Editorial 3250
Hace ocho años, el Estado colombiano y las FARC-EP firmaron en La Habana los Acuerdos por una paz estable y duradera. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente de la persistencia y la convicción de que una solución política negociada sigue siendo posible y necesaria.
En esta fecha, el Partido Comunista Colombiano, PCC, a través de su Comité Ejecutivo Central, expresó que “el Acuerdo final de paz favoreció el despegue de rebeldías sociales reprimidas y aterrorizadas por el orden contrainsurgente anticomunista y las prácticas criminales del terrorismo de Estado. Fue el anuncio de un nuevo momento en que se desatan rebeliones populares y estallidos sociales, junto con procesos de unidad que condujeron al acceso al gobierno del Pacto Histórico”.
La Paz Total se da en medio de nuevas condiciones políticas y luchas, con viejos y perniciosos factores como el paramilitarismo, la corrupción y el hostigamiento y asedio a los y las defensoras de derechos humanos, a las víctimas y buscadoras de personas de desaparición forzada, todo ello, impulsado por una élite guerrerista y una oposición criminal.
En medio de estas nuevas condiciones, marcadas por el proceso de reformas y cambios, el PCC plantea que “El logro de la paz integral, justa, democrática, definitiva hoy hace parte de la lucha por el cambio democrático profundo que debe poner fin a la destrucción de la democracia, que debe hacer posible reconstruir la economía y el país con garantías laborales, salud y educación no mercantilizadas, tierra para los campesinos, desarrollo productivo popular en el agro y fortalecimiento de la industria”.
Desde el 2016, y con la victoria del Pacto Histórico en el 2022, la entrega de tierras a campesinos y comunidades étnicas, la creación y ampliación de las Zonas de Reserva Campesina, los ajustes y redireccionamiento de los Programas Nacionales de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, PNIS, y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, la creación de instancias de participación política y, últimamente, la actualización y relanzamiento del Plan Marco de Implementación, PMI, como hoja de ruta clave, son logros importantes en la implementación, insuficientes aún, pero valiosos, constituyéndose en la base que soportan las transformaciones hacia adelante. En este contexto, los excombatientes reincorporados plenamente a la vida civil están cumpliendo al costo de ver caer asesinados 438 firmantes.
Con estos avances, dificultades y retos, el PCC “une su voz para que avance la implementación plena del Acuerdo final de paz con garantías reales de vida para las y los sobrevivientes, con el rescate de la verdad, la justicia no parcializada, la reparación justa y sobre todo el compromiso de no repetición. La defensa del Acuerdo final de paz y la lucha por el logro de la Paz Total son tareas del Movimiento Social por la Paz, expresión unitaria de todas las vertientes de la sociedad”.
El retorno del ELN a la mesa de diálogo, los avances y compromisos para proteger a la población civil por parte de sectores armados de las disidencias en Nariño, Cauca, Caquetá y Arauca, la continuidad de la inversión en los proyectos de transformación territorial, la persistencia del Gobierno en el diálogo a pesar de los cantos militaristas de sectores dentro y fuera del Gobierno, y el despertar del Movimiento Social por la Paz como se evidenció en la III Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz organizada por la USO, exigiendo diálogo y acuerdos, constituyen el mejor homenaje a los ocho años de la firma de los acuerdos de paz de 2016.
