Luis Jairo Ramírez H.
El 10 de febrero de 1923 un grupo de trabajadores, la mayoría de ellos de origen campesino, se reunió en la clandestinidad, a orillas de la quebrada la Putana, cerca de Barrancabermeja y fundó la Sociedad Unión Obrera, hoy la Unión Sindical Obrera (USO), que en adelante estaría llamada a ser protagonista de importantes luchas, entre ellas, la de ganar espacio para afirmar los derechos de asociación y huelga, en una época en que ni siquiera existía una legislación laboral al respecto.
La lucha de la USO ha trascendido el marco puramente economicista y gremial para levantar la defensa del recurso petrolero como un patrimonio de la Nación, hasta el punto de adelantar huelgas para que se revirtiera al Estado colombiano la Concesión de Mares, en manos de la Tropical Oil Company, objetivo que se logró con el nacimiento de Ecopetrol el 21 de agosto de 1951.
Por eso sorprende una vez más que este hecho histórico sea silenciado por los grandes medios de comunicación, dedicados hoy a canjear la información veraz y la ética periodística por la jugosa pauta publicitaria de Ecopetrol, la Pacific Rubiales y demás multinacionales que saquean nuestros recursos naturales.
Noventa años después, en pleno siglo XXI y en medio de una política minero-energética antinacional que destruye dramáticamente el ecosistema, desplaza a las comunidades de sus territorios, destruye los tejidos sociales, la seguridad alimentaria e incrementa el calentamiento global, la situación de los trabajadores es cada vez más precaria.
Precisamente en estos días la dirigencia de la USO denunció cómo el tratado de libre comercio con Estados Unidos ha desmejorado y desregularizado las condiciones laborales, lo que se ha profundizado con la violación del derecho de asociación a los trabajadores petroleros. Señalan que “los indicadores de violencia antisindical, el número de asociados a los sindicatos, la profundización de las acciones del Estado como de las multinacionales que violentan el derecho a la organización se han duplicado”.
En el sector petrolero cerca del 80% de los trabajadores no cuentan con contratos laborales dignos, están desregularizados, con imposibilidad de organización, con contratos firmados cada dos y tres meses. Esto también aplica en todos los sectores de la economía colombiana.
“Tanto el gobierno nacional, multinacionales y la Fuerza Pública señalan reiteradamente a los trabajadores de pertenecer a grupos armados ilegales, deslegitimando la acción del movimiento sindical pero además legitimando el asesinato de líderes de los trabajadores”.
A propósito de la apuesta de la USO por la solución del conflicto interno, debe incluirse una política minero-energética que responda no a la “confianza inversionista” ni a la prosperidad de las multinacionales y el sistema financiero, sino a los intereses nacionales y al bienestar de los trabajadores y la población.
