Las victorias potenciales involucran militarización, criminalización e incertidumbre
El 17 de abril, la «Banda de los Ocho», del Senado, un grupo de cuatro demócratas y cuatro republicanos, dio a conocer un proyecto de ley de reforma migratoria integral que tiene la posibilidad de legalizar a millones de personas, a la vez dicha ley, endurece la ley de inmigración y militariza aún más la frontera. El proyecto de ley es sólo el comienzo de un proceso que involucra negociaciones más amplias sobre lo que podría ser una «reforma migratoria integral».
El proyecto de ley es claramente una respuesta a los cambios demográficos y la dinámica política en el país, y que, en su forma actual, proporciona un considerable alivio a las comunidades inmigrantes que han estado luchando durante años por la legalización. Por otra parte, el proyecto de ley afirma una vez más que el Congreso es una institución de tutela de la clase capitalista. El proyecto de ley ha sido elaborado fundamentalmente para satisfacer los intereses comerciales, preservando las desigualdades del actual sistema y continúa criminalizando a los inmigrantes presentes y futuros.
Republicanos, Demócratas y la lucha de clases
Incluso algunos dirigentes del Partido republicano, notoriamente antiinmigrante, han subido al carro de la reforma de inmigración, como lo hicieron en 1986 y 2006-07.
Los republicanos reconocen que no pueden ganar una elección nacional en el futuro si se les conoce como antiinmigrantes y antihispanos. Teniendo en cuenta que durante años hicieron la guerra contra los esfuerzos de legalización, se trata de un cambio significativo en la correlación de fuerzas legislativas. Sin embargo, para preservar su retórica de «mano dura sobre la inmigración» al tiempo que reconocen la presión por la reforma, han insistido en que el proyecto de ley contenga las políticas antiinmigrantes que penalizan y criminalizan a los inmigrantes.
Si los demócratas estaban verdaderamente en la esquina con los inmigrantes, los sindicatos y los trabajadores – como dicen – este sería el momento para presionar en favor de una rápida legalización y la igualdad que los inmigrantes han deseado durante mucho tiempo. En cambio, han mostrado sus verdaderas lealtades de clase, una vez más, y utilizan este momento para adaptar el proyecto de reforma a las necesidades de los grupos de presión corporativos, donantes y sus contrapartes republicanas, y no a las de los trabajadores inmigrantes.
A menos que se escuchen las voces de gran alcance de las familias inmigrantes, y se sienta su fuerza social, las negociaciones de la reforma serán formadas en su totalidad por las fuerzas políticas capitalistas. Al igual que en 2006, cuando las movilizaciones de inmigrantes amenazaron con una crisis más amplia política y social, es fundamental para los inmigrantes y aliados salir a las calles para exigir sus derechos. Sólo la movilización y la acción de masas, realmente amenaza al status quo, y hará posible que se gane la legalización inmediata, la plena igualdad jurídica y el fin al terror de deportación. Cuanto más luchamos, más seremos capaces de ganar.
Ganancias concretas
El resultado del presente debate sobre la inmigración tendrá un impacto importante en las condiciones y las vidas de unos 12 millones de indocumentados, y de millones más en el futuro.
Es cierto que el proyecto de ley crearía un proceso de legalización que proporcionaría protección para millones de indocumentados. Este proceso también daría a muchos acceso a la ciudadanía, ampliaría la disponibilidad de diversas visas permanentes y temporales y facilitaría ciertos tipos de reunificación familiar. Esto incluiría una versión del «Dream Act», que permite que muchos jóvenes indocumentados puedan solicitar estatus de inmigración y la residencia permanente de una forma más rápida.
Reformas como éstas serían victorias concretas, y si se aprueba, la ley legalizaría más personas—aunque con muchas estipulaciones abusivas y períodos más largos de espera—que otros proyectos de ley en la historia reciente.
Una década más de espera
Como parte del plan de legalización, el proyecto de ley penaliza a la mayoría de los inmigrantes con una espera excepcionalmente larga: 10 años antes de poder solicitar una tarjeta verde. El proyecto de ley también incluye tasas y multas altas por la aplicación. Se basa en asegurar que la frontera quede esencialmente sellada para los inmigrantes a través de medios militares y destina más de 6.500 millones dólares a este fin. También trata de regular el flujo de trabajadores “poco calificados” en el mercado laboral.
En lugar la residencia permanente, la mayoría de los inmigrantes elegibles para la legalización tendría que solicitar primero el estado de “inmigrante provisional registrado” (“RPI” siglas en inglés). El estado RPI no es una visa permanente y no tiene todos los mismos derechos que la residencia permanente o que la ciudadanía.
Los solicitantes deben haber estado presentes en los Estados Unidos en o antes del 31 de diciembre del 2011, lo que significa que muchos de ellos no serán elegibles para el estatus RPI en absoluto. Muchos simplemente no van a tener la documentación o el dinero para pagar y probar su elegibilidad.
Otros serán inelegibles debido a los estrictos requisitos de antecedentes penales—los inmigrantes, por ejemplo, con determinadas infracciones de tráfico no serán elegibles.
