Gonzalo Álvarez Henao(*)
Los directivos de las EPS han podido montar todo un imperio de la impunidad en Colombia, con los dineros de la salud, aquel que les ha permitido influir en el campo de la política, financiando de manera secreta campañas al congreso y presidencia de la República. Esto explica por qué se burlan de los usuarios, de la Constitución y la Ley, que para ellos son letra muerta, porque las incumplen o porque muchas de las normas están hechas a su medida.
En Colombia no hacen falta leyes, hay tantas que se utilizan para mantener la impunidad. En el año 55 d.C. nació el historiador y político romano Cornelio Tácito. En este escrito hacemos mención de una de sus célebres frases, que confirman lo que muchos ya han dicho, que la corrupción es tan vieja como la humanidad. Cito: “Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”. En este orden de ideas, Colombia tiene tantas leyes, como corruptos en todo su territorio.
La salud, constitucional y legalmente está definida como un servicio público a cargo del Estado, así lo dispone el artículo 49 de la Constitución Política:
Una grave crisis
Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.
El gran problema que tenemos los usuarios de la salud, es que no contamos con gobernantes y congresistas honestos, que estén en condiciones de hacerle frente a los abusos y a la corrupción en el sector. Ahora bien: lo más grave, lo más desalentador y lo más preocupante es que el poder judicial, que debería ser el encargado de hacer cumplir la Constitución y la Ley, está sumido en una profunda crisis, y corroído hasta los tuétanos por la podredumbre existente.
En el 2015, se anunció con bombos y platillos la Ley 1751, y muchos colombianos se sintieron felices porque en ella se dispuso:
Derecho fundamental
Artículo 1°. “Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”. Artículo 2°. “Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”. No obstante esta previsión, el mal servicio prestado a los usuarios de salud sigue tan malo como antes de la expedición de la Ley Estatutaria de la Salud.
Hay dos casos paradigmáticos que queremos destacar y que apenas constituyen una muestra de la actitud criminal de los directivos de las EPS, y de los comerciantes de los medicamentos.
En la Clínica Esimed, antes de Saludcoop de la avenida 80, del barrio Belén de Medellín, estalló un escándalo porque se pudo evidenciar que el lugar donde se manipulaban los alimentos, por cada paciente hospitalizado se podían contabilizar por lo menos, doscientas cucarachas. Es decir, la mala higiene y los alimentos contaminados, era la nota predominante. Por estos graves hechos se debe sancionar a los directivos de la EPS, pero también a los funcionarios del área de la salud, por no cumplir con su deber. Pero en Colombia no pasa nada, parece que estuviéramos anestesiados o que en este país no existiera ciudadanía, porque para ser ciudadano, no solo hay que saber qué derechos y deberes se tienen, sino como hacerlos cumplir.
Esta reflexión la hacemos porque entre nosotros, en ocasiones, nos preocupamos más cuando nos dicen que hubo una mortandad de peces, que cuando se informa que en la Clínica Laura Daniela, de Valledupar murieron 16 niños, al parecer porque les suministraron unos medicamentos adulterados. Un hecho tan grave como este, que tiene la característica de un asesinato en masa de niños, tenía que provocar la renuncia del Ministro de Salud y juicio político al Presidente Santos. Los directivos de las EPS y el gobierno, abusan de los usuarios de la salud, porque estos aceptan con resignación todos los atropellos cometidos.
(*) Presidente Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana.
