Encubrir los falsos positivos y torpedear la paz, se convirtió en funciones misionales de la Fiscalía General de la Nación
Redacción Bogotá
Un mes y cinco días han pasado desde que el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la insurgencia Rodrigo Londoño, hicieron oficial la dejación de armas de esa guerrilla según establecieron en el acuerdo de La Habana. Para esa misma fecha las FARC-EP cumplieron otros compromisos, entre ellos la entrega del listado de bienes con los que se edificó la economía de guerra.
Ante esto último, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, ha insistido en que la guerrilla incumplió lo pactado pues no entregó la totalidad de los bienes que poseen según el ente investigador. Los anuncios de los supuestos bienes farianos no declarados vienen dándose a cuenta gotas. Primero fue en una entrevista en Caracol Noticias en donde Martínez señaló que la Fiscalía había estudiado 5.5 millones de archivos entregados por el Ejército colombiano producto de operaciones militares. Luego el anunció de congelar supuestos bienes, por el orden de 9 mil millones de pesos, a la Columna Teófilo Forero, en Bogotá, Cali y San Vicente del Caguán. Después se conoció la carta al Ministro del Interior oponiéndose a la entrega de bienes de la guerrilla señalando que estos servirían para el financiamiento del partido político de las FARC.
Inteligencia militar
Como en la vieja usanza de la guerra, la información sobre los bienes de la insurgencia proviene de organismos de inteligencia militar. La Fiscalía General de la Nación se está apoyando en informaciones militares para perseguir los supuestos bienes de las FARC no declarados. Igual que sucedió con episodios penosos como los falsos positivos, lo que se asoma con los bienes es una cuestión similar.
Una cacería de brujas contra los ciudadanos que tienen propiedades tituladas o no, en las zonas de influencia de la guerrilla fariana en tiempos de conflicto, para perseguirlos y construir procesos judiciales por testaferrato o narcotráfico contra campesinos, justificando así la cifra de billones de pesos que tendría ahora el nuevo partido político, FARC.
Toda una estrategia para desacreditar cada uno de los compromisos adquiridos por la insurgencia con la firma de los acuerdos de paz. Señala Martínez, que buena parte de los bienes inmuebles declarados, no tienen registro formal en las oficinas de instrumentos públicos o que no han sido legalizados por las FARC-EP, en un gesto de mala fe. Desde la otra orilla las FARC contestaron con sentido común: un grupo alzado en armas y con bienes inmuebles al servicio de su economía para la guerra no podía titularlos a nombre de los miembros del Secretariado: “Que el Fiscal no engañe a la gente buscando bienes a nombre de Manuel Marulanda o Timoleón Jiménez. Es una maniobra política lo que hace Martínez”, le dijo a VOZ un miembro de la dirección fariana.
Las FARC-EP ya habían advertido que la posición del Fiscal Martínez, no es judicial sino política. Al igual que su partido Cambio Radical, vienen imponiendo trabas al trámite de fasttrack en clara oposición política a la paz. “Todo ello conduce a que se induzca a la opinión pública a una valoración distorsionada de un hecho que es cierto: Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC-EP hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado. Ello nos lleva a pensar, que tras la misiva del Fiscal existe en realidad una intención política de continuar entorpeciendo la implementación de los acuerdos, de ambientar sus previsibles interferencias en el trámite que se viene en el Congreso de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de ser primera plana en los medios de comunicación. Es evidente que el Fiscal siente que su poder se ha visto menguado con los diseños de la JEP. Le cuesta trabajo aceptarlo”, indicaron las FARC en comunicado público del mes de agosto.
Falsos positivos
Y es que la tarea de la Fiscalía no solo está en oponerse al proceso de paz, también ha venido actuando en favor de la impunidad respecto a los responsables materiales e intelectuales de los falsos positivos. En reciente visita de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se reunió con Martínez para solicitarle un informe sobre las investigaciones en contra de 29 altos mandos militares y las directrices que estos recibieron para ejecutar las operaciones militares que se conocen como falsos positivos.
Martínez, por el contrario en un escueto comunicado dijo que le reclamó a la delegada de la CPI, las pruebas que ese tribunal de justicia internacional tenga contra los oficiales cuestionados: “Justamente en el buen propósito de avanzar en esas investigaciones y compulsar en la debida oportunidad los informes que presentará la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz, el ente acusador de Colombia recalcó la importancia de obtener por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la evidencia que posea sobre los puntos bajo observación, respondiendo a la complementariedad positiva, cuyo objetivo en los términos del Tratado de Roma es garantizar el cumplimiento de los Estados del deber de investigar”, señaló en comunicado público el pasado 11 de septiembre.
La jugada del Fiscal Martínez en la política colombiana es proteger al máximo a los empresarios financiadores de los grupos paramilitares, a los militares de alto rango investigados por crímenes de lesa humanidad y a los altos funcionarios, ministros y presidentes que ordenaron de manera velada y para obtener resultados militares, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
