Rubiel Vargas
Siempre que se busca lograr una transición de la guerra a la paz, del autoritarismo a la democracia, se piensa en la violación masiva de los derechos humanos por las partes en el conflicto armado interno o de los representantes de un estado autoritario. En este sentido las transiciones están diseñadas para poner fin a un conflicto, y buscar mecanismos jurídicos de “perdón y olvido” como forma de poder llegar a la paz.
La búsqueda moderna de la justicia durante periodos de cambios políticos, se inicia en el periodo de posguerra de la segunda mitad del siglo XX donde se analiza la evolución de la concepción de justicia transicional. Aunque los orígenes de la justicia transicional moderna se remontan a la primera guerra mundial. En el periodo de ambas guerras, el objetivo central era delinear la guerra injusta y desarrollar los parámetros de castigo justificable por parte de la comunidad internacional.
El dilema se ubicaba de qué forma se castigaba y qué forma debería tomar la justicia: nacional o internacional, colectiva o individual, establecer procedimientos internacionales sobre los límites que existían sobre la soberanía nacional. Los juicios nacionales del periodo post Primera Guerra Mundial no sirvieron para evitar el horror de las muertes ocurridas en la Segunda Guerra Mundial.
La justicia transicional de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, emerge con una justicia que se traslada de lo nacional a lo internacional, se buscó la responsabilidad criminal del liderazgo del Reich a nivel internacional. La experiencia de la Justicia Penal Internacional se inaugura entre 1945-6, con los tribunales de Nuremberg y Tokio, con extensión de la responsabilidad aplicada más allá del Estado, es decir, el individuo. Los tribunales vuelven a ser propuestos en 1993 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por iniciativa de Estados Unidos, se crea el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, en 1994, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha, Tanzania. En 1998 los representantes de ciento veinte Estados aprueban en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. La corte es titular de una jurisdicción universal y permanente, y se aplican también con el ordenamiento penal interno.
Procesos de transición
La ola liberalizadora que comenzó en el cono sur de Sudamérica y Centroamérica a finales de los años 70 y comienzos de los 80 desarrolla conflictos internos por transformaciones políticas, económicos y sociales. En estos conflictos estuvo la mano de Estados Unidos, generando gobiernos autoritarios. Con las nuevas democracias que emergieron después de las juntas militares, no era seguro que se siguiera al estilo Núremberg el enjuiciamiento de los líderes de los atropellos que cometieron contra la población.
Los gobiernos democráticos latinoamericanos se enfrentaron con sus fuerzas armadas nacionales para mirar que tipo de justicia aplicar. Esto puso a reflexionar sobre qué tipo de Estado se debería tener para guiar los juicios nacionales en una sociedad en transición.
Estos gobiernos se alejaron de las dinámicas de justicia transicional de la posguerra para buscar alternativas, acompañado de un tipo de derecho con características híbridas, relaciones más estrechas entre el derecho y la sociedad, buscando modelos restaurativos, para construir una historia alternativa a los abusos del pasado con no repetición. Esto generó una dicotomía entre verdad y justicia. Ya no hay enjuiciamientos, sino comisiones de la verdad.
Comisiones de la verdad
Estas comisiones son creadas con el objetivo de investigar, documentar, brindar perspectivas históricas más amplias, brindar un diálogo entre las víctimas y los victimarios y divulgar públicamente los abusos a los derechos humanos en los periodos de tiempos de conflicto. Este nuevo mecanismo fue implementado por Argentina y posteriormente en Sudáfrica post-Apartheid en los años 90. Desde este momento se han propuesto comisiones de verdad y reconciliación de diversos tipos en todo el mundo.
Las comisiones de verdad en algunas regiones tienen objetivos más estratégicos como conseguir la paz con justicia social, ampliación y profundización de la democracia, diferenciándose de la justicia criminal. La dicotomía entre verdad y justicia reveló la existencia del conflicto entre justicia, historia y memoria, entre perdón y reconciliación, este discurso fue traído por terceras herramientas del conocimiento como la ética, la medicina y la política para redefinir la identidad. Hay un tránsito entre la autoridad legal y política a una autoridad moral en la sociedad civil nacional, entre tribunales constitucionales y las instituciones fuera del dominio del derecho y la política que incorporaron una amplia gama de alternativas de resolución de conflictos.
Justicia transicional en Colombia
La verdad, la justicia y la reparación se miran como una forma de la justicia transicional, incorporada por experiencias históricas y de Estado en conflicto que han logrado salir de ellas. Comisiones de verdad se han convertido en un símbolo de la justicia transicional, en la recuperación de la memoria histórica sobre los hechos violentos del pasado, conocer no solamente los actores materiales, sino los actores intelectuales que se encuentran en manos de grandes multinacionales, políticos, militares, empresarios y como la política de Estado. Es una de las formas para lograr algún día justicia para las víctimas.
Las injusticias del pasado no se pueden comprender únicamente desde la perspectiva de los tres componentes anteriores. Es necesario reflexionar sobre las causas que conllevaron al conflicto, que logre transcender el enfoque reduccionista militar de la contienda entre los movimientos insurgentes y las fuerzas militares del Estado colombiano.
Las causas del conflicto pasan por tomar medidas para reformar las instituciones, donde todos los sectores sociales y populares estén de acuerdo con un nuevo Estado, que permita avanzar en diseños e implementación de contenidos que expresen los anhelos de paz del pueblo colombiano. Es otra forma de justicia transicional.
