La reforma a la salud es más privatización

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De aprobarse el proyecto la atención para determinados servicios tendrá altos costos adicionales que muy pocos colombianos podrán pagar. Foto archivo

La iniciativa para reformar el sistema de salud no ofrece soluciones al sector e incrementa un negocio que ha costado muchas vidas

Redacción Laboral

Aunque varios partidos políticos del Establecimiento ya retiraron su apoyo a la aprobación del Proyecto de Ley 010, o reforma al sistema de salud, este tiene posibilidades de ser aprobado en las comisiones séptima de Cámara y Senado. Más si se tiene en cuenta la capacidad de maniobrar con mermelada del actual Gobierno. Por eso, desde el movimiento social se exige la decisión de Iván Duque de retirarlo.

En ese mismo sentido, la Federación Médica Colombiana, FMC, junto a otros gremios médicos como la Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asmedas, Médicos Unidos de Colombia ha radicado cuatro documentos en los que argumentan y solicitan el archivo del Proyecto, entre otras cosas, porque no es cierto que reglamente la Ley Estatutaria en Salud, como lo afirma.

Por lo contrario: “Esta ley profundiza el negocio de la salud porque pone en riesgo la destinación específica de los recursos, que solo deben ser designados para asuntos concernientes a la vida de los colombianos y no para negocios, como ocurrió con Saludcoop”, explicó en una transmisión por Facebook la doctora Carolina Corcho, vicepresidente de la FMC.

Para la dirigente gremial, el proyecto en curso profundiza la negación de servicios por distintos mecanismos y lleva a la liquidación a los hospitales públicos, “lo cual es preocupante porque 22 millones de colombianos viven en zonas dispersas o rurales, y su único acceso a la salud es el hospital público”.

Incentivos a privados

Por otra parte, en un concepto emitido por el doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional, se argumenta que el proyecto consiste en un conjunto de estímulos y regulaciones que pretenden “alinear los incentivos” de los agentes del sistema, en especial, de los administradores de recursos, los prestadores de servicio de alta complejidad y la industria farmacéutica, que son los dominantes, y podrán conformar grandes consorcios empresariales.

Entre los incentivos están la regionalización para lograr mayor economía de escala por número de afiliados, con mecanismos de control para la “depuración” del sistema por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (oligopolio) y la posibilidad de fusiones entre EPS y de paso inmediato de empresa “sin ánimo de lucro” a “comercial”; asegurador único en áreas rurales con población dispersa (monopolio); modelo especial de aseguramiento para enfermedades huérfanas que garantice la sostenibilidad empresarial; transformación de facto del rol de administrador de recursos públicos a “asegurador” empresarial con la denominación de “prima de aseguramiento”, aunque sostenga el 8% de administración y formas diversas de contratación de personal en salud orientadas por la sostenibilidad empresarial más que por los derechos vinculados al trabajo digno en salud, entre otros.

Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, FMC, señaló que el proyecto de Ley 010 es una violación a la Ley Estatutaria de Salud que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo que hace a la 010 anticonstitucional.

Por su parte, Carolina Corcho explicó que actualmente los recursos que manejan las EPS no son de inversionistas privados sino aportes de los colombianos, vía cotización de los trabajadores o impuestos. Estos son girados a las EPS vía unidad de pago por capitación, es decir, el monto que el Estado gira a la EPS por afiliado que esta tenga, que son aproximadamente 800 mil pesos por año, por afiliado. La trampa del proyecto de ley es que introduce el concepto de prima, concepto que pertenece a los seguros comerciales y privados.

Isaza expresó que el 010 contempla un plan mínimo de atención que cubre determinadas contingencias en salud. “Para adquirir cualquier contingencia que no esté contemplada en ese plan básico, condiciona la atención en salud a su capacidad de pago según el aseguramiento, pólizas o planes de atención que tienen costos adicionales, según esa capacidad de pago es la atención y esto está en manos del Estado si son públicas y estará en manos de las aseguradoras privadas”.

Autonomía universitaria

Un aspecto novedoso en esta problemática es la afectación a la autonomía universitaria, porque -según Carolina Corcho- se establecen controles desde el Estado sobre currículos médicos que deben ser regulados por las universidades y por el cuerpo médico.

Sobre el particular, el texto de la Nacional argumenta que el artículo 66 propone diseñar un “Programa Nacional para el Ingreso a especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas y terapéuticas en medicina [que defina] los mecanismos para la selección de aspirantes en todo el territorio nacional, los puntajes y rangos para determinar derechos de preeminencia en la aplicación a especialidades médicas por parte de los aspirantes”, con base en un “Examen Único Nacional de Ingreso”. Idea que confronta la autonomía universitaria.

De igual manera, el artículo 67 se refiere a un “Programa Nacional Formación y Actualización de competencias de medicina general con enfoque familiar y comunitario”, por parte de las EPS y las IPS, con la pretensión de adecuar su práctica al modelo de atención. En el mismo sentido va el artículo 69 sobre “incentivos” para los formadores de médicos familiares y comunitarios, con recursos de regalías y contraprestaciones varias, pero con la concesión de aceptar un “currículo único”.

Para el ente académico, lo que se busca es que la gestión individual del riesgo se vuelva a orientar por la gestión del riesgo financiero, y el médico familiar se convierte en el principal gate keeper (portero) para controlar el gasto en salud.

Iniciativa

Visto de esta manera y de aprobarse el proyecto la cantidad de víctimas del sistema de salud aumentaría en favorecimiento del capital privado. Ya hay datos alarmantes que exigen una modificación en favor de la salud como derecho fundamental, como lo estipula la ley.

En ese sentido, Carolina Corcho argumentó: “Un millón 300 mil muertes evitables hubo entre 1998 y 2010 en Colombia, se ponen 220 mil tutelas al año y este proyecto profundiza esa realidad y eso hay que detenerlo. Los rankings internacionales dicen que el país ha tenido uno de los peores manejos de la pandemia. No hacemos el número suficiente de pruebas, rastreos, cercos epidemiológicos, tenemos un plan de vacunación incierto que no alcanza las velocidades requeridas para la inmunidad de rebaño, lo que da cuenta de que el sistema de salud no funciona y tiene que ser reformado estructuralmente”.

Por eso, se ha propuesto un proyecto de ley alternativo que reforme el sistema en salud para que reglamente la Ley Estatutaria en Salud, trabajado con organizaciones de la sociedad civil, con expertos y que se espera discutir ampliamente con la ciudadanía antes de que se convierta en una iniciativa para presentar al Congreso de la República.

En este se propone el sistema de administración pública descentralizada con controles anticorrupción, que vuelva la prestación del servicio público con prestación de servicio mixto, y formalización laboral para sus trabajadores, entre otros aspectos. Es decir, que garantice la salud como derecho fundamental para todos los colombianos.