La reforma fiscal escondida en el PND 

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Álvaro Forero Hurtado
@alvaroforero03 

Para nadie es un secreto que el reciente y fugazmente aprobado Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque es una colcha de retazos de paquetes normativos que afianzan y profundizan las políticas orientadas por los organismos multilaterales de crédito y acatadas a rajatabla por los gobiernos de las últimas tres décadas, sin mayores diferencias entre sí. Duque no es la excepción y en su plan de desarrollo incluyó una serie de reformas de hondo calado que van desde legitimar y formalizar la precarización laboral, hasta afianzar el poderío de los fondos privados de pensiones, y crear un sistema semi-contributivo en salud, entre muchas otras perlas.

Sin embargo, existe en el PND una reforma tributaria y fiscal de por lo menos 65 artículos, de la cual no se ha hablado mucho, pero que tiene grandes consecuencias para las finanzas públicas y el bolsillo de las y los colombianos. Lo primero que hay que decir al respecto, es que, al mejor estilo de Carrasquilla, quien poco se vio en el trámite del PND, esta reforma que hoy denunciamos fue aprobada de manera escondida y a pupitrazo en los dos precarios debates que tuvo, en las comisiones económicas conjuntas en primera instancia (dos días de discusión para 309 artículos de los cuales 128 eran nuevos).

En la plenaria de la Cámara de Representantes (tres días de debate para 349 artículos de los cuales 51 eran nuevos), resaltando que el Senado no discutió el PND en segundo debate gracias a la gran demostración de manejo del presidente Masías, quien por salvar las objeciones presidenciales de la JEP, dilató su discusión y votación, quitándole el tiempo de discusión al PND y obligando a los senadores y senadoras a aprobar el texto adoptado por la Cámara. Queda claro entonces, que no hubo discusión de fondo de los asuntos aprobados y que la mayoría de parlamentarios votaron sin siquiera saber qué era lo que aprobaban.

Entrando en materia, la reforma fiscal y tributaria que presenta este PND está dispersa en varios apartados del texto normativo, razón por la cual no es tan fácil hacerle seguimiento y encontrar su secuencia lógica. Incluso, varias de sus medidas se cambiaron de lugar durante el trámite de la ley, modificando su numeración y denominación de un debate a otro, dejando la duda de si esta estrategia se presenta con el fin de confundir a los congresistas y que pasen desapercibidas. Finalmente, dentro de lo aprobado por la Cámara, podemos hacer los siguientes bloques de medidas con consecuencias fiscales y tributarias:

  • Operaciones de crédito y deuda: ocho artículos
  • Gasto Público: 12 artículos
  • Vigencias futuras: cuatro artículos
  • Saneamiento fiscal: seis artículos
  • Enajenación de activos: seis artículos
  • Tasas impuestos y contribuciones: 19 artículos
  • Beneficios tributarios: 16 artículos

Rescatan los bonos Carrasquillas

Frente a las operaciones de crédito y deuda se dan facultades al gobierno para generar instrumentos de cobertura financiera para el precio de los combustibles;  se autoriza para que el ministerio de Hacienda haga todo tipo de operaciones para la administración de los pasivos y activos financieros de la nación y de los entes que le deleguen dicha gestión; se autorizan emisiones para garantizar deuda de vivienda VIS, para créditos a medianas y pequeñas empresas y se crea un esquema parecido al de los bonos de agua o “Bonos Carrasquilla” para endeudar los entes territoriales que manejen su propio catastro, para financiar proyectos de renovación urbana con respaldo en los mayores valores de recaudo futuro del impuesto predial, entre otras medidas.

En cuanto a los artículos de gasto público, se establecen medidas que impactan en la estructura y manejo actual del gasto público, estableciendo parámetros para la tenencia de recursos públicos en los bancos; se autoriza a los entes territoriales a usar los recursos de mayor recaudo de las regalías sin ninguna restricción en un año electoral, se crean líneas de crédito desde el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema de Regalías; se hace una reorientación del gasto del SGP en el sector salud que modifica sus destinaciones específicas y favorecen al sector privado; se plantea una comisión de revisión de la fórmula constitucional del Sistema General de Participaciones; se autoriza la financiación de vías terciarias con recursos del Ocad Paz que administra las regalías que van para la paz, entre otras operaciones.

En la misma vía, se autorizan vigencias futuras para todas las APP (Asociaciones público – privadas) en especial en el sector transporte e infraestructura. Afortunadamente en la Cámara de Representantes frenaron la propuesta de abrir las vigencias futuras de manera ilimitada para que alcaldes y gobernadores pudieran comprometer recursos de otras administraciones en el último año de mandato, cuestión que está prohibida en la ley. Menos mal no hay mermelada en este gobierno.

Saneamiento Fiscal

Se estipulan también medidas de saneamiento fiscal y enajenación de activos públicos, que tienen que ver con sanear deudas de entidades estatales extintas o inexistentes, la autorización para estructurar un programa de saneamiento fiscal de los hospitales públicos del país; se establecen condiciones para el saneamiento fiscal del sector salud en el orden territorial, pero solamente en las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen subsidiado prestados hasta el 31 de diciembre de 2019; se autorizan transferencias de dominio de bienes entre las entidades públicas y se autoriza la venta de diferentes activos del Estado.

Por si fuera poco, se crean o se reestructuran 19 tasas, impuestos o contribuciones que tocan diferentes sectores. En algunos se suben o crean los cobros como en los combustibles, en el transporte y el estacionamiento de vehículos, en la generación de energía eléctrica, y en otros sectores se bajan los montos como en las regalías de la explotación minera de carbón con reconocimiento de propiedad privada.

Por otra parte se crean o reestructuran algunas contribuciones y pagos por servicios que prestan, ya sean entidades del estado o entidades de vigilancia y control, dentro de las cuales se puede encontrar la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, dejando claro que la intensión del Gobierno es quitarse la responsabilidad del financiamiento de los entes de vigilancia, control y regulación, para que sean los ciudadanos quienes financien estos servicios.

Adicionalmente se crean nuevas tasas y sobretasas en el servicio público de adecuación de tierras, por la realización de consultas previas y una sobretasa por kilovatio hora y una contribución adicional a la existente en favor del fondo empresarial del sector de la energía eléctrica, los cuales se utilizarán para financiar el plan de salvamento de Electricaribe, empresa que se robó una multinacional española pero que tenemos que pagar todos los colombianos.

Por último, se crean o reestructuran 16 medidas que generan beneficios tributarios en sectores como la economía naranja, la energía eléctrica con fuentes no convencionales, la contratación de personal con altos niveles de formación, la financiación de investigación e innovación y el financiamiento de Generación E (el nuevo ser pilo paga). Sumado a esto, se generan una serie de beneficios tributarios sobre los dividendos de sociedades nacionales, se hacen modificaciones para excluir o deja exentos de los impuestos del IVA y la renta varios productos y actividades, entre otras medidas, de las cuales no se conoce su impacto fiscal.

En conclusión, el PND no se escapa al afán gobierno de seguir entregando la gestión del estado, la garantía de los derechos y la administración de los recursos públicos a las lógicas del mercado, donde impera la oferta y la demanda y no la vida digna. Esta reforma tributaria y fiscal, se suma a la serie de reformas de hondo calado que se han venido denunciando, lo cual demuestra la incorrecta utilización del PND como un “fast track” para meter micos, alejándose de la idea de que sea un instrumento normativo y de planificación para los cuatro años de gobierno.

3 Comentarios

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