Una encuesta muestra que la existencia de organizaciones sindicales fuertes logra proteger derechos laborales, estabilidad y, aunque falta, adoptar protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de la Covid-19
Redacción Laboral
“A la pregunta de percepción hecha a las personas que siguen acudiendo a sus sitios de trabajo, sobre si considera que las medidas tomadas son suficientes para proteger la vida y la salud de los trabajadores y sus familias, el 38,6% respondió que no, el 57,9% que sí, y el 3,4% se abstuvo de contestar. La mayoría de quienes respondieron negativamente son de los sectores de flores y palma, quienes han denunciado que no están tomando las medidas de distanciamiento social en vestidores, sitios de toma de alimentos, y transporte; además, de la falta de elementos de protección personal para evitar el contagio y formación adecuada a los trabajadores sobre estrategias para prevenir y afrontar el contagio del covid-19”.
Así lo dio a conocer una encuesta realizada por organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC; Sintrainagro; Fensuagro; Sintraagronicol; el equipo del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales” de la Oficina de la OIT para países Andinos; la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Fescol; el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Corporación Viva la Ciudadanía.
La encuesta tuvo por objetivo analizar los impactos del coronavirus sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras rurales asalariados, y brindar algunas recomendaciones que se podrían impulsar para prevenir y mitigar los efectos de la covid-19 sobre el empleo rural formal.
Según el informe, los encuestados laboran en empresas del sector privado, el 23% en las plantaciones de palma aceitera en el Magdalena Medio y Llanos Orientales; el 49% en las plantaciones de banano del Urabá́ Antioqueño y zona bananera del Magdalena; el 19% en las plantaciones de caña de azúcar del Valle del Cauca; el 7% en los cultivos de flores de Cundinamarca; y el 4% en otros cultivos. El 96,9% de los encuestados son afiliados a alguna organización sindical rural.
En términos globales, y por la exclusión de estos sectores del aislamiento preventivo obligatorio, los trabajadores rurales de las plantaciones siguen prestando personalmente el servicio. Sin embargo, del total de personas encuestadas, el 38,7% tiene enfermedades preexistentes, concentradas en los mayores de 43 años. De este total de personas con preexistencias, el 52% sigue trabajando normalmente, el 25,3% ha sido enviado a casa y sigue recibiendo el salario, y el 20% ha sido enviado a tomar vacaciones obligatorias. “En ese sentido es necesario que tanto empresas como organizaciones sindicales sigan avanzando en la identificación de trabajadores con preexistencias, y acordando con el empleador el pago de su salario sin la prestación personal del servicio”, dice el informe publicado el 8 de junio pasado.
El sindicato, primordial
El documento reconoce que, por la acción de las organizaciones sindicales en las plantaciones, los trabajadores y trabajadoras sindicalizados encuestados gozan de una relativa estabilidad durante la pandemia, pues el 90% tienen contratos a término indefinido y están afiliados a una organización sindical filial de la CUT o la CTC.
Diana Salcedo Novoa, responsable de la coordinación de la encuesta para la Organización Internacional de Trabajo, OIT, dijo a VOZ que desde que inició la cuarentena en este sector ha habido despidos, aunque muy pocos: “Eso tiene varias explicaciones, la más poderosa es que siguen trabajando desde el día uno, no les aplicó el aislamiento preventivo obligatorio, y porque hay sindicatos fuertes y representativos”.
Asimismo, expresó que estas organizaciones son las que han protegido la estabilidad de los trabajadores y exigido los protocolos. “La gente está mejor donde hay sindicatos en las zonas rurales”.
El estudio también hace algunas recomendaciones al Gobierno, sindicatos y empleadores. En primer lugar, que el Gobierno nacional procure reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, para que las empresas que son exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio no adopten medidas que deterioren las condiciones de los trabajadores y trabajadoras rurales en las plantaciones, y actúen en detrimento de los acuerdos logrados entre las organizaciones sindicales y los empresarios.
Por otra parte, recomienda avanzar en el desarrollo de protocolos de bioseguridad por tipos de plantaciones, que permita gozar de una adecuada protección para seguir desempeñando sus labores. Seguir adoptando medidas para mantener los ingresos y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social de las personas que, por sus preexistencias médicas o condición de embarazo, o cuidado de personas mayores o niños y niñas, no puedan seguir prestando personalmente el servicio.
Además, expresa que la responsabilidad sobre la adopción de los protocolos de bioseguridad no solo debe recaer en las empresas y trabajadores, pues las autoridades locales a través de sus Secretarías de Salud deben realizar inspecciones y visitas para promover el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación ante un eventual contagio, así́ como el Ministerio de Trabajo en el ámbito local y nacional.
Finalmente, asegura que el reconocimiento de las organizaciones sindicales en las empresas y sectores económicos es vital. Organizaciones sindicales fuertes y representativas contribuyen al acceso efectivo de los trabajadores y trabajadoras rurales a los derechos del trabajo, y pueden contribuir al diseño conjunto con los empleadores de medidas para afrontar los impactos de la crisis.
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