La juventud en la mira del Establecimiento

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Incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, Valle del Cauca, el pasado 25 de mayo

Los arrestos con testigos y pruebas falsas son la modalidad del Establecimiento para acabar con la protesta social. Los casos de Daniel Navarrete y Santiago Ramírez, acusados de causar el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá el 25 de mayo, evidencian la estrategia de estigmatizar y judicializar a la juventud

Anllel Ramírez
@RamirezAnllel

Ser joven no es garantía de nada. Al igual que ser abogado, periodista o defensor de los derechos humanos cuando se está, de alguna manera, acompañando o apoyando la protesta social. A las y los jóvenes se les acusa de “secuestradores”, “vándalos” y “guerrilleros”. Y a quienes cumplen algunas de las funciones mencionadas con anterioridad, de “cómplices” y “coautores”. Eso sí, a todos por igual, se les acusa de “ser de izquierda”, como si tal cosa fuera un delito y motivo de señalamiento.

En ese sentido, cualquier acción que se enmarque en la participación en el paro nacional, es sinónimo de “terrorismo”. Una vez tachan a alguien como terrorista, la Policía, por orden del Gobierno nacional, actúa y legitima todo lo que pueda sucederle en adelante a cualquier persona.

Ese es el caso de Daniel Navarrete y Santiago Ramírez, acusados de ser partícipes del incendio ocurrido en el Palacio de Justicia de Tuluá el pasado 25 de mayo del 2021. Aún cuando la fiscalía no tenía los elementos materiales probatorios para legalizar sus capturas, ambos fueron detenidos, ambos fueron trasladados a Popayán y a ambos les negó la posibilidad de hablar con sus familiares y su abogado de manera presencial.

En diálogo con VOZ, el abogado penalista Juan Carlos Herrera, quien lleva los dos casos, cuenta qué sucedió y cuáles son las estrategias que están usando para llevar a cabo lo que comúnmente se ha denominado “la cacería de brujas”.

¿Qué sucedió?, ¿Por qué la captura de estos dos jóvenes?

-En Tuluá todo estuvo bien hasta que llegó el Esmad la madrugada del 24 de mayo por petición de unos empresarios del municipio, amigos seguramente de los altos mandos. Llevábamos 26 días de paro nacional sin mayores problemas. Salían entre tres y cuatro marchas por semana, se hacían diversas actividades y se continuaba al día siguiente. Eran pocos los lugares con algún tipo de bloqueo permanente porque siempre los mismos muchachos decían que en las noches podían salir los sicarios y matarlos sin que nadie se diera cuenta.

Sin embargo, cuando el Esmad hizo presencia, todo se dañó. Llegó directamente a atacar a quienes estaban en los puntos de resistencia, los desalojaron, les quemaron todas sus pertenencias, les golpearon y arrestaron a 30 de ellos. Gracias a la presión social y el trabajo realizado por las personas de derechos humanos, fueron liberados al día siguiente. Pero en horas de la tarde, de ese mismo día, volvieron los enfrentamientos.

La noche del 24

¿Y qué sucedió en esos nuevos enfrentamientos?

-Todo se salió de control. Dicen que quienes estaban ahí, eran los mismos muchachos que habían sido detenidos, golpeados y arrestados el 24 y liberados en la mañana del 25. Pero lo que sucedió fue raro porque, aunque sí hubo enfrentamientos, no eran muchos los jóvenes reunidos en ese momento, y le aseguro que ninguno de ellos fue partícipe del hecho que se les acusa: la quema del Palacio de Justicia, un edificio emblemático de aquí en Tuluá.

Yo estaba cerca del lugar y en el momento del incendio, todo estaba tranquilo. Es más, el incendio no inició por el primer piso, sino por el segundo y los bomberos, que están a 100 metros o menos del lugar, nunca llegaron. Los jóvenes eran una evidente minoría, mientras que entre Policía y Esmad eran al menos 100, con sus motos, con sus armas, con los gases y con todo lo que utilizan. Se habían acabado los enfrentamientos, pero ellos seguían ahí.

Juan Carlos Herrera

¿Cómo fueron las capturas?

