María Monsalve*
Las movilizaciones sociales que protagoniza el pueblo colombiano son la respuesta a una historia de exclusión que las clases dominantes en el poder han construido de manera deliberada.
Si bien en el siglo XX, gobiernos como el de López Pumarejo, intentaron sustraer al país del atraso, con estrategias que enfrentaran la apropiación improductiva de la tierra, los grandes propietarios agrarios se opusieron con fiera resistencia. Las políticas redistributivas tuvieron entierro definitivo en el pacto de Chicoral de Lleras Restrepo, y de ahí en adelante el Estado sólo distribuye a partir de terrenos baldíos sin que se toque y más bien se beneficie la persistente estructura inequitativa de tenencia y uso del suelo.
Los gobiernos del neoliberalismo institucionalizado, desde mediados de los setenta, deshicieron el proyecto de desarrollo estratégico basado en la industrialización por sustitución de importaciones, que a la vez tenía vocación económica y social, por cuanto buscaba dar valor agregado a las materias primas nacionales, generaba empleo, ingresos y seguridad social solidaria, y luchaba para proyectarse en la producción de bienes durables e industriales.
El cambio de modelo
El cambio de modelo de desarrollo estuvo acompañado de la generación de la brecha entre la política económica y la política social, donde la primera se ha utilizado a fondo, mediante herramientas monetarias y fiscales que satisfacen los requerimientos del capital financiero internacional; mientras que la política social sólo se ha ocupado de medidas paliativas y focalizadas, que atienden las demandas sociales de manera individual, como corresponde con la filosofía del individualismo que acompaña la visión de mercado sobre los seres humanos.
Una revisión de los planes nacionales de desarrollo de los gobiernos neoliberales, informa que todos ellos hacen un diagnóstico de la inequidad en materia de ingresos, educación, salud, vivienda y servicios, alimentación y nutrición, campo y ciudad, y entre regiones. Es decir, sus fallas distributivas no han ocurrido por ignorancia. Han actuado en contravía de los dictados de la realidad porque su conciencia de clase los lleva a la defensa a ultranza de los intereses de los poderosos. Medidas económicas como la represión salarial, la desprotección industrial y el abandono del campo, son parte del mismo paquete de reducción de la demanda interna para promover las exportaciones; y estas últimas, son de carácter primario porque ese es el tipo de desarrollo en el que anda el país, por la voluntad política de sus dirigentes.
Medidas equivocadas
Este conjunto de medidas equivocadas de política frente a un diagnóstico correcto es la cosecha que hoy recoge el sistema en su conjunto, que para mayor ironía le correspondió al presidente Santos, el mismo que les ofreció a los colombianos en su época de Ministro de Hacienda del gobierno Pastrana “sudor y lágrimas” mientras juntos aplicaban medidas de austeridad en medio de un alto desempleo.
La enorme paciencia del pueblo colombiano se ha agotado. El dique de contención del descontento nacional se ha roto. Pero mientras el país se prepara para el posconflicto, que no es otra cosa que el escenario propicio para la negociación por la vía política de la prolongada exclusión económica y social, preocupa que la respuesta sea la repetición de la muestra represiva que ha esgrimido por estos días el gobierno nacional. Si la paz se va a firmar para que la burguesía siga disponiendo de un territorio que les pertenece a todos, pues no será duradera, y menos con justicia social. Si esta es la tercera vía que ofrece Santos, será la garantía para que la violencia no cese.
La prueba de que este gobierno persiste en las políticas excluyentes es el paquete de medidas que se está cocinando en la Casa de Nariño, bajo engaño, pretende la aceptación del campesinado de i) la Ley de desarrollo rural que provee las condiciones para que los capitales del agro puedan invertir, ii) el documento que prepara el Conpes para la operatividad de proyectos agroindustriales en la altillanura de la Orinoquia y, iii) la ley en ciernes que se ocupará de la legalización de 622.000 baldíos entre los que se cuentan los terrenos mal habidos en el Vichada, con el fin de dar seguridad jurídica a los inversionistas de siempre.
¿Por qué no habla el Presidente de la constitución de las zonas de reserva campesina que se estipulan en la Ley 160 de 1994? ¿Por qué resuelve el paro del campo con paños de agua tibia y no toca la estructura agraria? Y ¿por qué no acelera la devolución de tierras a los desplazados por la enorme contrarreforma agraria que se instaló en Colombia durante sangrientas décadas? Derechos de propiedad, restitución de tierras y garantías de no repetición, infraestructura vial, transporte, distritos de riego, subsidios estatales, en lugar de créditos caros y provisión de bienes públicos como salud, educación, agua potable, saneamiento básico y energía hacen parte de lo que necesitan los pequeños productores del campo, para que haya paz y dignidad en sus vidas.
* Investigadora CEIS.
