La paz es un mandato constitucional

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Firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón. Foto archivo

A cinco años de haberse firmado el Acuerdo final entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, es necesario reflexionar sobre su importancia e insistir en la salida negociada como una apuesta fundamental para el presente y el futuro de la nación.

La situación política que vive actualmente el país dificulta obtener los beneficios de convivencia que propician los contenidos del Acuerdo. Los errores cometidos por Iván Duque y los propósitos de hacer trizas la paz han dado como resultado la violencia que actualmente padece el país.  Las cifras son elocuentes: 300 excombatientes y 152 líderes sociales han sido asesinados hasta el 30 de noviembre (Indepaz); las masacres de jóvenes hacen parte de la cotidianidad del país. La violencia oficial contra los campesinos está desbordada ya que en lugar de sustitución voluntaria de cultivos se apela a la violencia de los militares para erradicarlos.

Como consecuencia del error que comete el Gobierno al imponer condiciones al ELN antes de estar sentados en la mesa de negociación se multiplican los muertos por efectos del accionar guerrillero. El Gobierno no ha entendido que no se puede pedir a la guerrilla que cese sus acciones antes de que haya siquiera algunos acuerdos preliminares. Por tanto, es urgente que se sienten las partes a negociar con la mediación de la ONU y de los países que tengan la voluntad de asumir ese papel.

¿Es posible hallar algún país que quiera ser garante y mediador del proceso de paz con el ELN después del tratamiento de enemigo que el Gobierno le dio a Cuba, país mediador y sede de los diálogos que culminaron en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC?

La convivencia persiste en el país, aunque el Gobierno trata de eliminarla, con esa política Duque viola la Constitución Política que en su artículo 22 determina: “La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento”. La mayoría de la sociedad colombiana defiende con firmeza la paz. Además, los excombatientes sí propician la paz porque cumplen el Acuerdo.  Esta conducta de los exguerrilleros constituye una victoria política y una muestra del significado de los Acuerdos y de la casi imposibilidad de desmontarlos.

Otra arista del problema es que el Gobierno ha implementado una estrategia que conduce necesariamente a una situación de guerra que mantiene a una parte del país en una violencia que está afectando especialmente a la juventud, mujeres y hombres, víctimas de las recurrentes masacres.  Este panorama de terror es una secuela del belicismo que beneficia a los sectores de extrema derecha vinculados con el campo.

Es claro que los obstáculos a la implementación del acuerdo no comenzaron en la presidencia de Duque, pues los enemigos de la paz no solamente se agrupan bajo las banderas del Centro Democrático. Han sido las élites del país las que desde el siglo XIX han recurrido a las armas para mantenerse en el poder y para zanjar sus diferencias.

Además, ya en el siglo XX, la respuesta recurrente de la burguesía y los terratenientes a los conflictos sociales que desató o agudizó la modernización fue la violencia. Los sectores populares organizados que reclamaban derechos fueron objeto continuo de la represión, lo que condujo al país a la bárbara confrontación armada.

Fueron siempre los sectores populares, a los que les impuso la guerra, quienes buscaron una solución política a la confrontación. Mientras que la extrema derecha desde la década del 40 desató la guerra y la barbarie, el desplazamiento violento para apoderarse de las tierras del campesinado. Cuando la reacción del campesinado liberal y comunista los superaba se sentó en la mesa de negociación y aprovechó los acuerdos políticos para asesinar más fácilmente a sus adversarios.

Es por estas experiencias lesivas para el movimiento popular que la FARC solo concretaron un Acuerdo de Paz con garantías internacionales en el que el Estado se comprometió a resolver problemas estructurales como el de la tierra, la protección de la vida de los excombatientes y sus derechos a la acción política y a su participación en el Senado y en la Cámara de Representantes, la JEP, y la Comisión de la Verdad. Como se ve, el Acuerdo de 2016 constituye un hito histórico.

Desde 2012 la conciencia y la necesidad de la paz se fue imponiendo como un deber ineludible. Esta conciencia condujo a amplios sectores de la sociedad colombiana a movilizarse en favor de la paz, como también se movilizaron cuando con engaños los partidarios de la guerra lograron una pequeña ventaja en el plebiscito. Ante los vientos de guerra que soplaron tras la derrota del “Sí”, la avalancha de los jóvenes en las calles demostró que la mayoría del pueblo anhela la paz.

La paz debe defenderse desde abajo, en la movilización y en las campañas políticas, por esta razón el año 2022 será fundamental. Por tanto, debemos poner el máximo empeño en derrotar las fuerzas políticas que necesitan la guerra para hacer prevalecer sus intereses mezquinos. Con esta derrota se abre la posibilidad de una transformación realmente democrática. He ahí la tarea prioritaria del Pacto Histórico.