La virtualidad se convierte en una modalidad de enseñanza que obliga a las instituciones de educación a modernizarse, lo que a su vez exige políticas de cobertura y acceso a una educación de calidad como lo recomienda la Unesco, condiciones que en el país son deficientes
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en igualdad de oportunidades; no dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; y revisar las políticas en curso para asegurar medidas estructurales que entiendan la educación como un continuo donde las trayectorias educativas deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta la educación superior.
Los anteriores son tres de los principios que para la Unesco se deben tener en cuenta al momento de planificar la salida de la crisis o el regreso a la normalidad de las Instituciones de Educación Superior, IES, públicas y privadas.
Así se recomendó en un documento intitulado Covid-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después, construido por el equipo técnico del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior, IESALC, y publicado en el mes de mayo.
El informe inicia con una caracterización de los efectos de la pandemia sobre la educación superior, en la que detalla los mismos en profesores, estudiantes y personal administrativo de estas instituciones educativas.
En ese sentido, expresa que en el caso de los estudiantes el impacto más inmediato ha sido que el cese temporal de las actividades presenciales los deja sin una idea clara de cuánto tiempo van a durar los “impactos inmediatos sobre su vida cotidiana, los costes soportados y sus cargas financieras y, por supuesto, la continuidad de sus aprendizajes y la movilidad internacional”. (Gráfico 2).
Sobre el particular, la estudiante Sarah Klinger de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, de la Universidad del Cauca identifica varias dificultades en el orden académico desde el inicio de la pandemia por la premura del Ministerio de Educación de virtualizar: “Hay una improvisación de las instituciones educativas para solventar la emergencia y faltó planificación, por eso es evidente el difícil acceso a tecnologías y a conectividad, lo que demuestra un abandono estatal de la educación”.
En el documento, la Unesco recomienda a los gobiernos, en el contexto de la progresiva salida de la crisis, contar con la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación económica y social. Es aquí donde se develan contradicciones y visiones. Pues la coyuntura ha permitido revitalizar las controversias sobre las percepciones de los objetivos de la educación existentes entre el Gobierno nacional y el movimiento estudiantil, ya que -en palabras de Sarah-, desde el Estado se llama al reinicio de las clases en el contexto de la visión neoliberal, de la mercantilización de la educación y de la reactivación económica.
En contraposición, para los estudiantes organizados la discusión radica en la calidad educativa, es decir, de la formación integral y profesional que se verá disminuida en el segundo semestre 2020 por la precariedad de la virtualización. Aspecto esencial para que la educación sea primordial en la salida de una crisis.
Un cambio abrupto
Sobre los efectos de la crisis en el profesorado, el documento identifica que este también sufre afectaciones en lo laboral y en lo profesional. Aclara que no todas las IES tienen estrategias de continuidad de la actividad docente y, en su ausencia, los contratos temporales pueden quedar invalidados. Por otra parte, el impacto más evidente sobre ellos es la expectativa o exigencia de la continuidad de la actividad docente bajo la modalidad virtual.
Acerca de los efectos en la contratación y en las formas de laborar de los docentes universitarios, Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, aclaró que en el caso colombiano en el sector privado sí ha habido recortes y suspensiones, aunque en el estatal no.
“En las públicas, como ASPU preveíamos que iba a haber disminución en la contratación, pero hay un decreto que dice que a los profesores de las IES públicas se les debe garantizar la continuidad en la vinculación mientras perdure la pandemia, aunque se ha hecho con un menor número de horas por la reducción de estudiantes producto de las deserciones”, dijo a VOZ Pedro Hernández.
En el tema de las clases virtuales o clases remotas adoptadas en el contexto de la pandemia, el profesor Hernández señaló la complejidad de la medida por la relación en la cantidad de clases teóricas y prácticas, y porque las segundas no pueden ser remplazadas por simulaciones: “En medicina no se pueden simular las condiciones de un paciente. En agronomía pasan cosas similares, hay cursos que no se pueden remplazar por simulaciones en un computador. Lo mismo sucede con ingenieros como los mecánicos o mecatrónicos”.
La Unesco identifica al personal no docente de las universidades como el más vulnerable en cuanto a la posible reducción de puestos de trabajo que, por ejemplo, las universidades privadas tendrían que implementar ante una posible contracción financiera “debido a la cancelación de aranceles o reducción de matrículas estudiantiles.
“Parece claro que en todo el mundo el cese temporal de las actividades presenciales de las IES ha operado como un enorme disyuntor sobre su funcionamiento. El impacto de esta disrupción es muy variable y depende, en primer lugar, de su capacidad para mantenerse activas en sus actividades académicas y, en segundo lugar, de su sostenibilidad financiera”.
El futuro inmediato
Para el regreso a la presencialidad, la Unesco recomienda prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, evitando la precipitación y ofreciendo, desde el primer momento, claridad en la comunicación a toda la comunidad académica y seguridad administrativa y académica, de forma que profesorado, personal administrativo y de servicios, y estudiantes puedan ubicarse en el nuevo contexto.
La reanudación de las actividades presenciales de las IES debe verse como una oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, prestando especial atención a la equidad y la inclusión.
Y, que gobiernos e IES generen mecanismos de concertación que permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis, cualquiera que sea su naturaleza. Es absolutamente imprescindible involucrar a los estudiantes, al personal docente y no docente en el diseño de las respuestas que las situaciones de emergencia demanden.
