La pelea de 220 familias por sus tierras

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100 campesinos participaron en una asamblea el pasado 19 de agosto para tratar temas como seguridad, posesión y organización para responder a un intento de desalojo violento. Foto J.C.H.

Los campesinos de la finca Cachenche exigen que les reconozcan su propiedad. Denuncian intereses de grandes capitales y poderes políticos para desalojarlos

Juan Carlos Hurtado
@Aurelianolatino

Mientras señala varias parcelas explica: “Aquí tenemos una diversidad de cultivos como plátano, yuca, maracuyá, ají, maíz, ñame y animales como cerdos, pollos, gallinas ponedoras, patos y carneros. Tenemos varios productos del campo que le entregamos a la sociedad y que nos sirven para nuestra canasta familiar”.

Así lo dijo Enaldo Esteban Tovar Monterrosa al justificar la necesidad de que le adjudiquen la hectárea y media que posee desde hace 10 años en la finca Cachenche. Desde su terruño y el de 119 familias más, se produce y se comercializa en mercados de municipios aledaños. “Aquí llega mucha gente a comprarnos porque consiguen los alimentos a muy bajo costo, ya que evitamos intermediarios, tercerización. Un kilo de yuca sale en 500 pesos y ese mismo kilo cuesta 2000 en un mercado de cadena”, anota el labriego y presidente de la Asociación de Campesinos Montes de Dios, jurisdicción Turbana, finca Cachenche.

La propiedad está ubicada en el municipio de Turbana, Bolívar, entre Cartagena y Turbaco, frente a la refinería de Ecopetrol y cuenta con una extensión de 386 hectáreas. Desde hace 20 años que sus dueños la dejaron abandonada, y ha sido ocupada por campesinos que han desenmontado para hacer viviendas y pequeños cultivos para sobrevivir.

Intentos de desalojo

La tranquilidad de las cotidianidades, de los quehaceres rutinarios de estas familias se rompió cuando se enteraron de las intenciones de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, de desalojarlos. Incluso, pasando por encima de un fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbaco, que le había ordenado a la SAE, que en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y la Alcaldía de Turbana adelantaran una caracterización de los campesinos de la zona para incorporarlos a la base de datos de esta Agencia. El dictamen fue el resultado de una tutela interpuesta por los campesinos por el derecho a la vivienda digna y al debido proceso, pero no se ha cumplido.

Sobre la decisión, Enaldo Tovar comentó a VOZ que el objetivo es que se haga una caracterización del predio, se identifique a la familia y se haga un trabajo social con ellos para que luego a cada uno se le legalice su predio.

José Barrios Soto, uno de los abogados de los campesinos para justificar las peticiones de estas familias expresó que actualmente hay asentadas en el lugar 220, algunas hace más de 10 años, otras desde hace 15 y hasta 20, quienes colonizaron los predios que habían sido abandonados hace más de dos décadas.

“De manera paulatina, los campesinos fueron colonizando, construyendo viviendas y cultivando. Eran tierras totalmente enmontadas, abandonadas. Es más, los campesinos dicen que han encontrado osamentas y documentos de identidad de personas desaparecidas. Y, ahora aparece la SAE manifestando que tiene la administración de esos terrenos. Es más, la SAE ni siquiera sabe cuántas hectáreas hay ni conocen los linderos”, anotó el jurista, quien agregó que los antiguos propietarios enfrentan un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía sexta especializada de Bogotá con el argumento de que estos predios fueron adquiridos de manera ilícita.

Para Barrios, el problema se vuelve más complicado al tener en cuenta que el terreno es un bien de naturaleza privada: “En la actualidad no existe una sentencia o fallo judicial que haya extinguido el dominio de la propiedad a los antiguos dueños. Aquí surgen intereses extraños como el de la Alcaldía de Turbana que se pelea un predio que no es de naturaleza pública”.

Comenta que la Alcaldía pretende que los predios sean declarados de utilidad pública con el objetivo de construir una zona franca. Ante lo cuál le surge el interrogante, “¿En beneficio de quién?”.

La mitad de las familias que tienen posesión sobre algún terreno ha construido vivienda, el resto solo cultiva. Foto J.C.H.

Intereses privados

Sobre los intereses detrás del intento de desalojo por parte de la SAE, el líder campesino argumenta que estos son de sectores empresariales, hacendados que poco a poco han ido corriendo los linderos y ganando terreno dentro de Cachenche, y de líderes políticos de Cambio Radical: “Para nadie es un secreto que ese partido político está detrás de esto y ejercen la presión porque quieren montar en estos predios empresas de energía, cannabis y residuos de petróleo”. Ante los poderes que están tras el predio, surge el afán de los labriegos para que les legalicen sus parcelas.

Según el abogado, los campesinos tienen derecho sobre los terrenos por el tiempo en que han ejercido actos de señores y dueños. El problema es que la SAE alega que el bien está afectado por un proceso de extinción de dominio y que hasta que este no culmine no se pueden adelantar demandas civiles de prescripción adquisitiva del mismo. No obstante, los campesinos alegan que ellos mantenían posesión sobre la finca desde mucho antes que iniciara ese proceso jurídico.

“Nuestro objetivo es pelear porque se reconozca que quienes están asentados ahí no tienen nada que ver con la legalidad o ilicitud del predio, que ellos están ahí hace muchos años, antes del proceso. El mensaje que enviamos y el ejercicio que hacemos ante la Agencia Nacional de Tierras es que se le legalice el predio a cada campesino”, señala José Barrios.

Tierra y vida

En los terrenos perviven alrededor de 880 labriegos dentro de los que hay 360 niños. Varias de las familias solo tienen cultivos en las fincas que visitan y atienden a diario, aunque viven en Turbana y otros municipios aledaños. Y, alrededor de 120 familias viven y cultivan en los terrenos.

Sus vidas están unidas a las labores agropecuarias. Sus manos cultivan el alimento de muchos y solo piden que los dejen seguir haciéndolo. No piensan salir de ahí bajo ninguna circunstancia. Por eso hacen un llamado al Gobierno nacional para que la SAE funcione de acuerdo con el fallo del juzgado, que respete las decisiones de un Estado social de derecho.

“Pedimos que entiendan que el tema del campesinado está inserto en el Acuerdo de Paz y que el campesinado es la despensa de Colombia, por eso nos deben dar la oportunidad de seguir labrando la tierra, dándole utilidad. Hoy a los exguerrilleros y exparamilitares les dan oportunidades y no entiendo que a los campesinos no. Eso va en contravía de lo que se acordó en el proceso de paz”, concluye con firmeza Enaldo Tovar.

La finca cuenta con tierras óptimas para cultivos de pancoger. Foto J.C.H.