Rechazo unánime al proyecto de reforma que pretende gravar los alimentos básicos y los servicios públicos, cuando los hogares más pobres están pasando hambre. Los salarios iguales o superiores a dos mínimos pagarían renta
Iván Posada Pedraza
La opinión pública se pregunta si va a quedar algún bien, servicio o actividad que no quede impactada con esta reforma. Difícilmente se va a encontrar. En la edición 3071 este semanario se hizo el ejercicio de presentar a los lectores algunos parámetros de la reforma. Pues bien, el proyecto de marras sobrepasa todas los cálculos y expectativas al respecto. Todo el peso de la reforma va a recaer sobre la clase media que de media poco le queda y sobre el sector popular en general.
Salarios y prestaciones sociales
A partir de 2022 los salarios mayores a 2,5 millones declararán y pagarán renta y en 2023 a partir de 1,6 millones (dos salarios mínimos). Las cesantías también pagarían impuesto porque la Comisión de Expertos del ministerio de Hacienda conceptuó que éstas constituyen un ingreso susceptible de ser gravado. Como se sabe, las cesantías son una reserva de los trabajadores en caso de perder su empleo. Medida totalmente arbitraría porque no se puede disponer de este ahorro a discreción, salvo para comprar vivienda. Además, en la actual coyuntura de pandemia, más trabajadores perdieron su empleo y otros lograron mantener su trabajo a costa de perder en algunos casos, hasta el 60 por ciento del salario.
Mesadas de jubilación
Las pensiones (incluso las de sustitución) mayores de 4,8 millones pagarán impuesto con la perspectiva que en futuras reformas el resto de mesadas terminen tributando. Nada mas inequitativo que castigar las mesadas pues el trabajador en su vida laboral cotizó a pensión y salud para acceder al derecho.
A última hora, por lo impopular de la medida, retiraron del proyecto el aumento del IVA del 19 por ciento a gran parte de los bienes de la canasta básica familiar. No obstante alimentos como carnes, pollo, pescado, huevos, leche, arroz, de amplio consumo popular, quedarán indirectamente gravados con el 5 por ciento o más, pues los productores podían descontar el IVA generado en la cadena de producción. Con la reforma la Dian no reintegra este IVA a los productores y estos a su vez lo trasladarán al consumidor final, una forma oculta de gravar los alimentos básicos. Además esta medida favorece a los importadores, pues no pagan arancel y están exentos del IVA, lo cual coloca a los productores nacionales en desventaja, una competencia desleal en contra del agro colombiano. Ahora se incluye la propuesta de grabar los servicios públicos domiciliaros (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas) para los estratos 4, 5 y 6. Encarecer los alimentos básicos y el costo de los servicios públicos vía impuestos en la actual coyuntura en la cual precisamente muchos hogares tuvieron que abstenerse de consumir las tres raciones diarias, sería una decisión que raya en la criminalidad.
Transporte, combustibles y tecnología
La gasolina y el ACPM, quedarían con un impuesto de 19 por ciento, un aumento de $ 1.600 por galón, que a su turno desencadenará una cascada de aumento de precios al consumidor final pues cada eslabón de la cadena producción – transporte – distribución – comercialización, va a incluir el mayor costo por el transporte. Al impuesto que pagan los vehículos hoy día, le cuelgan otro de acuerdo al grado de contaminación que generen. Las bicicletas que hoy día son un medio de transporte masivo para trasladarse al trabajo o al estudio también pagarán tributo. También autoriza a las alcaldías a instalar peajes dentro del perímetro urbano de las ciudades, otra arandela que encarece el transporte público.
Los computadores, móviles, tabletas, que hoy están excluidos de IVA y que son elementos de trabajo y de estudio a causa de la pandemia, entrarían también a pagar impuesto. Si a un año de la pandemia el 30 por ciento de los estudiantes no se pudieron conectar a la virtualidad para continuar sus estudios, ahora mucho menos. Para el sector popular estas herramientas son prácticamente suntuarias y ahora con el IVA mucho menos van a tener acceso a ellas.
Los pequeños y medianos campesinos también serán impactados con impuestos sobre plaguicidas, maquinaria y herramientas, que a la larga se trasladarán al consumidor final.
Estimativo
Un cálculo aproximado del impacto en los ingresos de una familia de cuatro miembros, con un salario de $2’500.000, estrato 4 para efectos del cobro de servicios públicos, más el IVA en la canasta básica, más el impuesto de renta de acuerdo al proyecto de reforma, da una idea de la reducción de sus ingresos al año vía impuestos (ver tabla 1)
Tabla 1
Simulación de la carga tributaria /año
| Servicio | Costo/mes | IVA (19%) | Costo +IVA | Total /año |
| Acueducto | $85.000 | 16.150 | $101.150 | $1’213.800 |
| Energía | $80.000 | 15.200 | 95.200 | $1’142.400 |
| Gas | $35.000 | 6.650 | 41.650 | $499.800 |
| IVA canasta básica/mes* | $41.000 | – | – | $492.000 |
| Imporrenta | $30.000 | – | – | $360.000 |
*Cálculo sobre el IVA vigente hoy día por compras en almacenes de cadena sobre un mercado promedio de $480.000/mes.
Algunas deducciones que podía hacer el contribuyente en la declaración de renta, quedarán eliminadas como los préstamos del Icetex, cuyos afectados serán los estudiantes, y lo mismo los préstamos de vivienda, que no se podrán deducir del monto del impuesto de renta a pagar.
Reforma regresiva
De otro lado el proyecto confirma los privilegios tributarios para grandes empresas e inversionistas. Los dividendos, a lo sumo tributarán 15 por ciento. Los accionistas son un exclusivo grupo de colombianos que tiene recursos y capacidad para invertir en la bolsa de compra y venta de acciones. No son asalariados ni nada que se le parezca, por consiguiente, deben tributar mucho mas de acuerdo a la rentabilidad que esta actividad genera.
En el contexto de la llamada confianza inversionista, las trasnacionales son otros privilegiados a la hora de tributar. A las petroleras y carboníferas extranjeras, por ejemplo, les descuentan del impuesto de renta, las regalías que transfieren al Estado por los múltiples impactos –entre ellos el ambiental– que causan estas actividades de exploración y extracción de los recursos naturales.
Arte y cultura
Tampoco se escapan a la calculadora del Minhacienda Carrasquilla. Esta reforma introduce regresivas modificaciones a las leyes 814 de 2003 y 1556 de 2012 que incentivan la producción nacional de cine y el rodaje de películas de productores extranjeros en el país. Además, se eliminan los incentivos para la proyección de cortometrajes producidos en Colombia. Solo estas tres medidas -hay más- ponen en peligro los importantes logros del cine colombiano en los últimos años.
Como se dijo arriba, difícilmente se puede encontrar alguna actividad que no resulte afectada con este proyecto. La respuesta debe ser entonces, la movilización de todos y cada uno de los sectores golpeados con esta avalancha de impuestos el próximo 28 de abril que obligue al gobierno del presidente Duque a sentarse a replantear esta lesiva reforma.
