Los trabajadores han hecho todos sus reclamos de acuerdo con los procedimientos exigidos por la ley, aun así, no ha habido soluciones
Alfonso Ahumada Barbosa
En Colombia son famosas algunas universidades por sus buenos resultados. La Fundación Universidad Autónoma de Colombia, FUAC, es una de ellas. Muchos egresados, buenos trabajadores –docentes y no docentes- y más de 300 trabajadores lo han hecho posible.
De las facultades existentes, Derecho es muy importante. Se estudia y se aplica. En este momento de conflicto queda demostrado, partiendo de valorar y respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, toda la normatividad con las leyes y decretos, sentencias de obligatorio cumplimiento para evitar que los enemigos apelen a interpretaciones que reversen el interés que tienen los trabajadores.
Un propósito, tratar de atajar el atropello e incumplimiento patronal. Estos tienen el poder y les permite hacer y deshacer, sea legal o ilegal su procedimiento. Lo contrario nos ocurre a los trabajadores que estamos obligados a soportar la tortuosa tarea que garantice la legalidad de nuestra acción.
Muchos esfuerzos hicieron los sindicatos Sinprofuac y Sintrafuac para que se cumplieran las obligaciones laborales. Muchas reuniones con propuestas alternativas sin resultados positivos. Pasaron los años sin ser escuchados por las administraciones de turno.
Hoy, la respuesta cínica del presidente Hoyos, con su posición inmodificable de “No hay, no tengo dinero, no puedo pagar”, es totalmente falsa, pues la FUAC cuenta con cerca de 5.000 estudiantes, con promedio de pago de $4.000.000 el semestre, que significa ingreso aproximado de $20.000.000.000, suma suficiente para cumplirle a los trabajadores y atender de la mejor manera al estudiantado.
Esa actitud obliga a recurrir a un hecho legal: declarar la huelga, imputable al patrón por incumplimiento en el pago de salarios, seguridad social, violación de la convención colectiva, etc.
Todo se hizo con la presencia y vigilancia de las autoridades gubernamentales, entre ellas, los ministerios de Trabajo y Educación que, se supone, deben ser prenda de “garantía”.
Se realizaron las asambleas para que los trabajadores voluntariamente votaran o no por la huelga. Allí hicieron presencia delegados de los ministerios, quienes comprobaron la decisión de declarar la huelga. Se cumplió lo legal, dentro de los términos, se declaró la hora cero y se inició.
Mintrabajo asistió garantizando la entrega de las instalaciones a los representantes de los trabajadores. Se cumplió lo legal. Transcurre más de un mes de huelga y no hay solución alguna. El patrón, por su parte, continúa violando la ley y apropiándose de los recursos de la FUAC. Los sindicatos cumplen la ley, pero los trabajadores continúan aguantando hambre. Seis meses sin recibir salarios, sin seguridad social y esperando que el Gobierno actúe. Dan ejemplo de valerosa resistencia e inquebrantable decisión de hacerse respetar. La presencia solidaria de los sindicatos y otras organizaciones no se ha hecho esperar.
Resistir, hasta cuándo
¿Será que los trabajadores de la FUAC necesitan, para volver a la normalidad, de un presidente irresponsable y duramente cuestionado por sus actos deshonestos? ¿Necesitan de un cuerpo “directivo” que cohonesta con la actuación irregular de personajes como el presidente? Queda, por lo menos para la reflexión.
La FUAC cuenta con lo fundamental para su buen funcionamiento: Cerca de 5.000 estudiantes que pagan su semestre-, buena cantidad y calidad en profesores, muy buen equipo de trabajadores de planta y administrativos, (excepto los corruptos identificados y denunciados) y con amplias y modernas instalaciones.
Es un acumulado que garantiza el buen desempeño de la FUAC. Solo faltaría que los trabajadores y sus organizaciones sindicales asuman el reto de recuperar la institución, que es perfectamente viable.
Dar el paso adelante implica tomar la decisión de cambio. Hacer conciencia de que los verdaderos dueños de la FUAC son los trabajadores –docentes y no docentes- y como tal, dar ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones. Sí existen buenos administradores. Igual, se cuenta con un contingente de estudiantes contentos con su universidad.
El paso a seguir puede ser ese y debe ser lo más pronto posible. El tiempo apremia. Al final, el Gobierno estaría obligado a respaldar esa gestión, pues se trata de garantizar derechos fundamentales: derecho al trabajo, derecho al mínimo vital, derecho a la familia, derecho a la vida, derecho a la educación. Es lo más legal que puede ocurrir. Si su participación es mediante “inspectores”, que lleguen. Seguro que serán bien recibidos.
