Los compromisos sobre la excarcelación de la población recluida en las cárceles no se han cumplido a cabalidad. Por eso, firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en estado de reclusión exigen que se implemente lo pactado
Carolina Tejada
@carolltejada
A pesar de los requisitos que desde el inicio se acordaron para el proceso de amnistía establecida en el Acuerdo de Paz y en la Ley 1820 de 2016, hay 214 hombres y dos mujeres firmantes de la paz que a la fecha continúan privadas de la libertad en varias cárceles del país.
Desde las prisiones colombianas o desde los espacios de reincorporación carcelaria, como se denominan, la población firmante de la paz insiste en que se les brinden las garantías para reincorporarse a la vida civil y cumplir con lo pactado. Así lo expresó José Moisés Quintero Moreno, excombatiente de las Farc-EP, que hoy se encuentra recluido en el patio 4 en la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá. Su reclusión empezó en 2010, proceso del que salió libre y volvió a ser recapturado. Al día de hoy, lleva preso ocho años y medio.
Tratos crueles
Moisés comenta que su situación en la cárcel, al igual que la de muchos prisioneros políticos, ha sido la de la estigmatización y la opresión por los cuerpos de custodia. “No solamente después del Acuerdo de Paz, siempre hemos sido estigmatizados y oprimidos por ellos. Después de la firma y cuando se asignó este patio, el 4, como reagrupamiento de prisioneros políticos en tránsito a la libertad desde el año 2016, bajó un poco la tensión y el maltrato a los excombatientes de las FARC. Pero ya una vez empezaron a salir la gran mayoría de compañeros, nuevamente hemos recibido presión y malos tratos”.
Recuerda que, cuando se dieron las revueltas en La Picota, lo sacaron del patio hacía el pabellón de máxima seguridad Erón y de allí, en medio de un falso positivo judicial, quisieron involucrarlo con la situación en esa prisión: “Nos dijeron que nosotros tuvimos que ver con ese motín, entonces nos trasladaron para la cárce de Picaleña, en un acto totalmente inhumano, violándonos nuestros derechos humanos”.
De igual forma, Moisés cuenta sobre las torturas que se vivió en un calabozo oscuro sin luz, sin agua y sin ningún tipo de ventilación. “Duré 12 días sin poderme bañar, solamente recibía malos tratos y un vaso de agua al día, en una temperatura extrema de casi 35 grados centígrados”. Lo anterior deja en evidencia la crueldad con la que tratan a los presos y la aplicación de los traslados injustificados a modo de castigo. En este caso fueron los abogados y líderes políticos quienes lograron que retornara al patio.
“En este espacio de reincorporación, como lo hemos llamado porque le cambiamos el nombre de patio a Espacio de Reincorporación de Prisioneros Políticos, hace unos 20 días hubo nuevamente una resolución de traslado para mí. Nos dimos cuenta a tiempo y se intervino para que fuera revocada, lo cual se logró transitoriamente. O sea, que aún estoy en vilo. En cualquier momento me pueden trasladar quién sabe para dónde”, dice Quintero Moreno.
El trabajo político
Para Moisés la persecución es producto de su liderazgo en La Picota: “Lo que yo he hecho acá es orientar a la población social carcelaria en actos productivos, guiándolos para que una vez salgan se vayan con un proyecto de vida, bajo unos niveles de resocialización y de dignificación del ser humano, como le decimos ahora, porque en el momento mismo en que capturan una persona, pisotean su dignidad, le dicen ‘no es apto para la sociedad’, se queda ahí mientras se investiga, no hay presunción de inocencia. Ahí empieza la estigmatización y la opresión por parte de la custodia”.
Lo que exigen como población carcelaria es que se cumpla con el Acuerdo de Paz, la Ley 1820 y con la Ley 65 del Código Penitenciario. “Eso es lo que peleamos y a ellos les disgusta”, recalca Moisés. Frente a esta última ley, el dirigente recuerda que existen sentencias que los protegen como personas inmersas en el proceso de paz, lo cual significa trato diferencial y un espacio acorde a su situación política.
“Por eso nosotros hemos estado pidiendo en el Ministerio de Justicia, en el Inpec y a la JEP para que nos asignen bajo resolución este espacio para prisioneros políticos, porque dentro de la ley está reglamentado. Lo ha dicho las Naciones Unidas. Tenemos derecho a tener un espacio de reclusión con dignidad”.
Que se cumpla lo pactado
Menciona que es necesario que se despolitice la JEP: “Los prisioneros políticos le exigimos al Gobierno nacional, específicamente al señor Iván Duque, que decrete unas gestorías de paz para todos los que estamos en estado de detención como presos políticos”.
Para lograrlo, Quintero Moreno recuerda existen alternativas, como el espacio territorial especializado en Mesetas, Meta, que ya se encuentra listo y construido. “Podría ser un alivio para nosotros y para el mismo sistema carcelario que se encuentra colapsado. Eso es lo que le pedimos al gobierno, que decrete unas gestorías de paz como lo hizo en un comienzo el gobierno Santos, entre tanto la JEP define nuestra situación jurídica de fondo”.
Coincidiendo con la visita a Colombia de António Guterres, secretario general de la ONU, le enviaron un comunicado en video donde lo invitan a que visiten su espacio de reincorporación en La Picota y conozca el trabajo restaurativo que se está realizando. “Hicimos algunos informes referentes a esto con el fin de que la JEP en algún momento mire lo que estamos haciendo los prisioneros políticos para ayudar a redignificar a la población social carcelaria, con nuestras iniciativas de proyectos productivos y artesanales”, dicen en la pieza audiovisual. También insisten en que la comunidad internacional debe conocer las condiciones en las que viven: “Estamos hacinados, viviendo en unas celdas de dos metros por uno setenta, compartidas hasta con cuatro personas, acomodadas como espaguetis”.
Además, denuncian la negligencia del Consorcio Alimentar Saludable a la hora de distribuir los alimentos: “Hay días en los que nos sirven el desayuno a la una de la tarde y el almuerzo y la comida a las ocho de la noche”. Insisten en el reagrupamiento de los prisioneros políticos a nivel nacional, entretanto no se solucione su situación jurídica, ya sea por la justicia ordinaria o por vía de la JEP. “Esperamos un cambio de gobierno que quizás le dé vía libre al Acuerdo, que sea amigo de la paz y que finalmente podamos obtener la libertad”, concluye Moisés.
Sumado a este y muchos más grupos de firmantes del Acuerdo de Paz privados de la libertad, se encuentra el caso del hombre de hierro, Simón Trinidad, quien aún se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos, privado injustamente de su libertad.