La imposición de una espera excepcional larga antes de permitir que las personas puedan solicitar la residencia permanente o la ciudadanía sólo beneficia a los intereses de las empresas que mantienen el control económico y político. Un proceso de 15 años retrasa la capacidad de millones de personas a votar, conserva su estatus de segunda clase en el lugar de trabajo y la sociedad, y les priva de la posibilidad de recibir beneficios federales-a pesar del hecho de que el gobierno recauda impuestos de los trabajadores inmigrantes.
Todo el tiempo, las amenazas de deportación y detención de inmigrantes estarán presentes. Esta ley proporciona motivos adicionales para la deportación y la denegación de la condición de inmigración por delitos menores y no violentos. Esto podría incrementar la discriminación racial, al permitir que la inmigración sea dependiente de las acusaciones policiales de afiliación a una pandilla, y preserva el programa Comunidades Seguras.
Nuevas formas de separar a las familias
La unificación de la familia es la principal demanda del movimiento de derechos de los inmigrantes ya que muchas personas viven años, si no décadas, separados de sus familiares debido a su condición de indocumentados. El proyecto de ley propone nuevas visas para facilitar traer a familiares a los Estados Unidos, pero también saca a la inmigración fuera de un sistema basado en las relaciones familiares. Favorece las visas de inmigrante por «méritos» y aumenta las visas basadas en empleo, y sigue excluyendo a las parejas LGBT del proceso de inmigración basada en la familia.
El proyecto de ley eliminaría dos tipos de visas basadas en la familia que actualmente están disponibles. En su gran mayoría, los inmigrantes ancianos ya no podrían solicitar a los hijos casados adultos para que vengan a los Estados Unidos. Las visas pedidas por hermanos también se eliminarán. En su lugar, estos miembros de la familia tendrían que aplicar, como otros los demás, por el estado “basado en el mérito”, si son elegibles en el nuevo sistema.
Movilización a visas basadas en la clase de trabajo
Las grandes empresas tienen menos control sobre la inmigración basada en la familia y la diversidad. Es por eso que se están moviendo hacia un sistema de inmigración íntimamente ligada al trabajo inmigrante, con ciertas visas que requieren títulos avanzados y puestos de trabajo de alta tecnología, mientras que otros se mantienen en condición de segunda clase, y trabajan por salarios de miseria.
Durante las negociaciones, el senador Chuck Schumer (D-NY), presidente del Subcomité Judicial sobre Inmigración, Seguridad Fronteriza y Ciudadanía, facilitó reuniones entre la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de EE.UU. sobre el tema de los visados para “trabajadores huéspedes”. La nueva propuesta de “W-visa” establecería un sistema limitado de visas, ofreciendo con el pasar del tiempo la residencia permanente “basado en méritos”. El proyecto de ley también incluye visas para los trabajadores agrícolas con acceso a la residencia permanente después de cinco años.
Debido a la complejidad del programa W y el número limitado de visas, al menos inicialmente, no está claro qué impacto tendrá este programa en la inmigración a los Estados Unidos en el futuro. Tampoco está claro si va a llegar a funcionar como un programa de trabajadores temporales, el cual creará de una casta muy vulnerable y mal pagada de trabajadores, cuya situación jurídica es dependiente de su empleador y por lo tanto es menos propensa a organizarse.
Una cosa está clara: estos programas benefician a las grandes empresas. Independientemente de cuáles estipulaciones legales se añadan a las visas, supuestamente para proteger a los trabajadores, al estatuto jurídico vincula al inmigrante a su trabajo, el mismo que es controlado y manipulado por los empleadores a su ventaja.
La lucha que se avecina
El futuro de este proyecto de ley es confuso e incierto. Una vez que pase a través de las negociaciones del Senado, seguirá siendo objeto de ataques del Congreso.
Sin embargo, incluso si este proyecto de ley fuese aprobado como está, la lucha de los inmigrantes está lejos de terminar. En 1986, se aprobó una ley de amnistía, que proporcionó alivio a millones. Pero en los últimos 25 años aproximadamente, una serie de reformas de inmigración han pasado que han empeorado las condiciones de los inmigrantes en los Estados Unidos.
Las leyes de inmigración de hoy han creado una subclase de mano de obra fácilmente explotable, con derechos limitados, reforzados por crecientes policía de inmigración, las medidas de aplicación de estilo militar, la detención de inmigración y la deportación. Este proyecto de ley no hace nada para hacer frente a esas políticas, a las intervenciones y a las desigualdades en las raíces mismas de la inmigración, mientras que las personas que emigran debido a estas leyes son más penalizadas.
Las partes fuertes de este proyecto de ley del Senado muestran que los inmigrantes tienen el poder para forzar el cambio. La demanda de la legalización ha abierto su camino en los pasillos del Congreso, pero el movimiento debe crecer más fuerte y hacer temblar el Congreso para lograr la reforma que los inmigrantes necesitan. Ahora es el momento de movilizarse y exigir: ¡legalización completa, derechos plenos, y plena igualdad!
