La U del Atlántico, en el pasado

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Se hace necesario armonizar relaciones y reactivar todo lo actuado, porque las propuestas están, han sido discutidas y solo falta aprobarlas para que el Estatuto General cambie y con él se modernice nuestra universidad que es el objetivo a cumplir

José Gabriel Coley

Muy a pesar de la Constitución colombiana de 1991 que consagró en su artículo 69 el principio de la autonomía universitaria por el que se viene luchando hace más de un siglo desde el manifiesto de Córdoba, Argentina (1918), y que fue expresado en materia de educación superior a partir de la ley 30 de 1992, la Universidad del Atlántico sigue anclada en el viejo país. En la práctica continuamos en la Constitución del siglo XIX, asumiéndose todavía nuestro funcionamiento como si fuera una secretaría más del despacho de las gobernaciones.

Desde fines del siglo pasado cada universidad departamental adaptó sus estructuras a la nueva Ley de Educación Superior, sosteniendo la invitación a cogobernar en un Consejo Superior de ‘mayoría’ universitaria (5), negociando equilibrio con los votos del gobierno y de los gremios económicos (4). Las universidades cambiaron, convirtiéndose en entes autónomos que se autodeterminan.

Esto es, la educación superior no podía seguir siendo manejada desde el Estado como en el decreto ley 080 de 1980; porque a los estamentos básicos (profesores y estudiantes) había que consultarlos en la toma de decisiones junto con los otros votos representativos de los Consejos Superiores Universitarios. No somos convidados de piedra ni menores de edad en el sentido kantiano como se nos trataba en el viejo país.

Universidad intervenida

No obstante, en la Universidad del Atlántico seguimos manejados por el poder deontológico y no por el poder epistemológico que es el que por derecho propio nos pertenece: el poder del saber. Hemos sido intervenidos con rectora impuesta desde el poder central en tiempos de Uribe, se nos aplicó la ley 550 (ley de quiebra), el gobernador Verano que antecedió (dos veces) a Elsa Noguera, nunca hizo respetar la ley de la autonomía regional y menos la autonomía universitaria, que es por lo que estamos luchando internamente desde 2018 en un largo movimiento con paros, tomas, asambleas permanentes, movilizaciones, heridos y hasta una estudiante muerta.

En medio de todo y como un gesto de buena voluntad con la actual gobernadora recién posicionada, en marzo de 2020, el paro y la toma larga se levantaron con compromisos apremiantes que aún estamos esperando pacientemente que se cumplan. Por ello estamos escribiendo desde principios de este año 2021.

Hemos tenido conocimiento que por fin nuestros sucesivos requerimientos han sido escuchados y tal parece que existe la disposición a proceder con cronograma urgente a resolver los acuerdos pactados. Se nos dice que, les cayó todo el peso de la pandemia encima, se equivocaron con un rector encargado que es un estorbo y, en general, que no ha habido celeridad en el proceso.

Que se cumplan los acuerdos

Por ello, y en aras del discurso de entendimiento de cogobernar y no de imponer que hemos venido sosteniendo, se hace necesario armonizar relaciones y reactivar todo lo actuado, porque las propuestas están, han sido discutidas y solo falta aprobarlas para que el Estatuto General cambie y con él se modernice nuestra universidad que es el objetivo a cumplir. De lograrse esto, habría consulta para rector hacia fines de junio y nombramiento en propiedad, legal y legítimo en julio. Es lo que se ha podido captar al respecto.

Sería la salida aceptable y urgente que está represada, siempre y cuando sean estos los últimos plazos y se cumplan. Todo está servido y solo falta operatividad y voluntad política; y la presidenta del Consejo Superior es la encargada para que todo se ejecute respetando los tiempos. Ese es su imperativo moral.

Doctora Elsa Noguera: tiene usted la oportunidad de empezar a poner la casa en orden desde la próxima reunión del Consejo Superior, sin más dilaciones. La Universidad del Atlántico debe salir del reparto como en el resto del país y, en una nueva relación costo–beneficio, todos saldremos gananciosos en el desarrollo del departamento, la región y Colombia. Todavía tenemos suficientes fortalezas académicas a pesar de la crisis económica y la malsana contratocracia. Sí, somos orgullosamente la universidad de los pobres, pero no podemos llegar a ser una pobre universidad. Por ahora es suficiente.