Al volver sobre los principios que la Unesco recomienda para reabrir las IES y regresar a la presencialidad, se encuentran obstáculos propios del modelo político impuesto en el país, es decir, la falta de democracia en la toma de decisiones.
Sobre el futuro de la educación el presidente de ASPU prevé que el sector privado se adecuará para sostener el negocio, programando muchos más cursos virtuales, ya no por la pandemia sino por el ahorro de costos al disminuir el número de profesores y cambiando a muchos de ellos por tutores.
No obstante, la virtualidad tendrá límites en la medida que los estudiantes no van a pagar por cursos virtuales ya que se sentirían estafados y querrán la presencialidad por todas las ventajas que esta ofrece.
Para la Unesco la virtualidad es de importancia, aunque advierte que no se puede caer en “el error de confiar exclusivamente en la educación online, que solo permite garantizar oportunidades de continuidad del aprendizaje a los jóvenes bien equipados y conectados. El recurso a tecnologías que exigen conectividad estable y con ancho de banda tiene un especial impacto en los sectores más vulnerables. El acceso a internet no siempre es posible y cuando lo es, la conectividad muchas veces tiene deficiencias.
“Las clases que se transmiten en streaming, por ejemplo, son de mayor dificultad de acceso por la cantidad de datos que gastan y la calidad de conectividad que demandan. En este sentido, la virtualización tiene un especial impacto en los estudiantes en desventaja social y económica que solo recientemente se han beneficiado de los procesos de democratización y masificación en el ingreso a la educación superior. Siendo la virtualización la principal herramienta educativa para sostener el funcionamiento de la educación, debe considerarse la enorme brecha digital. Su existencia debe ser reconocida, no para impedir la virtualización, sino para diseñar estrategias y mecanismos de apoyo que ayuden a combatirla con más intensidad aún”.
Es justo en este tópico donde el profesor Hernández hace hincapié al referirse a las deficiencias o falencias en infraestructura de las IES públicas. Estas deben ajustarse a la educación virtual, lo que implica una adecuación tecnológica no solo en la infraestructura educativa, sino en redes públicas de conectividad para que llegue a barrios marginados y aumentar la cobertura. Carencias que quedan más en evidencia gracias a la crisis producto del coronavirus.
“Conectividad y máquinas para los estudiantes ya sean laptops o tablets. Plata para mejorar toda la plataforma digital de las universidades como servidores, acceso a bibliotecas virtuales y mejorar el bienestar universitario. Pero también garantizar la matrícula cero ya que los hogares quedarán muy mal luego de la pandemia”, agrega el presidente de ASPU.
Más allá de la tecnología
El documento Covid-19 y educación superior también recomienda la promoción de la innovación aprovechando el potencial de la digitalización para hacer realidad el principio del aprendizaje ubicuo o móvil, lo que implica reconocer el potencial de los teléfonos celulares como herramientas de comunicación y de aprendizaje; promover la mejora de las condiciones para acceder a equipamientos y, sobre todo, a paquetes de conectividad móvil que faciliten que los estudiantes y el profesorado mejoren su capacidad tecnológica; recuperar programas de radio y televisión y digitalizarlos para que sean accesibles a través de canales educativos o como podcasts; extender, por medio de tecnologías de bajo coste, la posibilidad de grabar clases presenciales que sean debidamente curadas por los centros de recursos o bibliotecas de las propias IES; y redefinir las modalidades contractuales de los docentes, teniendo en cuenta las implicaciones del teletrabajo y la docencia en línea; entre otras cosas.
Sin embargo, y al ir más allá de las recomendaciones para aprovechar mejor la tecnología, Ancízar Narváez, docente universitario y doctor en educación, cree que el panorama de las universidades en el país luego de la crisis de salubridad en la que se encuentra el orbe y en el contexto de las actuales políticas nacionales, no es alentador.
Para él habrá mayor deserción y crisis en infraestructura en las universidades públicas: “La emergencia destapa el hecho de que, aunque haya más teléfonos celulares que habitantes, eso no garantiza la calidad ni la cantidad de la educación. Hay casi un 50% de hogares que no tienen conexión”. (Gráfico 4)
Acerca del incremento de la virtualidad en la formación universitaria, Narváez encuentra aspectos negativos, ya que el sistema educativo no solo cumple la función de transmisión de conocimiento, sino de socialización y vida pública, actualmente eliminada por el confinamiento: “La vida universitaria no es solo la vida pública y la interacción, sino la complementariedad cultural con el conocimiento, por eso es un empobrecimiento de la educación. Si tengo 50 estudiantes en dos grupos, a los cuales nunca he visto, nos tenemos que limitar a intercambiar algunas palabras durante la clase”.
En conclusión, para el doctor Narváez las implicaciones más graves no son ni siquiera lo tecnológico ni el acceso, sino la pérdida de la vida universitaria.
En términos generales, la calidad de la educación, más allá de aspectos de cobertura tecnológica, depende también del modelo económico y político, porque de estos se desprenden las políticas a aplicar en cuanto a qué enseñar, cuándo, cómo, para qué y a quiénes.
Asuntos que deben resolverse en democracia, es decir, con la participación real de todos los estamentos universitarios como lo recomienda la Unesco, y con este estado de cosas Colombia no cuenta. Por lo contrario, la educación se ve inmersa en un proceso de desfinanciación y privatización, por lo que documentos o recomendaciones como estas seguirán siendo letra muerta.
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