Sin discutir y con el interés de favorecer a las grandes empresas de televisión, radio e internet, el Gobierno nacional pretende modernizar el sector de las telecomunicaciones
Redacción política
La televisión y la radio pública están en peligro con el proyecto de ley de modernización del sector de las telecomunicaciones y la información, denominado Ley MinTIC. Aunque la ministra Silvia Constain, que ya está de salida, diga que se necesita del proyecto para modernizar el sector, lo que trae consigo el articulado que inició su debate final en las plenarias de Cámara y Senado, pretende solamente favorecer a las multinacionales del sector.
El Gobierno nacional le apuesta a que en el ocaso de la legislatura pueda cumplirle a las grandes corporaciones mediáticas, a los canales de televisión privados y a los poderosos operadores de cable. Su compromiso de entregar las condiciones técnicas del espectro electromagnético a los privados significa tranquilidad jurídica para hacer negocios por los próximos 30 años.
Lo que está en juego son los negocios de la comunicación. Tienen interés los que proveen servicios de comunicación, las plataformas de entretenimiento Claro, Tigo, Telefónica, Directv, entre otros; los canales privados que no quieren un competidor más, las multinacionales que están detrás de la implementación de la comunicación denominada 5G, es decir, un internet más rápido para el acceso a datos e información.
Los objetivos son acabar con los canales y emisoras comunitarias, liquidar los canales públicos que tendrán una regulación de mayor restricción a presupuestos, deslegitimar a las organizaciones que proclaman acceso a internet libre, mientras actores y actrices van a ver disminuido su trabajo por la oferta de entretenimiento internacional bajo otras plataformas vía internet.
Cerrar el espectro
El espectro electromagnético, apetecido por Claro, Telefónica y Tigo por interpuesta empresa multinacional de origen norteamericano, es un bien escaso, puesto que solo un número finito de frecuencias pueden ser asignadas allí por el Estado. Sin embargo, esta potestad de control debe ejercerse de manera acotada, habida consideración del innegable vínculo entre el acceso al espectro y la protección de los derechos a la libertad de expresión, de información, así como la posibilidad de fundar medios de comunicación.
El Gobierno nacional ha impulsado encuentros regionales pero no invita a los sectores comunales que producen radio y televisión. Las asociaciones que agrupan a los comunitarios han rechazado la intención del Ministerio de las TIC por sacarlos del mercado. La jurisprudencia ha dejado claro que el mandato de democratización que trata el artículo 72 de la Constitución, cubre dos supuestos: la necesidad de evitar prácticas monopolísticas en el uso del espectro y permitir que este sirva de medio adecuado para el ejercicio de la libertad de expresión e información. La advertencia de los constitucionalistas es no permitir que el país trasforme la naturaleza de su espectro y este termine al servicio del monopolio de las grandes corporaciones de comunicación.
La exhortación sobre el monopolio del uso del espectro se manifiesta en el proyecto de ley que se discute en el Senado: “ser compatibles con las tendencias internacionales del mercado”, es decir, las reglas de juego que mejor se adecuen a los intereses de las corporaciones y para ello en todo el continente hay una especie de avalancha de modificaciones jurídicas para que el mercado se amplié en contravía de la ley y la naturaleza democrática del espectro.
Para el Ministerio esa naturaleza consiste en darle seguridad jurídica a los negocios de las grandes corporaciones que son las únicas que podrán acceder al espectro y eso conduce a un escenario de posición dominante. Dicha adjudicación será casi que gratis pues su contraprestación no necesariamente es proporcional al uso del espectro. Es decir una multinacional como Claro, beneficiada por una ampliación del espectro para su negocio, le devolverá el favor al Gobierno nacional extendiendo planes de cobertura, redes y servicios a cambio de la instalación de una antena de repetición y con ello quedaría saldado el pago por 40 años de usufructo del espectro.
La bancada alternativa ha señalado que votará en contra del proyecto señalando que la modernización del sector se va adquiriendo en la medida que este sea de distribución equitativa en donde participen otros actores en el ecosistema de medios: “Pedimos 30% de participación para actores comunitarios y étnicos, y 30% de participación para medios públicos en el espectro. Tal como lo solicita la relatoría para la Libertad de Expresión y Unesco”.
Medios comunitarios
Según la bancada alternativa van 186 canales de televisión comunitaria que desparecieron pues el Estado, al contrario de poner sus recursos en el desarrollo de la televisión comunitaria y participativa que usan el espectro electromagnético como lo demanda la Constitución, pretende que la ley restrinja a los comunitarios y radio pequeñas, criminaliza su labor, pues entre las funciones de la Agencia Nacional de Televisión, nuevo instrumento que trae la ley para regular el mercado, tendría funciones de policía judicial para capturar equipos en las instalaciones de las emisoras comunitarias y televisiones.
El movimiento de comunicación comunitaria del país le pide al ejecutivo reconocimiento e inclusión de sus redes en el ecosistema digital y tenerlo en cuenta en la política de conectividad.
Los opositores a la ley, un amplio movimiento que incluye a los productores alternativos, académicos y artistas señalaron una suerte de reparos a esa nueva agencia que entre otras regulará contenidos. “Se propone un regulador autónomo e independiente al ejecutivo con autonomía administrativa, financiera y en la conformación de sus comisionados. En periodos diferentes al periodo de gobierno”, advierte en carta pública ante la propuesta de Ley Tics. Es decir, que el Gobierno no tenga la posibilidad de regular contenidos televisivos en favor de su interés político como hasta ahora lo tiene prevista la ley.
Pantalla
Otra de las propuestas que el Ministerio no ha querido discutir, es la participación de producciones nacionales en las plataformas Over de Top, OTT, es decir Netflix, YouTube, Disney, para que en sus ofertas tenga una especie de cuota de pantalla nacional que sería de mínimo el 30% de porcentaje de contenidos colombianos. “Una oferta de contenidos con talento colombiano y producido en el país, que incentiven la participación de productores independientes y minipymes”, piden los artistas y productores de televisión nacional.
Al cierre de esta edición se votaban negativamente los impedimentos de 23 senadores que argumentaban no poder votar la ley por cuanto RCN y Caracol TV les donaron pauta publicitaria para sus campañas. En cualquier caso la plenaria, con excepción de la bancada alternativa, avaló la participación de estos senadores impedidos para debatir y votar, y por ende legislar en favor de quienes apoyaron sus campañas.
