jueves, marzo 28, 2024
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Ley de Comunicación en Ecuador: El dedo en la llaga

Tras la aprobación de la nueva Ley de Comunicación en el Ecuador, este país suramericano vive una nueva realidad, donde los detractores han profundizado sus críticas y sus defensores a la espera de que no se convierta en letra muerta

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con medios de comunicación de ese país y el exterior. Foto Presidencia de Ecuador.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con medios de comunicación de ese país y el exterior. Foto Presidencia de Ecuador.

Cristóbal Rodríguez Guerra

La nueva Ley de Comunicación aprobada el pasado 14 de junio por la Asamblea Nacional, en medio de la aceptación de una mayoría aplastante (110 votos a favor y 25 en contra), ha puesto en apuros a decenas de periodistas, denominados “sicarios de tinta” y a “propietarios” de medios de comunicación privados o “mercantilista”, como han sido calificados por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.

De acuerdo con esta norma jurídica que regula el manejo y contenido comunicacionales, no sólo para los medios de comunicación y para los periodistas, como buscan vender la idea los sectores privilegiados, sino para la sociedad en general, deberán sujetarse a esta Ley, so pena de ser sancionados.

Varios son los puntos clave que rodean a la nueva Ley: Responsabilidad ulterior, redistribución de frecuencias, condiciones para quienes manejen los medios, profesionalización del periodista, linchamiento mediático, entre otros puntos no menos importantes como el 1×1, que no es sino la difusión equitativa de la producción artística en general: 50% nacional y 50% extranjera.

Desde un tiempo a estar parte y más tras la entrada en vigencia de la Ley, los medios de comunicación privados que ascienden al 90%, mantienen invitados “especiales”, en sus programas de noticias y de opinión, a políticos que se escudan bajo la figura de “analistas”, “consultores”, “especialistas” y hasta “expertos” en materia comunicacional, con el único objetivo, primero de impedir su ejecución y segundo intentar convertirlo en letra muerta.

El sector opositor a la Ley, detractor del actual régimen correísta, ha recurrido a una serie de artimañas que no sólo han caído en el campo de la inmoralidad sino de lo antiético. Han activado todos los mecanismos a su haber tanto nacionales como internacionales.

Por ejemplo: en el campo internacional, la relatora para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, que nada ha dicho hasta el cierre de la edición de este artículo sobre el secuestro tácito al presidente de Bolivia Evo Morales en Europa, que la Ley de Comunicación debe ser “revisada” por el Gobierno del Ecuador, frente a una posible restricción “severa” de la libertad de prensa.

Otros sectores internos, como los partidos de derecha, también han levantado acciones como es el caso del asambleísta Luis Fernando Torres, quien interpuso una demanda de esta Ley ante la Corte de Justicia.

Sin embargo, los sectores beneficiarios aglutinados en organizaciones populares, indígenas y campesinas han visto favorable el contenido de esta Ley:

Uno de los programas radiales de opinión, que no se alinean a los medios privados, como es “Alternativa”, que se transmite por Radio Pichincha-Universal en la ciudad de Quito, sus oyentes han denunciado, con insistencia, que los medios privados les cierran el teléfono cuando hablan no solo de lo positivo que significa contar con la nueva Ley de Comunicación, sino cuando se refieren a temas que favorecen al actual régimen.

Responsabilidad Ulterior Vs. Censura Previa

Más allá de un debate amplio y constructivo, el tema de la responsabilidad ulterior, como la mayoría de regulaciones que mantiene esta Ley, ha sufrido un verdadero linchamiento mediático no sólo a nivel nacional sino internacional, principalmente de países como Colombia que tienen una fuerte influencia en el Ecuador, tanto por su vecindad como por la presencia de aproximadamente 450 mil personas de este país hermano que viven, ya sea de forma “legal” o “ilegal” (54.000 ciudadanos colombianos residen en calidad de refugiados, debido al conflicto social, político y militar interno). La arremetida proviene también desde España, tomando en cuenta que, tras el feriado bancario de 1999, cientos de miles de ecuatorianos se vieron obligados a emigras a la Península Ibérica (500 mil connacionales aproximadamente).

El Artículo 18 de esta nueva Ley deja en claro que queda estrictamente prohibida “la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero”, dejando sin piso lo que hacían los medios fácticos, vinculados con la comunicación, al poder económico y al político; quienes, incluso, se daban el “lujo” de cambiar presidentes con el aval y apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica.

A tales extremos habrían llegado los ataques de la prensa, principalmente colombiana, que el embajador de Ecuador en el país hermano, Raúl Vallejo, acusó, a varios medios, de crear sentimientos de animadversión hacia su país.

