La consulta anticorrupción, resultó ser un fenómeno político que tomó por sorpresa a más de uno. A pesar de no haber pasado el umbral de participación, sus cerca de 11’600.000 votantes, mostraron nuevamente que estamos ante un nuevo momento político de la participación ciudadana. La consulta fue un mecanismo eficaz para expresar el hartazgo de la población con la corrupción y una demostración de que se ha empezado a romper con la naturalización de este comportamiento en la vida política del país. El papel de la exsenadora Claudia López y demás integrantes de los Comités Promotores de la consulta, reitera que el camino de la convergencia es el acertado.
Esta consulta no contó con incentivos estatales para la participación, ni con el impulso de las maquinarias de los barones electorales, ni con la pedagogía que la ley obliga a los gobiernos territoriales, ni con presupuesto para su divulgación, y por el contrario debió enfrentar la oposición abierta y solapada del uribismo como la de los partidos tradicionales, e inclusive enfrentar las acciones de la Registraduría que rozan en la ilegalidad, como la de publicar en medio de la votación supuestos boletines sobre la participación de votantes, incentivando el desánimo entre la ciudadanía. También es bueno señalar que existió una actitud pesimista y derrotista de alguna parte de los sectores alternativos, que no creyeron en el potencial político de la consulta.
Mientras el gobierno intenta esquivar el golpe, atribuyéndose la iniciativa anticorrupción con sus recortados proyectos de ley, debemos acompañar las iniciativas legislativas que producto de la consulta, lleve al Congreso la bancada alternativa.
Desde el Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz con sus 6 millones 400 mil votos por el Sí, la votación por las listas alternativas al Congreso que hoy tienen en el parlamento una bancada de más de 20 senadores, sumado a las votaciones presidenciales tanto en primera como en la segunda vuelta por candidatos distintos a los partidos tradicionales, hasta la reciente votación de la consulta anticorrupción, se puede observar un comportamiento positivo de participación, que no se le puede adjudicar a una fuerza política en especial, ni a liderazgos particulares, y que va rompiendo lentamente, en un proceso a veces exasperante, las cadenas que la guerra le impuso a la ciudadanía para poder expresar su descontento en las urnas.
Pero los resultados, no pueden leerse linealmente. Cuando se observa el comportamiento regional, no es posible deducir una conducta similar con todos los eventos electorales anteriores. La baja votación del Caribe y una participación por encima del umbral en el eje cafetero, constituyen particularidades que no podemos atribuir a un solo fenómeno, por ejemplo. Si bien hay un espíritu democrático y de avanzada que se expresa claramente en todos los ejercicios electorales recientes, no todos obedecen a la misma motivación. Estamos ante un proceso de acumulación de fuerzas políticas, que no es plano y que tiene altibajos.
Lo cierto es que el espacio para propuesta políticas alternativas, que recojan las preocupaciones y aspiraciones populares, es cada vez más amplio. Pero estos resultados no pueden conducirnos a un ensalzamiento de los egos, ni de liderazgos aislados o lecturas triunfalistas. Es absolutamente necesario construir una política unitaria, de convergencia, no solo en la arena electoral de 2019 sino, en lo inmediato, en el impulso y organización de la movilización social.
Las propuestas gubernamentales de ampliación de la base tributaria hacia los de menor ingreso, desgravación a los grandes capitales, ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar y reforma pensional, sumado a la acción criminal del paramilitarismo contra los liderazgos populares, entre otras razones han generado muy prontamente una reacción de descontento contra el actual gobierno y una creciente radicalización de sectores medios de la sociedad. Debemos ser capaces de traducir el descontento popular en movilización social unitaria y coordinada.
En lo inmediato debemos esforzarnos por articular las iniciativas del movimiento sindical, indígena, agrario, de Derechos Humanos y otros sectores e ir trabajando hacia acciones populares de cada vez mayor incidencia y fortaleza política.
La movilización social articulada con la acción parlamentaria allanará el camino a una participación exitosa en las elecciones territoriales del 2019, siempre y cuando la conducta política que guie a los sectores alternativos sea la de la convergencia y la unidad.
