La soberanía subastada

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Foto: Louis Vest via photopin (license)

La primera condición para que un país acepte las políticas económicas y sociales de una potencia extranjera, es que su clase dirigente no tenga ninguna voluntad de defender la soberanía nacional y la autonomía de sus decisiones. Es lo que acontece con la clase dirigente colombiana.

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José R. Llanos

Una de las tareas más acuciantes del movimiento progresista y revolucionario del país es lograr congelar y finalmente derrotar la política privatizadora de la clase gobernante colombiana. Si las fuerzas contra esa política no se unen y elevan los niveles de lucha del pueblo, la burguesía, al cabo de pocos años, habrá privatizado todas las empresas estatales. prestadoras de servicios, incluso empresas de importancia estratégica. La prioridad de la hora es articular el movimiento por la defensa del proceso de paz con la identificación de otros objetivos como el de la lucha contra el modelo neoliberal y sus estrategias de informalización del trabajo para destruir el sindicalismo, con la finalidad de intensificar la explotación de las fuerzas de trabajo y optimizar la rentabilidad de la inversión. En esa forma se estimula la demanda por las empresas oficiales ofrecidas en venta.

Otra forma de atraer al capital extranjero y aumentar la demanda para la oferta de las entidades oficiales en el mercado nacional, es reducir los impuestos a los inversionistas tal como lo hizo Álvaro Uribe Vélez. Si tenemos en cuenta que las empresas ofrecidas son las que producen elevadas utilidades al estado, se pone en evidencia lo absurdo de esa política, ya que no solo se dejan de recibir los ingresos producidos por las ganancias de las entidades vendidas, sino que además se reducen las cantidades percibidas por los impuestos.

La primera condición para que un país acepte las políticas económicas y sociales de una potencia extranjera, es que su clase dirigente no tenga ninguna voluntad de defender la soberanía nacional y la autonomía de sus decisiones. Es lo que acontece con la clase dirigente colombiana. Ni siquiera ha tenido como referente para construir sus estrategias estatales las reflexiones políticas contenidas en la obra de Simón Bolívar, especialmente en La Carta de Jamaica. Por supuesto, tampoco ha tenido en cuenta las ideas del cubano José Martí, quien también consideraba que las naciones latinoamericanas debían elaborar políticas diferentes a las de los Estados Unidos para tener las posibilidades de defender la cultura y los recursos de nuestros continentes del apetito del imperialismo del norte.

Una explicación de la facilidad con que son aceptadas las políticas y planes diseñados en los Estados Unidos, es debido a que los gobernantes colombianos son formados en las universidades de ese país y en estas instituciones se elaboran las teorías más eficaces para instrumentalizar el sometimiento de los gobiernos continentales a las orientaciones y estrategias que hacen posible usufructuar los recursos naturales, especialmente los minerales, el petróleo y las empresas rentables. En esta época la teoría impuesta es la contenida en el neoliberalismo.

Como consecuencia de la imposición de las políticas neoliberales y del Consenso de Washington, los gobiernos nacionales empezaron a privatizar las instituciones oficiales prestadoras de los servicios de salud, de telefonía, los bancos, las generadoras de energías, como Isagén y los puertos. Una de las privatizaciones más nefastas es la de la salud, con graves secuelas para la población más pobre y aún de la clase media. Se entronizó el doloroso y recurrente paseo de la muerte. Paseo letal al que están condenados a recorrer los pobres de Colombia, como resultado inevitable de la aplicación de las imposiciones imperiales que benefician a las transnacionales y lesionan a los colombianos.

La entrega de las empresas nacionales mediante subastas con postores únicos, debido al hecho de que las empresas vendidas a precios irrisorios y en algunos casos con prácticas ilegales y con procedimientos de corrupción, esas privatizaciones han concitado un masivo rechazo, aún de medios de comunicación burgueses, como acaba de acontecer con la venta de Isagén, en contra de la oposición de una gran parte de la ciudadanía, más del 80% de opositores como lo ha demostrado una encuesta reciente de Yanhaas.

La dinámica privatizadora ha sido de tal naturaleza, que en estos momentos el gobierno Santos tiene menos de cien empresas estatales para vender, la de mayor valor es Ecopetrol. Esta situación debe alertar a los sectores nacionalistas y progresistas, ya que las políticas aplicadas en los últimos años han sido tan lesivas para la economía del país que Colombia no cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo y las necesidades de la población, por tanto ya están subastando hasta los páramos. Solo el movimiento popular unido puede evitar que entreguen a la avaricia del capital extranjero los páramos, principales fuentes de los ríos, proveedor de alimentos y, además, comunican las distintas regiones. Para evitar que se ferie todo, debemos unir y organizar la izquierda para acceder al poder y cambiar esas políticas.