Editorial del Semanario VOZ
El pasado lunes primero de julio comenzó la once Ronda de la Mesa de La Habana, dedicada al segundo tema de la agenda: la Participación Política, de vital importancia en la perspectiva de la paz, pues se refiere al fortalecimiento de la democracia en un país en donde la precariedad pluralista, la violencia desde el poder y el ventajismo bipartidista, le han cerrado el paso a fuerzas alternativas y de izquierda, algunas de ellas borradas del mapa a sangre y fuego como ocurrió con la Unión Patriótica.
Para los voceros gubernamentales y algunos analistas de la “gran prensa”, es el tema más importante, de superarlo estarían dadas las condiciones para la paz, según su opinión. Lo mismo dijeron en su momento cuando comenzó el debate sobre la “Política de Desarrollo Agrario Integral”, tema trascendental que está en la génesis misma del conflicto, hace seis décadas.
Aunque también, así como ahora dicen que si las FARC insisten en sus propuestas de lo que el Gobierno considera innegociable, se podría terminar el proceso, en el punto anterior lo aseguraron una y otra vez. Es la amenaza latente de patear la mesa, forma de presionar a la insurgencia, que hace daño a la mesa, porque debilita el carácter del diálogo y le niega el derecho a una de las partes a hacer sus propias propuestas.
Para el Gobierno y los analistas de la “gran prensa” el punto de la participación política se reduce a las garantías para que las FARC hagan política sin armas, al tiempo que menosprecian las medidas para fortalecer la democracia, los mecanismos de participación ciudadana y las condiciones de igualdad de todos ante la ley en materia política y electoral. El argumento es peregrino: “Esas situaciones no son las que han determinado la existencia de la guerrilla”.
Como si en el origen mismo del conflicto no estuvieran la desigualdad social (no sólo en el campo) y el vacío de la democracia, en Colombia casi inexistente. Como también es anacrónico decir que es necesario renunciar a la combinación de las formas de lucha cuando, precisamente, se está buscando la paz estable y duradera. Son argumentos diletantes y anacrónicos.
El Gobierno Nacional y la oligarquía tienen que superar el síndrome de la victoria. Creen que están sentados con una guerrilla derrotada. Pretenden humillar a las FARC en la mesa, como también al ELN con la actitud de indiferencia ante su demanda de diálogo ya. Así no se construye la paz. Es el retorno a la misma posición de siempre, definitiva para el fracaso de los diálogos de paz en el pasado, de ausencia total de voluntad de cambio. Quieren la paz gratis, sin cambios de fondo en la vida nacional.
La delegación de paz de las FARC-EP, entregó al comienzo de la pasada ronda, 10 propuestas, que tienen el mérito de interpretar las conclusiones del Foro de Participación Política, en abril del presente año, de conformidad con la relatoría de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional. No son propuestas traídas de los cabellos, son parte del interés del país y el gobierno no puede ignorarlas. ¿Qué sentido tiene convocar un foro amplio y democrático si la parte oficial no acepta las recomendaciones y propuestas que de él emanan?
Las FARC hacen aportes para fortalecer la participación ciudadana, vital en una democracia, y el origen democrático en la designación de los organismos de control. La reelección del procurador Alejandro Ordóñez fue una grosería además de vergüenza para el país. Un hombre de rancias ideas, contrario al espíritu democrático y moderno del Estado, recibe la votación casi unánime, con la excepción de los parlamentarios del Polo, porque compró los votos en la aberrante feria de puestos y repartija burocrática.
El problema del Procurador no es su ideología desueta, sino el abierto enfrentamiento contra leyes emanadas del Congreso y decisiones de la Corte Constitucional, que establecen derechos para las mujeres y la comunidad LGBTI. Es su postura antidemocrática, en contravía de la sociedad a la que dice representar. Así las cosas, es apenas normal que se proponga que el fiscal, el contralor, el defensor del pueblo y el procurador sean elegidos por el pueblo.
¿Por qué tanto temor a la democracia en las alturas del poder? ¿Por qué el pánico a la Asamblea Nacional Constituyente que refrendaría el Acuerdo de Paz y decidiría sobre los temas no resueltos en la mesa de diálogo? Si el Gobierno se embarcó en este proceso para una paz exprés y sin cambios democráticos y sociales, cometió un grave error. Aún es tiempo de enmendarlo, promoviendo la discusión sobre las 10 propuestas de la guerrilla y haciendo las propias si es que las tiene.
Porque ese es su problema, que no tiene iniciativas, su posición es contestataria, es la práctica del llamado noísmo que consiste en rechazar todo lo que provenga de la contraparte. Por esta razón es que existe el conflicto. Siempre se le han negado los derechos al contradictor del régimen y, peor aun, se le aniquila o extermina como es la constante histórica.
