Las organizaciones de derechos humanos llaman la atención para que el Estado tome en cuenta y con mayor seriedad los pronunciamientos y las amenazas constantemente denunciadas.
Redacción política
La actividad de defensa de los derechos humanos en Colombia sigue siendo una labor de alto riesgo, estigmatizada y perseguida hasta por instancias estatales, paraestatales y sectores de extrema derecha.
En reciente debate, el representante a la Cámara Alirio Uribe indicó los continuos ataques de los que son víctimas los defensores de derechos humanos en todo el país. “Se incrementaron ostensiblemente en un 71%, pasando de 366 en el 2013 a 626 en el 2014. Al igual que años anteriores, en el 2014 los sectores más afectados siguieron siendo los indígenas, comunales, comunitarios y campesinos”, dijo Uribe.
Las amenazas se han incrementado en un 133% comparado con las cifras del año 2013, lo que muestra un patrón sistemático de hostigamiento, señalamiento y persecución, asimilándose a casos de tortura. A este respecto las organizaciones de derechos humanos llaman la atención para que el Estado tome en cuenta y con mayor seriedad los pronunciamientos y las amenazas constantemente denunciadas.
Prevención, respuesta e investigación a los ataques y amenazas mediante una articulación entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y todas las entidades nacionales, departamentales y locales responsables es la propuesta que los defensores de derechos humanos le extendieron al ministro del Interior Juan Fernando Cristo.
“Es de recalcar que el 56% de las personas asesinadas, es decir 31 casos, habían reportado tener amenazas, por lo cual las amenazas no pueden ser normalizadas, ni desentendidas: deben ser investigadas”, indicó Alirio Uribe.
Buena parte de esas amenazas son de autoría de los grupos paramilitares con el auspicio de los altos mandos militares. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en un reciente informe titulado Acuerdos y desacuerdos del postacuerdo, advierte de la recomposición paramilitar en el país y el aumento del pie de fuerza de sus tropas. El estudio analiza que el narcotráfico sigue siendo su primera fuente de ingresos. Pero su principal tarea militar está marcada en un modus operandi distinto al que conoció el país hace unos años. Ahora la amenaza e intimidación están dirigidas a defensores de derechos humanos, el asesinato y la desaparición forzada, cuyas víctimas son reposadamente escogidas.
“Ya no están masacrando, ahora asesinan selectivamente para causar más temor pero menos impacto mediático”, explica uno de los investigadores del Cinep.
Pero no solo la amenaza contra defensores de derechos humanos se percibe en las regiones. Hasta al Parlamento Europeo llegó la estigmatización de voceros de la extrema derecha europea. El pasado 4 de junio, desde la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, la defensora de derechos humanos y víctima Jésica Hoyos fue censurada por 16 parlamentarios de extrema derecha con el argumento de ser perteneciente a las FARC.
Además de la tensa y grave situación presentada en el recinto del Parlamento Europeo, la actitud del embajador de Colombia ante la Unión Europea, Rodrigo Rivera, fue impávida para defender a la compatriota y se puso del lado de los agresores. “Es muy preocupante la nueva estigmatización que se les hace a los defensores de derechos humanos y a las víctimas. De esta manera definitivamente no podremos conseguir la paz en Colombia. Aquí se refleja la persecución que hemos vivido en Colombia, como lo hacía el DAS”, subrayó Jésica Hoyos.
Tanto el embajador Rivera como el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, cuya reacción ante el debate sobre los defensores de derechos humanos fue poco proactiva, muestran la ausencia en la agenda gubernamental de los defensores de derechos humanos en Colombia y de una política fuerte que combata el paramilitarismo.
