En el pliego de peticiones exigen al Gobierno la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana, el cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con el Ejecutivo, garantías de seguridad y la reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo
Agencia Prensa Rural
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“Somos los mismos del 2013”, dice un pasacalle hecho con tela que bloquea una de las vías en el Catatumbo. Esos mismos campesinos colombianos que se han movilizado durante décadas vuelven hoy a las carreteras al ser engañados nuevamente por los gobiernos. Desde el 23 de octubre miles de labriegos están saliendo a las calles a denunciar el incumplimiento de lo acordado en paros agrarios anteriores y de los acuerdos de La Habana en temas de sustitución de cultivos y reforma rural integral, además del asesinato de líderes sociales y campesinos.
El paro nacional indefinido es convocado por el movimiento social y político Marcha Patriótica, la Coordinadora de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), organizaciones que se integran en la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA).
En el pliego de peticiones, de siete puntos, exigen que el Estado cumpla lo pactado, que se implementen integralmente los seis puntos que comprenden el Acuerdo Final de Paz y sean ejecutados sin dilación los compromisos acordados en las movilizaciones de la MIA del 2013.
Los campesinos hacen el llamado por el incremento de asesinatos de líderes sociales que para este año ya suman 120, como lo afirma David Flórez, vocero de Marcha Patriótica. El Gobierno, por su lado, atribuye estos hechos a “razones personales”.
Uno de los casos más recientes es el de Miguel Pérez, campesino que lideraba el proceso de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en la región del Bajo Cauca antioqueño, era miembro de la Coccam y de Marcha Patriótica.
Los principales puntos de concentración se encuentran en Catatumbo, Cauca, Guaviare, Meta y Sur de Bolívar.
Movilizaciones
Durante la semana se han ido sumando municipios de todo el país al paro, y en diferentes ciudades se realizan movilizaciones apoyando la protesta. Marcha Patriótica afirma que ya son nueve los departamentos que se han unido a estas jornadas.
“El 25 de octubre las comunidades del Catatumbo bloquearon tres puntos de las carreteras departamentales y ocuparon el campo petrolero de Tibú (Norte de Santander). En el Valle del Cauca se adelantó una marcha campesina en el centro de Cali. En San José del Guaviare se realizaron nuevas marchas de las comunidades agrarias de Guaviare y sur del Meta. En el sur de Bolívar, campesinos de cuatro municipios se concentraron en el casco urbano de San Pablo, donde rechazan la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. También prosiguen las concentraciones en el Cauca en varios puntos de la carretera Panamericana a la espera de una respuesta gubernamental”, dice el comunicado.
En Anorí (Antioquia), unas 600 personas, entre comerciantes, transportadores y campesinos, se unieron al paro indefinido, pues allí también se cultiva coca y se reintegran a la vida civil excombatientes de las FARC. En Dabeiba se inició la erradicación forzada, por lo que estos campesinos también se tomaron la vía al mar.
El Gobierno responde
En Catatumbo, que en el 2013 hizo fuerte presión en el paro, también fue dura la represión del Gobierno, que dejó cuatro campesinos asesinados. En esta ocasión al primer lugar donde llegó el Esmad fue a esta región. Desde la madrugada del 25 de octubre la Policía ataca con gases a los manifestantes en un lugar conocido como la Y de Astilleros y en los registros fotográficos que hace la comunidad se evidencian mujeres que tuvieron que salir de sus casas corriendo con niños en brazos.
Ante la preocupación de los voceros por estos ataques y para evitar otra tragedia como la de Tumaco, convocan a una reunión con el coronel de la Policía, la Defensoría del Pueblo y el secretario de Gobierno, donde hacen un acuerdo preliminar de distensión y los campesinos se comprometen a abrir un carril para que pase el transporte, y la Policía a retirar el Esmad de los puntos de concentración.
Sin embargo, el 26 de octubre llegaron camionetas del Ejército a Tibú, hicieron registro fotográfico de los campesinos, amenazaron con llevar el Esmad y luego se retiraron. Y el 27, “pistoleros movilizados en un carro atacan a tiros a campesinos de la Y de Sardinata” como lo hizo público César Jerez.
En el Cauca, donde las movilizaciones han sido potentes, el Esmad también hace presencia. Aunque no se han presentado disturbios sí se han denunciado insultos e intimidaciones a los manifestantes, además hubo sobrevuelos de helicópteros en las zonas de concentración y aseguran las organizaciones sociales allí presentes que no tienen bloqueada toda la vía sino un carril, desmintiendo las informaciones de los medios de comunicación de este departamento.
El 27 se instaló una mesa de negociación con la Gobernación del Cauca, donde se definió una ruta de negociación y logística, la próxima reunión y garantías de seguridad para las personas que se encuentran en los puntos de concentración, por lo que se suscribió el compromiso de no bloquear totalmente la vía Panamericana, pero se ratificó que el paro continuaría hasta la instalación de la MIA nacional.
En Guaviare y sur del Meta se instaló una mesa el miércoles 25 de octubre con la presencia de autoridades locales, y el lunes 30 se realizaría una reunión para definir cronograma y metodología de negociación del pliego nacional. También se ratificó que el paro continuaría hasta la instalación de la MIA nacional.
La presión en las carreteras y las ciudades se ha hecho notar y a dos días de la movilización, el Gobierno envió a funcionarios públicos para instalar una mesa de interlocución para tramitar el pliego de peticiones. Encuentro que se realizó el jueves 26 y el mismo Gobierno afirmó que tenía que convocar a otras instituciones que correspondan a los puntos del pliego.
Como conclusión de la reunión se definió que el lunes 30 de octubre a las cinco de la tarde se realizaría la reinstalación de la MIA nacional. Además, se conformaron comisiones de trabajo en derechos humanos con el propósito de generar mecanismos para garantizar el derecho a la protesta social en el marco del paro nacional indefinido y una metodológica para elaborar una hoja de ruta de reactivación de la MIA nacional, cronograma y esquema de negociación del pliego nacional.
¿Hay voluntad?
La MIA hace un llamado expreso al Gobierno nacional para que manifieste una voluntad clara frente a sus solicitudes, pues “de nada sirven reuniones protocolarias como la realizada el día jueves con altos funcionarios del Estado, si en el momento de implementar lo acordado es reiterado el incumplimiento y las dilaciones con excusas demagógicas que impiden generar confianzas entre las partes en conflicto”.
Las organizaciones campesinas anuncian que seguirán escalando e incrementando sus actividades de paro nacional indefinido y llaman a todas sus bases a redoblar los esfuerzos movilizatorios, que permitan avanzar en una negociación seria y sin dilaciones con el Gobierno nacional, y reiteran su voluntad de diálogo útil para resolver de una vez por todas las justas demandas de nuestras comunidades.