De manera paulatina se han deteriorado las condiciones de trabajo, servicio de salud y pensión de los docentes del país, sin soluciones desde el gobierno nacional. Estudian la posibilidad de un paro nacional
William Agudelo
Presidente Asociación Distrital de Educadores, ADE
Los 345 mil maestros del sector público sufren un franco deterioro de sus condiciones laborales a raíz de reformas como el acto legislativo 01 del 2002 y la ley 715 del mismo año, impuestas por Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana.
Estas son algunas de las medidas adoptadas por ese gobierno: disminuyó en cerca de nueve billones de pesos el presupuesto para la educación; dividió al magisterio en dos estatutos, el 2277 de 1979 y el 1278 de 2002; aumentó la jornada laboral de 20 a 22 horas de clase y el tiempo de permanencia de seis a ocho horas; aumentó la hora clase de 45 minutos a 60.
Este aumento de la jornada laboral y escolar ha llevado a un desgaste físico y mental, generando un crecimiento de las enfermedades de los educadores y, por ende, de las incapacidades. En el primer semestre de 2013 en Bogotá fueron incapacitados los docentes en 102.075 días, que equivalen a 279 años, y las enfermedades de mayor incapacidad fueron, para el caso de Bogotá, las del sistema respiratorio -por el clima y las condiciones laborales-. Lo preocupante son los trastornos mentales y de comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, problemas musculares, del sistema digestivo y las disfonías. Los trastornos mentales están por encima de las disfonías, afecciones ligadas a los maestros por su labor.
Con el estatuto 1278 de 2002, se impuso el sistema de evaluación a los educadores que atenta contra la estabilidad laboral y sus derechos, como la evaluación del periodo de prueba con duración de un año; la evaluación de desempeño que ha servido para perseguir, amedrentar y disciplinar a los educadores; y la evaluación de competencias que no les permite ascender ni reubicarse en el escalafón, al someterlos a unos exámenes donde deben obtener más de 80 puntos.
Por estar ligada esta evaluación a la disponibilidad presupuestal, de antemano se fija el porcentaje de docentes que deben pasar, dejando a una gran cantidad de ellos con el título de maestría o doctorado pegado en la pared al no poder ascender.
Régimen pensional y prestacional
Con la ley 812 de 2003, expedida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se modificó el régimen pensional y prestacional de los educadores que ingresaron a la carrera docente después del 26 de junio del 2003; las posibilidades de pensionarse son diferentes a la de sus compañeros vinculados antes de esa fecha. “Para estos últimos aplica el régimen de prima media con prestación definida, de acuerdo al artículo 81, se rigen bajo la ley 100 de 1993, su modificación 797 de 2003 y las demás que los rigen posteriormente, el requisito de la edad para hombres y mujeres es de 57 años; cumpliendo con el requisito de 26 años de servicio, o sea, 1.300 semanas cotizadas”.
Estos docentes perdieron la posibilidad de la compatibilidad entre salario y pensión, es decir, perdieron el régimen especial porque se pensionan con el promedio salarial de los últimos 10 años y no como se liquida a los maestros del decreto 2277 de 1979, que es el promedio salarial del último año. Les quitaron también la retroactividad de las cesantías.
Los salarios de los educadores en los últimos años han perdido el poder adquisitivo y cada día son los peores del país. El salario base de ingreso de un docente que ha estudiado en una universidad e incluso algunos con maestrías es de $1.188.666 pesos. Muy inferior al ingreso base de cualquier profesional. Este año el aumento fue de 1.95% más un punto de productividad, que equivale a $1.100 pesos diarios.
Por las anteriores y muchas más razones, el magisterio colombiano ha venido planteando la necesidad de un paro nacional para exigir al gobierno de Santos un aumento salarial digno, un salario profesional; un servicio de salud oportuno y de calidad, donde se dé cumplimiento a los contratos y al pliego de condiciones firmados por los mercaderes de la salud. Además, no aplicar más la evaluación de competencias para permitirle a los docentes el ascenso directo solo con presentar el título de maestría y doctorado, y el tiempo de servicio, tal como está estipulado para todos los trabajadores del Estado.
Por eso no les queda otro camino a los educadores colombianos que preparar el paro y tomar la decisión de la hora cero el próximo 12 de mayo en la junta nacional de Fecode.
