De los enemigos agazapados de la paz

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Mientras la sociedad clama por paz, desde sectores del Establecimiento se sabotean las posibilidades. Foto Carolina Tejada

El trascendental debate de los senadores Gustavo Petro,  Iván Cepeda, Roy Barreras y Antonio Sanguino en torno al entrampamiento orquestado por la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, de consuno con la DEA, para aniquilar el proceso de paz e incriminar a los ex negociadores Jesús Santrich e Iván Márquez, puso al desnudo los intrincados vericuetos del Estado colombiano desde donde la extrema  derecha ata sus cabos con el gran capital, para impedir cualquier cambio medianamente democrático, en la dirección del país.

Se vuelve a hablar de un mito permanentemente asociado a las amenazas continuadas a todo proceso de apertura democrática en Colombia. El mito de los enemigos agazapados alude al papel de la hipocresía, del engaño que se atrinchera en la soberbia del poder porque se considera intocable y porque su función es ahogar la aspiración civilista que brega en medio de obstáculos para realizar la opción de la igualdad política frente a la fuerza del dinero, legal o ilegal.  Es necesario recordar que nuestros padres y abuelos tuvieron que confrontar, en la posdictadura militar de Rojas, a la “mano negra”, unos oligarcas, aliados con el poder clerical o con el ala derecha de la masonería, que amenazaban y desaparecían a líderes populares y a intelectuales progresistas.

Hoy vía internet o vía mensajerías, las “Águilas Negras” y otras organizaciones ocultas bajo diferentes siglas desempeñan el mismo rol: amenazar, asesinar y desaparecer a los líderes políticos progresistas, a defensores de derechos humanos, mujeres y hombres. Lo que destaca la opinión pública es que siempre se capturan a los sicarios, pero nunca se investiga ni investigan a los autores intelectuales y financiadores de esos crímenes. ¿Dónde está la Fiscalía? De compras en San Andrés y Providencia o urdiendo planes para perseguir la oposición.

Aquellos peligros de antaño estaban agazapados, en las sombras del poder y de los organismos de seguridad. Ahora el Presidente funge de vocero de esas fuerzas enemigas de la paz, abiertamente trata de destruir la JEP, conspira contra el Gobierno de Venezuela, prepara el envenenamiento de los campesinos con el glifosato y es indiferente ante las semanales masacres que asolan al país.

Martínez Neira llegó a la Fiscalía de la mano de Juan Manuel Santos, por encargo obligante del grupo Sarmiento Angulo, eje principal del sistema financiero, individualidad que da órdenes por encima del presidencialismo y hasta del mismo Consejo Gremial Nacional de los Cacaos. Políticamente venía de Cambio Radical en cercanía con Vargas Lleras. El escándalo Odebrecht, del que no se ha podido evadir y su manejo escabroso de cuentas multimillonarias en paraísos fiscales o el “pisito” de la calle Ortega y Gasset, en Madrid, avaluado en tres millones de euros, necesitaban de una cortina de humo apoteósica para calificarse de ganador a costa del desconocimiento de la JEP, de la extradición de ex comandantes de las Farc-EP y del entierro de cuarta al Acuerdo de Paz.

El debate parlamentario ha pulverizado al rábula junto a la poderosa DEA que hace y deshace en un área estratégica de Nuestra América: el istmo centroamericano, la cuenca caribeña y la conjunción andino amazónica del Continente Sur. Las trampas ideadas y ejecutadas por la DEA son un instrumento de esa política provocadora e injerencista que se impuso con el Plan Colombia, uno de cuyos autores es el electo presidente Biden. Se ha desbaratado la trama de la traición de las Farc y el supuesto negocio de la droga con el que DEA y Fiscal buscaban enredar a Márquez usando de señuelo a Santrich y de intermediario a Marlon Marín, quien obraba ya comprometido con la DEA.

La evidencia desnuda ahora a Néstor Humberto como traidor a la patria, según denuncia del senador Sanguino, por intentar volver trizas la paz, verdadero propósito detrás de la maniobra. El gobierno Duque-Uribe hizo su propio aporte. La persecución política a los antiguos negociadores, la matriz de opinión, oficial y mediática, de que Farc incumple el Acuerdo, la suspensión de la vía de diálogo con el ELN, validan la continuación de la guerra con la taxonomía acomodada de Grupos Armados Organizados GAO a combatir con alta letalidad (léase bombardeos aéreos y falsos positivos) y al bautizar de “disidencias” a una variedad de situaciones diversas, presentadas como demostración de la “traición” de las Farc al Acuerdo. Aclaran los senadores Cepeda y Barreras que su denuncia fue una acción en defensa del Acuerdo de Paz y no un reconocimiento o una justificación del error político de los ex negociadores de Farc que decidieron retornar a las armas.

Es que el proceso de la solución política para la paz en Colombia se inscribe en la larga duración, que son los tiempos de la acumulación de fuerzas y de las nuevas armas de la política, la persuasión, la organización, la movilización de masas, la unidad y coordinación de movimientos, de procesos, de convergencias de proyectos de soberanía y democracia para los cambios políticos transformadores.  Cuando lo que está en juego es la lucha definitoria por el poder, un gobierno democrático, incluyente, pluralista, comprometido con la paz y su implementación es necesario, pero no será suficiente. El reto de parar el genocidio político, confrontar la crisis del capitalismo, la pandemia y la intervención militar presencial de EEUU con amenaza de uso de la fuerza contra Venezuela se agrega a la urgencia de superar el desempleo, la precarización, los campesinos sin tierra, la desigualdad, la corrupción del sistema político electoral y requiere de la voluntad y el compromiso revolucionario de una generación.

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