La Región Metropolitana amenaza la estructura ecológica principal

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Fidel Ernesto Poveda Gómez

Desde que se comenzó a hablar de la Región Metropolitana, más o menos a partir del acuerdo de la electa alcaldesa de Bogotá Claudia López con el saliente gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, era claro que se reviviría el proyecto de POT que el Concejo de Bogotá había archivado el 2 de noviembre de 2019, en el que la Estructura Ecológica Principal perdía toda posibilidad de ser “usada” para la investigación orientada a la conservación, la restauración y la educación, y, por lo tanto, dejaba de ser la mejor alternativa para proveerles conectividad al menos a las especies que usan la atmósfera para algún proceso vital, y mantener la identidad de bioma y clima, que implica la adaptación de la vida al “cambio climático”, al “calentamiento global” y la mayor contención posible a la Emergencia Climática reconocida mediante Acuerdo unánime 790 de 2020 por el Concejo de Bogotá.

Mientras el POT de Claudia incorpora el decreto distrital 552 de 2018 que contiene medidas de aprovechamiento económico del espacio público, en el cual incluyen los biomas zonales, azonales y antrópicos de los cerros, ríos, chucuas y malla ambiental de las tres ecorregiones, cuenca Sabana de Bogotá, Cuenca Alta Orinoquia y Sumapaz, de Bogotá, en la Región Metropolitana se divaga entre una Estructura Ecológica Regional indefinida y múltiples ecosistemas estratégicos que “prestan servicios” ambientales o ecosistémicos, retrocediendo en la concepción de la naturaleza, y las prácticas sobre ella, a la conquista y la colonia españolas.

Y esto es así, porque hay “proyectos” pendientes desde hace años: Chingaza II, Perimetral de Oriente (de las vías 4G), conector de occidente (ligado a Regiotram), Hidroeléctrica de Sumapaz, así como otras “ventanas de oportunidad de negocio”, que la misma RM puede abrir para la especulación financiera, tomando como modelo de negocio parasitario, con riesgo nulo para el inversionista, la vía Bogotá-Villavicencio. Todos ellos fragmentan ecotopos, ecosistemas, biomas y ecorregiones, cortando la conectividad de muchísimas especies con diverso grado de edemismo o amenaza, además de los ciclos biogeoquímicos, entre otros el del agua.

Se colige que el beneficiario y usufructuario principal será el grupo AVAL, con socios menores como ProBogotá de Germán Vargas Lleras, entre otros respetables con papeles en Pandora o Panamá. Los alcances geográficos de estos proyectos son los que hacen que unos días digan que la RM apenas incluye unos cuantos municipios aledaños a Bogotá y otros días que serían todos los de Cundinamarca, además de algunos de Boyacá, Meta, Huila y Tolima. A estas alturas tampoco es claro quién decidirá las acciones territoriales en esta supraentidad, que paradójicamente no será supraentidad, si un Consejo de Alcaldes o la Gerencia Tecnocrática unipersonal o plural, que sería elegida (¿nombrada o delegada) por ese Consejo o el simple acuerdo de la Alcaldía Mayor.

La RM, el POT de Claudia López y el Estatuto Orgánico de Bogotá son tres caras de lo mismo: puesta de un territorio y el aparato institucional que lo “administra” al servicio de la especulación financiera. Es decir, no son propuestas organizadas para el futuro, sino validaciones legales de todo lo ilegal y aun delictivo que los especuladores financieros han hecho de tiempo atrás contra la gente y sus territorios, ya sea con infraestructura, extractivismo, terratenencia, estímulo a la siembra de “cultivos ilícitos” y lavado de activos. Tal es el sentido de la ampliación de la licencia para que el aeropuerto El Dorado opere entre 12 m y 6 am, con controles mínimos para avionetas “humanitarias”.

*Biólogo, Edil Engativá por el Pacto Histórico