-Esa noche hubo 25 capturas. De esas, tres fueron por vandalismo a unos almacenes de motos y a unos bancos. Y otras seis, que fueron las más extrañas, se dieron en distintos momentos y en distintas partes de la ciudad. A estos últimos los trasladaron a Popayán, entre ellos están los dos jóvenes que yo defiendo: Daniel Navarrete y a Santiago Ramírez.

Cuando arrestan a Daniel Navarrete, un joven mecánico, lo hacen porque se tapó la cara con su camiseta al sentir los gases lacrimógenos. Eso fue a las 5:30 p.m., a él le imputan terrorismo, daño en bien ajeno y otros delitos de esa índole. Y a Santiago Ramírez, lo capturan por la avenida Gaitán, cerca a un parque que le llaman “el parque de la teta”, cuando iba hacia su casa, sobre las 7:30 p.m., a momentos de iniciar el incendio. El incendio se dio a las 7:40 p.m. aproximadamente. Cuando a Santiago lo suben al carro, hay una joven indígena en él, Leidy Johana Luna Chasoy. A ella la cogió una policía y le cortó el cabello mientras la amenazaban de muerte.

¿A ellos les hicieron algo?

-A ellos los montan y comienzan a amenazarlos y a torturarlos física y psicológicamente. Les dicen que los van a matar y que no van a salir de ahí.

Búsqueda selectiva en base de datos

¿Por qué razones cogieron a esos seis jóvenes particularmente?

-Porque eran los únicos que no tenían golpes en la cara, todos ellos fueron capturados por la periferia de donde fue la conflagración. Nos negaron la posibilidad de entrevistarnos con ellos y las audiencias las hicieron en Buga, cuando llegó el Ministro de Defensa y el Fiscal, como para mostrar resultados.

Nunca hubo material probatorio. A uno de ellos, por ejemplo, dicen que lo cogieron porque tenía una botella con gasolina y ni está la botella, ni está la gasolina. No hay ni una foto, ni un registro, ni una sola prueba. Ni siquiera el dictamen de un perito. Es más, si mal no estoy, él es un joven con un problema psiquiátrico, y esto es como el tema de los falsos positivos, las estrategias no cambian, a la gente que veían, solo por ser joven, la subían al carro.

Habla de estrategias, ¿cuántas más cree que hay?

-La semana pasada, por ejemplo, hizo una audiencia el fiscal de los casos y pidió la “búsqueda selectiva en base de datos” con el argumento más mediocre que yo haya conocido en la vida, y el juez se lo legalizó, haciéndole el trabajo al fiscal. Búsqueda selectiva en base de datos con números de teléfonos que los muchachos dieron en el momento de la captura y que ni siquiera definieron si eran de ellos o no. Y adicionalmente, esa búsqueda selectiva la justifican con un audio que circuló en redes sociales, al que ni siquiera le tienen identificado el origen o la voz. Para mí todo eso son estrategias para desviar la investigación.

Persecución judicial

Viendo todo lo que está sucediendo, ¿cuál cree que es el panorama en adelante?

-Los muchachos están siendo víctimas de montajes, son chivos expiatorios que utilizan como elemento único y exclusivo para señalar la protesta social y persuadir, por la fuerza, a las personas con el fin de que no salgan a marchar. Siento que viene otro genocidio como el que vivió la Unión Patriótica, ojalá no sea así. Esa violación de derechos evidente y flagrante no tiene sentido en un proceso penal si no es con pruebas inventadas y testigos falsos. Da vergüenza que la Fiscalía y la Policía hagan semejante barbaridad. Es lo más parecido a las dictaduras de los años setenta en Latinoamérica.

Y esto es especialmente con la anuencia de los jueces, los jóvenes están siendo maltratados con la complicidad de quienes deberían velar por la justicia. Eso que hacen es peor que lo que hacen los policías. Porque ellos conocen la ley, conocen las garantías. La fuerza pública y represiva está, por decirlo de alguna manera, entrenada para eso, aunque nada de lo que hagan tenga justificación. Pero sí llamo la atención especialmente en los jueces y fiscales, gente con formación académica, llamados a garantizar el debido proceso, están siendo cómplices de los vejámenes que está viviendo la juventud en este momento, solo por luchar por una vida digna.