María Eugenia Londoño
Comprender el campo de disputa en que se han convertido los derechos fundamentales de una parte de la sociedad colombiana, como la salud y la educación, pasa por tener claro el papel del derecho burgués, desde la perspectiva de la crítica marxista, por cuanto toda forma de producción crea sus propias normas jurídicas.
En Colombia, históricamente, quienes han ostentado el poder, han diseñado leyes a favor de sus negocios e intereses de clase, acrecentando la brecha económica y social, condenando al grueso de la clase trabajadora a ver cómo sus derechos se convierten en mercancías. En consecuencia, los derechos se han convertido en privilegios del mercado y la libre competencia en el marco de un Estado capitalista neoliberal y claramente fascista.
Para lograrlo, el sistema también utiliza estrategias en el campo jurídico, convirtiendo en normas y leyes sus intereses de clase, dando legalidad y así, evitar la legitimidad de las luchas de los trabajadores. Es el caso de la salud, el desmantelamiento por cuenta de la precarización de las condiciones de trabajo, el aumento de horas laborales, disminución del salario y falta de dotación, entre otras. El Gobierno nacional aprovecha la pandemia para seguir robando y eliminando los derechos, muestra de ello es el proyecto de ley 010 del 2020, que busca reformar la salud y profundiza más su mercantilización.
La propuesta es acrecentar el monopolio de las EPS, porque en lugar de acabarlas, se propone un maquillaje cambiando el nombre por Aseguradoras en Salud, AS, profundizando la privatización y la tercerización. El artículo 4 habla de la territorialidad de la atención, mientras que, en el artículo 11 se especifica la funcionalidad, pero no hay claridad del presupuesto que se asignará y la responsabilidad económica per se cae sobre los municipios, aumentando la descentralización de la financiación y centralización de las políticas, algo así como “busquen la plata para prestar el servicio, pero se presta como yo le ordene”.
En el parágrafo 4 del artículo 11, se descarga la responsabilidad de las enfermedades en las personas, y no como corresponsabilidad del sistema, en nombre del autocuidado y la prevención; se propone que los pagos de las cuotas moderadoras no solamente sean por el incumplimiento de las citas, sino también por el acatamiento de las recomendaciones dadas por el personal médico.
En los regímenes de excepción, el artículo 18 admite el traslado de los afiliados a otras entidades de salud del régimen general, lo que podría desembocar, para el caso del magisterio, en la ruptura del equilibrio financiero del sistema propio, lo cual puede considerarse como la puerta de entrada para la liquidación del régimen exceptuado. El modelo planteado por el 010, aboga por reducir costos y aumentar sus ganancias a los mercaderes de la salud, pues formaliza “la telesalud” y la hospitalización domiciliaria.
La salud es otro derecho en disputa, como clase trabajadora es nuestro deber potenciar la denuncia de este atropello, avanzar en mecanismos de organización y salir a las calles a defender nuestro derecho a la salud, en condiciones dignas y oportunas, no como mercancía. Llamamos a la ciudadanía a enfrentar estas políticas que eliminan los derechos de la clase trabajadora y a respaldar el clamor de las y los trabajadores del sector, en la exigencia de un sistema de salud diferente, sin intermediarios, sin exclusiones y por la dignidad de las personas.
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