Para los trabajadores la causa del desbarajuste es el manejo politiquero del rector y el Consejo Superior, sumado a una planta de personal paralela, mediante nombramiento de 650 personas en 2014.
Nelson Lombana Silva
La universidad pública del Tolima todavía no ha podido abrir sus puertas para inicio del primer semestre de este año, por la arremetida del neoliberalismo, aunado a la corrupción, el tráfico de influencias, nóminas paralelas, despilfarros, etc. Hay todo un complot para justificar la privatización del alma máter, bajo la mirada pasiva y casi indiferente del gobernador Oscar Barreto Quiroga, la rectoría en cabeza de José Herman Muñoz Ñungo y al parecer el mismo Consejo Superior.
Los estudiantes y los trabajadores vienen haciendo resistencia heroica con sus continuas movilizaciones callejeras, plantones, conferencias, encuentros y distintos eventos culturales que buscan llamar la atención del alto gobierno y por supuesto de la ciudadanía en general. Durante reciente visita a Ibagué del presidente Santos, cientos de estudiantes se apostaron en los bajos de la gobernación denunciando el agudo drama que vive la universidad y la urgencia que le inyecte el dinero necesario para su funcionamiento. En esta cruzada se han sumado los sindicatos clasistas organizados en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con el fin de hacer causa común.
Para el rector José Herman Muñoz Ñungo, los responsables de la crisis son los trabajadores por la política de dignificación de 2012, cuando 354 de ellos pasaron de supernumerarios a provisionalidad, garantizando así el derecho al trabajo y a la dignidad laboral. Para los trabajadores la causa del desbarajuste es el manejo politiquero del rector y el Consejo Superior, sumado a una planta de personal paralela, mediante nombramiento de 650 personas en 2014.
“En el 2012, durante la actual administración, recibió cerca de 127 mil millones de pesos de ahorros que soportaban los gastos del personal a cinco años, pero la administración incorporó al presupuesto de gastos generales esta suma para el año 2013, ocasionando una falsa opulencia puesto que estos recursos no se inyectaban año a año. Así, se incrementó la base presupuestal del centro universitario”, explica el líder de Sintraunicol, Mauricio Rodríguez.
En el 2014, se infla el presupuesto con dineros de difícil recaudación, tal la fuerte suma que la gobernación le adeuda a la universidad y que según Rodríguez asciende a la suma de 11 mil millones de pesos, cuando en el último fallo del Juzgado Séptimo de Ibagué, solo se reconocen $1.800 millones. Se incluyó, adicionalmente, un crédito por 10 mil millones de pesos, pero no se tramitó.
En el 2015, este crédito pasó a ser de 30 mil millones de pesos, el cual tampoco se tramitó. En diciembre de 2014, que es cuando sale el acuerdo de presupuesto para 2015, se incorporaron cerca de 4 mil millones de pesos por recursos de balance, pero a 31 de diciembre de 2014, la universidad presentaba un déficit de 5.400 millones de pesos.
Fruto de ese déficit la universidad comienza a tener una alta reserva de cuentas por pagar que asciende a cerca de 34 mil millones de pesos, que impactaron negativamente el presupuesto de 2015, cerrando el año con un déficit cercano a los 20 mil millones de pesos.
El presupuesto para el año 2016, se tazó en 127 mil millones de pesos, lo cual pone en riesgo la continuidad de la universidad pública.
“Es por esta razón –señala César Mauricio Rodríguez– que los trabajadores de la universidad nos declaramos en asamblea permanente desde el 14 de enero de este año y tomamos la decisión de cerrar la puerta principal como mecanismo de visibilización de la crisis por la cual atraviesa la universidad”.
“En sesión del Consejo Superior realizada el 29 de enero, el rector dijo que la mejor forma de salvar la universidad era declarándola en ley 550, siendo para los estudiantes y trabajadores imposible y absurdo, pues implicaría la privatización”, señala Rodríguez. Agrega: “Creemos que el actual rector le está haciendo el favor al ministerio de Educación de convertir a la Universidad del Tolima en el laboratorio para la aplicación de la ley 1740 de inspección y vigilancia de instituciones de educación superior, para ser aplicada en las universidades públicas del país, violentando el principio constitucional de autonomía universitaria”. Subraya: “Nuestra consigna de lucha es: “No a la reestructuración, no a la intervención, sí a la autorregulación”.
La crisis profunda que padece la Universidad del Tolima es fruto de un nuevo zarpazo del modelo neoliberal que fiel a la política mercantil busca por todos los medios entregarla a los privados. Adicionalmente, hay estudiantes que señalan la pugna entre el santismo y el uribismo por imponer su poder al precio que sea. La universidad sería clave en un posible posacuerdo de paz entre las FARC – EP y el gobierno Santos y al parecer a esto le están apostando estas dos fuerzas, que en realidad son una sola con dos matices diferentes.