Como se recuerda, el pasado 14 de junio, tras la aprobación de la Ley, la prensa privada colombiana agremiados en la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), se solidarizó con la ecuatoriana publicando un editorial en conjunto, donde destacaban que “desde hace varios años, el presidente Rafael Correa ha querido silenciar a aquella (prensa) que considera opositora», faltando, de esta manera, a la realidad y cayendo en el campo de la calumnia según lo afirmó el presidente Correa en varias de sus intervenciones.

En otro párrafo de este articulado relacionado con la Responsabilidad Ulterior, establece que “los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa”, otro banderillazo a los medios y sus corifeos los periodistas, toda vez que la manipulación mediática apuntó siempre a impedir que hechos de suma importancia como el intento de golpe de Estado registrado el 30 de septiembre de 2010, donde incluso buscaron asesinar, a como dé lugar, al Primer Mandatario, sea conocido.

Pero, a más de la pérdida de control y poder de los propietarios de los medios de comunicación y sus patronos burgueses, lo que más les duele es que, tras la violación de este artículo deberán pagar fuertes multas económicas: “Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.”

Y, son justamente, las repercusiones judiciales lo que también han puesto “los pelos de punta” a este sector injusto e ilegalmente privilegiado de la sociedad ecuatoriana. En el Artículo 21 de esta misma Ley se habla de la “Responsabilidad Ulterior de los medios de comunicación: “El medio de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar [] por [haber incumplido] su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y Comunicación [-previo el debido proceso-] [] que [hayan] sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.”

Redistribución de Frecuencias

Esta Ley de Comunicación, continuamente atacada por los “Medios Mercantilistas” puso “el dedo en la llaga” cuando instituyó la regulación de la redistribución de frecuencias, esto es: 33% para el sector privado, 33% para el público y 34% para los sectores comunitarios.

Pero esta reorganización de frecuencias no es sólo el torniquete que busca poner fin al festín de un sector privilegiado de la sociedad ecuatoriana, donde algunos “iluminados” mantienen hasta una veintena de radiodifusoras, periódicos y revistas bajo su control, como es el caso del propietario del Banco del Pichincha, Fidel Egas, quien por Ley, debió vender Teleamazonas, canal de televisión, pero que al parecer aún está bajo control del banquero, pese a que la Ley lo prohíbe.

La prohibición de que un banquero tenga medios de comunicación, originó una campaña mediática no sólo a nivel nacional sino internacional, buscando frenar esta Ley que no convence a todos, pero sí a una gran mayoría, mayoría que fue expresada en la Asamblea Nacional Constituyente de 2008 y aprobada mediante consulta popular de 2011.

Pero no sólo banqueros han venido controlando los medios en el Ecuador, muchos fueron legisladores, quienes tramitaron decenas de frecuencias a su favor o a testaferros, beneficiando directamente al poder económico de este país andino.

Para Pedro Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), en declaraciones a Página 12 de Argentina y recogida por la página web http://www.diariosobrediarios.com.ar, con fecha 3 de julio de 2013, ve como positiva la Ley de Comunicación, principalmente el tema relacionado con la redistribución de frecuencias, recordando que el 90% de ellas se encuentran en manos del sector privado.

Linchamiento Mediático

El Linchamiento Mediático está siendo duramente criticado por la oposición política en sus diferentes frentes, esto es, tanto al interior de la legislatura como en las declaraciones emitidas a través de los medios de comunicación, especialmente, privados. Esta nueva figura que fuera incluida, a última hora, en la Ley, busca frenar campañas mediáticas concertadas entre sectores informativos en contra de una o más persona con el afán de desprestigiarlo o neutralizar su accionar social y político.

Para Julio César Trujillo, más que jurista, político cercano al movimiento opositor Pachakutik, el que se haya incluido en la Ley de Comunicación la figura del Linchamiento Mediático, es un “disparate jurídico”, olvidándose que el sector indígena, al que está vinculado ideológicamente, fue objeto de esta aberración comunicacional desde que se tiene memoria, en otras palabras, desde que los españoles invadieron tierras amerindias.

La asambleísta por el Movimiento PAIS, María Augusta Calle, fue uno de los sujetos políticos que sufrió en carne propia el linchamiento mediático, tras haber sido difamada por los medios privados, quienes con sendos artículos buscaron involucrarla con el movimiento insurgente colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC_EP, alterando versiones, documentos y fotografías.

“El linchamiento mediático te puede destruir”, declaró María Augusta Calle en reciente entrevista a Ecuador Inmediato, tras anunciar que pedirá que la figura del Linchamiento Mediático sea incluida dentro del Código Integral Penal.

Luego de 1.302 días de continuo boicot por parte de la derecha y la mal llamada izquierda, que no es sino la derecha que aún no toma el poder, y tras varios intentos de tramitar el proyecto de Ley, por fin se constituyó en Ley de la República, la misma que deberá empezar a ponerle freno a quienes creen que la libertad de expresión es la “libertad de mercado” y los individuos que la leen, escuchan o miran, su mercancía.

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