La Universidad Popular del Cesar se defiende

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Con paro estudiantil y movilización social, estudiantes cesarenses luchan contra la privatización de la universidad pública del territorio

Yessica Arandia

La situación de muchas universidades nacionales y regionales en el país parece estar sumergida en un ir y venir de desfinanciación y politiquería que no termina. Las deudas de diferentes administraciones departamentales con las universidades públicas, que además pasan por las responsabilidades del Gobierno nacional para tramitar las soluciones respectivas, se acrecientan con el paso de los años sin que haya una regulación o control de lo que sucede.

Esta situación se exacerba hoy en el no pago de nómina de profesores y otras situaciones que evidencia crisis económica y de administración relacionadas con la incidencia de la politiquería en su manejo.

Sumergida en lo anterior se encuentra la Universidad Popular del Cesar, UPC, por lo cual dialogamos con Jefredy Sánchez estudiante de derecho de la UPC y miembro del comité ejecutivo de la ACEU y con Jesús Maldonado, militante de la JUCO y egresado del programa Licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental de la UPC.

Clanes y paramilitarismo en el César

“Lo que hoy pasa en la UPC viene de una problemática de fondo de representatividad legal, donde en menos de dos años hemos tenido siete rectores encargados y ninguno en propiedad, situación que claramente llevó a tener una mala administración que por los clanes políticos de Ape Cuello y José Gnecco sumieron la academia en una crisis financiera, ideológica y crítica”, afirma Jesús.

Y es que el ambiente de politiquería en el Cesar pasa por la influencia de los Cuello y los Gnecco como “castas” que disputan el poder en el departamento. Sobre Ape Cuello por ejemplo, se recuerdan sus lazos con la parapolítica en 2010 desde donde de manera milagrosa salió librado de esta investigación como muchos otros congresistas. Y sobre José Alfredo Gnecco, lo rodea la amplia relación de su familia con la “ñeñepolítica”, el paramilitarismo y bandas de narcotráfico y sicariato al punto de reconocerse la existencia del llamado Clan “Gnecco Cerchar” de la costa atlántica.

No podría aquí dejar de mencionarse a su papá Lucas Gnecco condenado por corrupción y paramilitarismo y a su hermano, José Amiro Gnecco vinculado con malversación de recursos del Estado, quien además es esposo de Vicky Dávila actual directora de la revista Semana, medio que defiende al uribismo abierta y férreamente.

“Esta situación que deja ver los niveles de paramilitarismo en la conducción de las instituciones del Cesar como la UPC, también está llevando a la universidad lentamente a una privatización total que hoy se observa con los altos costos de la matrícula que oscila entre el $1.500.000 el semestre, con posibilidad de aumentar.

En ese orden de ideas, desde el análisis del movimiento estudiantil vemos que el desarrollo del semestre 2022-2 de la UPC corre peligro, esto se debe a que, hasta el año 2020 el Ministerio de Educación Nacional, asignó recursos adicionales a todas las Instituciones de Educación Superior, para cubrir las obligaciones laborales, sin embargo, desde la vigencia 2021, ya no se cuenta con el mencionado aporte y corresponde a la universidad asumir el compromiso de manera integral”, comenta Jefedry.

En peligro

Ante esta situación, donde hay que recordar que la UPC tiene carácter nacional, gran parte de las trasferencias que recibe dependen del Gobierno nacional y de las regalías que trasfiere el departamento a la universidad producto de la actividad extractivista (carbón). A propósito de lo anterior, Jefredy indica: “Resulta que de la vigencia fiscal 2021 de la Seccional Aguachica está pendiente por cancelar la suma de $903.782.824 pesos a los docentes ocasionales y catedráticos, del mismo modo, en Valledupar se adeudan $6.708.039.465 pesos a los docentes ocasionales y catedráticos.

La UPC se ve obligada a cubrir la deuda con recursos presupuestales de la vigencia fiscal 2022, es decir, que de los $31.739.207.241 pesos aprobados por el Consejo Superior Universitario según el Acuerdo 036 del 23 de diciembre de 2021 del presupuesto para el pago de docentes de la vigencia 2022, se tiene que descontar el valor de $20.543.565.394 pesos correspondientes a la cuantificación de la carga del primer semestre del 2022 aprobada en consejo académico, quedando presupuestalmente $11.195.641.847 pesos, de los cuales se deben descontar los $7.611.822.290 pesos de las prestaciones sociales de la vigencia 2021, arrojando un saldo de $3.583.819.560 pesos aproximadamente de presupuesto para cubrir la vinculación de los docentes ocasionales y catedráticos del segundo semestre de la vigencia 2022”.

Lo anterior, evidencia un manejo profundamente desordenado de los recursos de la educación superior en el Cesar y que, deja el sinsabor de lo que sucede con los dineros públicos, por ejemplo, antes de 2021, implica además que como única estrategia se aumente el costo de la matrícula estudiantil y de algunos otros servicios, lo cual además aún no resuelve el pago de nómina, por cuanto la vinculación de catedráticos para el inicio del primer semestre de 2022 está en veremos sobre todo por la deuda de por lo menos cuatro meses de salario a maestros, además del riesgo de la no continuidad de alguno de los programas.

Movilización estudiantil y exigencias

Entendiendo que es responsabilidad del Gobierno nacional establecer una estrategia de financiamiento, Jesús afirma: “Hoy sólo se piensa la privatización y el ingreso del neoliberalismo en las IES, en ese orden de ideas, el movimiento estudiantil a través del trabajo colectivo con docentes y colectivos locales, hemos estado en la construcción de un proceso de movilización a través de paro escalonado y toma de facultades para la suma de fuerzas de estudiantes que hoy no comprenden en su totalidad la problemática de fondo.

Sin embargo, durante ese proceso se ha logrado notar una administración desinteresada que rechaza el diálogo que hoy se exige, es por ello que actualmente se ha decidido no tener mesas de negociación hasta no establecer un rector en propiedad que pueda tomar decisiones a largo y mediano plazo”.

Sobre los fines de la movilización, las y los estudiantes nos compartes los puntos que están sobre la mesa: 1) El pago del salario a los docentes y la dignificación laboral, 2) Compromiso del Gobierno nacional para recuperar y aumentar la financiación de la universidad, 3) Reforma estructural a los pensum académicos, donde se analice la contratación de docentes que hoy desangran la academia, 4) Reforma general a los estatutos, entendido que luchamos por una verdadera participación democrática en la escogencia de rector y demás funcionarios de la U y 5) Construcción de un plan de alimentación y de nuevas estrategias de estudiantil. Es así como, el paro de estudiantes por la defensa de la UPC, ¡continúa!