Las fórmulas de empresarios y Gobierno son las mismas que desde hace décadas no han provocado mejoras salariales ni empleo para millones de trabajadores
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Por estos días, el intercambio de visiones, análisis y propuestas para los puntos porcentuales a reajustar en el Salario Mínimo Legal Vigente, SMLV, para 2022 es pan de cada día.
Desde el Establecimiento, el primero en mostrar sus cartas fue el Gobierno nacional, cuando el pasado domingo el presidente Iván Duque planteó: “Nuestra meta es que podamos llegar, podamos cerrar un acuerdo para los trabajadores de Colombia que nos permita cumplir ese sueño –que también fue una promesa de nuestra campaña– de llegar al millón de pesos, sin el auxilio de transporte (…) Eso equivale a un aumento del 10,07% y esto significaría que es el aumento del salario mínimo en términos reales más alto en 40 años”.
Pero al siguiente día, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera explicó que los puntos porcentuales dichos por el jefe de Estado es el techo de la negociación, a lo que el candidato presidencial Gustavo Petro respondió que de ser así la propuesta presidencial era demagógica y que “Mientras la productividad creció a 2,5 % anual, el salario mínimo creció a 1,4% real anual entre el 2010 y el 2019. Mientras la productividad de los trabajadores de Colombia creció entre el 2009 y el 2019 25% real, sus salario mínimo real creció 13% para el mismo periodo. Eso significa una mayor explotación y una mayor desigualdad social. Hay que establecer un pacto entre trabajadores y empresarios donde el salario real crezca igual que la productividad. Si al 2021 la diferencia real acumulada entre salario mínimo real y productividad es de 13 puntos, más la inflación, el salario mínimo debería subir 18.5% 2022”.
Coincidencias y diferencias
El mismo 13 de diciembre, el Comando Nacional de Paro, en el que están las centrales obreras y dos confederaciones nacionales de pensionados, dijo que el mínimo para 2022 debe ser de “$1.125.000 que incluye un salario de $1.000.000 y auxilio de transporte de $125.000, adicionalmente el control de los precios de los bienes regulados e indexados y el cumplimiento del acuerdo del año 2013 en la mesa de concertación con los pensionados”.
A primera vista las propuestas son similares, no obstante, los trabajadores dicen que, “se requiere un control de los precios de los bienes regulados por el Estado que en ninguna circunstancia supere la inflación promedio, puesto que en múltiples ocasiones en los años anteriores el gobierno decretó un aumento del salario mínimo pero inmediatamente después decretó un incremento de los combustibles, servicios públicos y peajes, muy por encima de la inflación y con eso se llevó a detalle el aumento salarial”.
En el Foro público por el salario mínimo 2022, en el que participaron académicos, centrales obreras, gremios económicos y representantes del Gobierno nacional, el 13 de diciembre, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó que la propuesta de Duque era llamativa, “pero hay que verla porque el Gobierno es experto en el arte del engaño y los alimentos han crecido 15%, los bienes regulados como servicios públicos, transporte y combustibles bordean el 10%. Los hogares que devengan el mínimo se gastan el 50% de sus salario en alimentos y en bienes regulados, por lo que la propuesta del Gobierno es insuficiente y el Comando Nacional Unitario, todas las centrales obreras y dos de pensionados, proponen que las pensiones se incrementen en igual porcentaje que el salario; que el Gobierno cumpla con los acuerdos de la Comisión de Concertación y es que a partir del primero de enero de 2022 el pago de salud de los pensionados sea solamente de 4%, como se acordó hace ocho años. El Gobierno no puede incrementar el precio de los bienes regulados más allá del promedio de la inflación, porque si hoy se acordara el 10% en el incremento del salario y luego se incrementa el 10 en los vienes regulados, pues los trabajadores no ganan nada”.
La doctrina
Es sabido que con el actual Gobierno el reajuste salarial, ya sea negociado o decretado, debe llevar la aprobación del empresariado y es desde ahí desde donde surgieron las voces en contra de un 10,7%. Uno de ellos fue Luis Fernando Mejía, directo de Fedesarrollo, quien en un medio de comunicación manifestó: “Un aumento del salario mínimo muy por encima del 7,5% pondrá en riesgo la recuperación del empleo formal, especialmente en aquellos sectores económicos que aún no han retornado a sus niveles prepandemia, como el de la construcción, y en aquellos municipios de ingresos bajos y medios, especialmente los rurales, en donde la incidencia de la informalidad laboral supera ampliamente la ya excesiva tasa del 63% en el total nacional”.
En el foro, representantes del Establecimiento recitaron y presentaron cifras para tratar de justificar su dogma e intentar hacer creer que un alto incremento salarial no permitirá aumentar empleo y se incrementará la inflación. Así lo argumentó Anwar Rodríguez, jefe de investigaciones de Anif, al decir que no era el momento de poner en peligro la recuperación en el empleo y que aumentar el salario como se propone podría tener implicaciones sobre el empleo.
Diego Guevara, docente de la Universidad Nacional, respondió que el trabajo no es como cualquier otra mercancía y que no es cierto que entre menos cueste el salario más trabajadores son contratados por los empresarios, que el mercado laboral no solo se ajusta vía precios: “Año tras año se repite esa mentira, ese dogma de los gremios sin importar si hay crisis o boom de la economía, hay que desmitificarlos”.
En el mismo sentido se pronunció Miguel Ángel Rodríguez, de Cedetrabajo, expresó que la recuperación económica se ha dado por el sudor de los trabajadores, la evolución de las horas trabajadas y del personal ocupado pues trabajan dos horas más que en 2019 cuando el país y el empleo ya venían mal, por lo que mayor ingreso para los trabajadores redundará en una mejor recuperación económica.
Para evidenciar la necesidad de hacer un mejor reajuste salarial, el analista y docente universitario Beethoven Herrera, manifestó que los colombianos han reducido sus ingresos, pero la DIAN aumentó el recaudo de impuestos. Además, que Colombia “nunca había vivido un trapo en la ventana simbolizando hambre, la gente salió a la calle por hambre. 2,4 millones de hogares tienen menos de tres comidas diarias; 180 mil un plato de comida y 23 mil hogares ni un plato diario”.
Por otra parte, en el foro el presidente de la CUT expuso que el Gobierno se ufana de un crecimiento económico, pero que se da sin empleo, sin trabajo decente, sino con cuentapropismo. “Además, se debe a las remesas de cinco millones de colombianos que trabajan el exterior, que en 2021 van a llegar a cerca de ocho mil millones de dólares, y al endeudamiento”.
Maltés criticó a los analistas económicos que no superan las teorías de Milton Friedman, que no ven los cambios en el mundo. Puso como ejemplo políticas de Joe Biden como el aumento del salario al doble en algunas partes: “En Alemania, la nueva coalición de gobierno plantea que la hora pase de 9,50 a 12 euros; en España el salario mínimo pasará de 800 a mil euros, el 25%; y en México hubo acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno para pasar el salario mínimo en 22% cuando la inflación está bordeando el 7% y en tres años de Gobierno de López Obrador, el mínimo se ha incrementado en 66% y no se ha oído que eso haya producido desempleo”.
Al cierre de esta edición de VOZ, el presidente de la CUT informó que se logró un acuerdo para un salario mínimo de un millón de pesos para el año 2022 y un auxilio de transporte de $117.172. También que se buscarán mecanismos para que las mesadas de las pensiones aumenten en igual proporción al mínimo y que habrá una comisión de seguimiento a los precios de los bienes regulados como el transporte, los servicios públicos y la gasolina para que no suban más que la inflación.
