convenida una asociación para el desarrollo de Campo Casabe, ubicado en el municipio de Yondó (Antioquia), bajo la modalidad de participación por partes iguales en la inversión para el desarrollo del campo y, asimismo, la distribución de la producción que resulte de la inversión.

Para la ejecución de obras requeridas en el país, Ecopetrol asignó 21 contratos marco, distribuidos en las gerencias regionales del país. A la regional del Magdalena Medio se le asignaron cinco contratos, por un valor promedio de 120 mil millones de pesos cada uno; a estos contratos se les debe asegurar el equilibrio económico mediante la distribución equilibrada de los montos de los contratos.

Pero algunos funcionarios de Ecopetrol, desconociendo la importancia de garantizar el balance económico a favor de Ecopetrol y el país, han permitido que las obras que debían contratarse dentro de los contratos marco le fueran transferidas a Schlumberger, afectando la balanza a favor de esta empresa y poniendo en riesgo las finanzas de Ecopetrol ante las posibles demandas de los contratistas de los contratos-marco, quienes firmaron los respectivos documentos en el mes de octubre de 2012 y, desde esa fecha, están esperando la asignación de contratos específicos.

Este comportamiento apátrida de esos funcionarios debe ser investigado, ya que, a pesar de ser pagados por la nómina de Ecopetrol, están a favor de la empresa extranjera Schlumberger, generando, de esta manera, un detrimento patrimonial.

Adicionalmente, al país se le debe explicar por qué a los funcionarios que se han visto involucrados en actos de corrupción solamente se les “castiga” con un traslado y, a la fecha, no hay ningún funcionario judicializado por los hechos ocurridos en la construcción de la planta de inyección de agua en la Isla VI del Campo Yariguí de Cantagallo.

“Libro abierto”

En este campo petrolero, se contrató, bajo la metodología Open Book (libro abierto) con la empresa Schrader Camargo S.A., actualmente de socios mexicanos, por un valor de 29 mil millones de pesos, la construcción de dicha planta. Bajo esta modalidad, se generó una enorme cantidad de irregularidades, ya que las instrucciones que se daban, en algunas ocasiones, no tenían como soporte especificaciones técnicas o carecían de ingeniería, insumos necesarios en cualquier contrato, que permiten determinar el alcance y el costo del proyecto.

A esto se suma que la empresa SCIA S.S. realizó la compra e instalación de más de 500 válvulas de alta presión, dentro del contrato 5209524, las cuales resultaron remanufacturadas, con placas de identificación que no correspondían a las originales de los fabricantes de válvulas. La sola compra de estas válvulas supera los 30 mil millones de pesos.

De esto no se ha dicho nada, no hay acciones contra funcionarios involucrados y, mientras tanto, se permite que estos sigan campantes paseándose por los diferentes contratos de la regional del Magdalena Medio y la regional del Oriente. Funcionarios que salen de Ecopetrol ingresan a las empresas de consultoría e interventoría y, posteriormente, a las diferentes empresas contratistas del sector de hidrocarburos.

Un aspecto preocupante de esta situación es que los directivos de la USO no le están dando a estos temas la suficiente importancia para poder hacer las denuncias correspondientes a nivel nacional e internacional.

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